El partido Más Madrid solicitó hace unos días una reunión de urgencia a la mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid –el órgano de gobierno de la Cámara cuando no hay sesiones– para que se fije un pleno extraordinario a colación del escándalo publicado por elDiario.es sobre los centros educativos construidos a dedo, sin contrato, sin concurso y con fraccionamiento de facturas. La formación pretende que el actual consejero de Educación del Gobierno de Ayuso, Emilio Viciana, comparezca “para rendir cuentas por este escándalo”, como han comunicado fuentes del partido.
La iniciativa tiene un difícil recorrido, ya que para que se lleve a cabo este monográfico se necesitan los votos a favor del PP, que tiene mayoría absoluta, algo que se prevé muy improbable. Este viernes se reúne la Junta de Portavoces de los diferentes grupos que integran la Asamblea y se tomará o no en consideración la propuesta, tras publicar elDiario.es que al menos siete centros educativos (seis de Secundaria y FP y uno de formación de profesores) se construyeron o reformaron fuera de la ley. No se sacaron a concurso, sino que se ficcionó que eran obras menores, que no pasan controles económicos. En lugar de licitar las obras, que eran de gran envergadura y por tanto deben de ser adjudicadas por una mesa de contratación y pasar controles, se sobrepasaron todas las garantías y se fraccionaron los importes en facturas más pequeñas pese a que respondían a la misma obra. Se adjudicaron sin competencia y a dedo.
Con este método se levantó un centro de FP sanitario en Ciudad Escolar del que la propia Consejería ha dado traslado a la Fiscalía por indicios de delito, una obra presupuestada en 2,5 millones de euros que se dividió ilegalmente en facturas de menos de 40.000 euros más IVA para que no fuera detectada por ningún radar. Igualmente se construyó la Escuela de Arte Alcalá, de 1,2 millones de euros, y se renovaron otros cinco centros educativos, como el IES Príncipe Felipe, que costó más de 200.000 euros. Los tipos delictivos relativos a estos comportamientos en caso de que la denuncia siguiera adelante son relativos a la corrupción. Concretamente, a la prevaricación, según expertos en derecho administrativo consultados.
Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid ha señalado que “estamos ante un posible nuevo caso de corrupción del PP que requiere explicaciones inmediatas. El consejero Viciana debe comparecer y dar explicaciones de inmediato”, algo que se sabrá este viernes tras la reunión de la Junta de Portavoces.
El escándalo, acreditado por este medio en todas las Direcciones de Área Territorial (DAT) de Madrid, a excepción de la zona Norte, se produjo durante los años 2021 y 2022 como mínimo –de esos años son los casos que han podido ser comprobados–. En ese momento, la Consejería de Educación estaba dirigida por Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea de Madrid que debe decidir si se hace el pleno extraordinario, y Rocío Albert, actual consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. El departamento de Infraestructuras tenía conocimiento de una de las obras ilegales y el director de la zona Este, Jorge De la Peña, estaba al tanto de primera mano de la Escuela de Arte de Alcalá. Sin embargo, la Consejería ha cesado de momento a un subdirector de FP y ha abierto expediente a dos directores, pese a que la envergadura y el ámbito geográfico de la operación llevaría a pensar que pudiera haber más responsabilidades y más arriba (el subdirector de FP nada tiene que ver, por ejemplo, con una obra en un centro de formación de profesores, que pertenece a otra dirección general).
La opacidad de la Consejería de Educación y del Gobierno de Ayuso es total y se ha dado la orden a los centros de no contestar preguntas. Tampoco se responde ninguna pregunta de elDiario.es al respecto. Además, el Portal de Transparencia –cuyo Consejo ha sido recientemente reformado para que dependa más del Gobierno– limita sistemáticamente el acceso a información económica o contratos solicitados por este medio.
El Portal de Contratación de Madrid, donde deberían estar colgados todos los contratos de la administración regional, tiene también sorprendentes vacíos en el caso de todos estos centros, de los que no es posible encontrar licitaciones (porque no las hubo), pero tampoco se encuentran colgados e identificados los contratos menores con los que se hicieron los centros y sus renovaciones, pese a que elDiario.es ha podido constatar de manera visual, con personal de los propios centros y con dos empresas constructoras (de diferentes dueños y que operaban del mismo modo obedeciendo órdenes de la Consejería) que se hicieron las obras en estos siete centros.
El secretismo que rodea el caso, que podría ser la punta del iceberg de una práctica sistémica según fuentes conocedoras del escándalo y según investiga la Fiscalía, se ha trasladado también a la Asamblea de Madrid. El PSOE ha hecho varias preguntas a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones que han sido rechazadas. El medio centenar de preguntas e iniciativas al respecto que Más Madrid ha registrado –también en la Comisión de Educación– han sido también sistemáticamente rechazadas y bloqueadas.
