El Gobierno después de algunos meses de experimentar cierta comodidad con las dinámicas macro principales (la fiscal, la cambiaria, la monetaria y la inflacionaria), desde hace dos semanas revela con sus actos que esa sensación resultó, previsiblemente, prematura.
La apuesta de que la aprobación de la Ley Bases y la Ley de Medidas Paliativas, el cumplimiento del acuerdo con el FMI, el Pacto de Mayo y las renovaciones ministeriales serían suficientes para traer tranquilidad a los mercados y darle un nuevo impulso a las expectativas, no funcionó. No es que no se trate de logros o hitos importantes para que el cambio de régimen económico sea posible, pero lo que estaba detrás de la incertidumbre y de las dudas del mercado no eran sólo el déficit de gestión o de gobernabilidad. La desconfianza tenía (y aún tiene) un origen macro. Y la macro se resuelve con macro (de la buena).
Vale una salvedad importante: el superávit fiscal y la baja de la inflación no son triviales, pero lo que está puesto en dudas es cuán consistentes y sustentables en el tiempo resultan. Al Gobierno parece no importarle lo que sucede o pueda suceder con la actividad económica. Como si la recesión no afectara las perspectivas de alcanzar el equilibrio financiero, que es la piedra angular de todo el programa. Tengamos en cuenta que la caída de la recaudación será sólo parcialmente compensada por el paquete fiscal, por lo que el ajuste del gasto necesario para mantener el ancla fiscal en lo que resta del año será aún más exigente. Por ahora, la determinación del Presidente en mantener el equilibrio no está puesta en dudas, pero si la recesión se extendiera en el tiempo no sería de extrañar que esa determinación sea puesta a prueba.
Inflación en baja y leyes aprobadas, ¿alcanzará?
Además, tengamos presente que antes de los anuncios de la semana pasada, el Gobierno descansaba en la hipótesis de que el cepo no interfería en la recuperación. Pero el ministro Luis Caputo reconoció que la etapa del crecimiento tendrá que esperar hasta la fase III (que identificó como la del levantamiento del cepo y otros controles). Lo cual también deja implícitamente de lado otra de las hipótesis con la que parecían operar las autoridades: que una desinflación rápida era suficiente para una recuperación también rápida de la actividad económica.
Y acá entramos en el punto más inquietante de los últimos anuncios. Lo que no quiere reconocer aún el Gobierno es que la corrección de precios relativos, empezando por el del dólar (y siguiendo por las tarifas y otros precios regulados), sigue pendiente. Y que esa corrección es un paso previo imprescindible para poder desinflar de manera consistente y duradera. El objetivo de bajar la brecha tiene en la mira las posibles repercusiones inflacionarias de la disparada del dólar libre de las semanas previas. El Gobierno apunta a bajarlo incrementando la oferta en dicho mercado, lo cual puede ayudar a descomprimir algunas presiones en el corto plazo, pero no aborda la razón principal de la incertidumbre: el nivel del tipo de cambio oficial y la persistencia de su apreciación real.
Las medidas monetarias de las últimas dos semanas intentan cerrar todas las vías de expansión de los pasivos del BCRA. La hipótesis es que sin convalidación monetaria no puede haber inflación y que eso debería quebrar las expectativas y la inercia inflacionaria. Es más, el Gobierno apunta a que ante la escasez de pesos (porque no se emite más) las correcciones de precios pendientes se hagan mediante caídas de precios nominales o sea mediante deflación (un término que viene formando parte del vocabulario presidencial desde hace varios meses). Pero eso supone mercados sin rigideces nominales, que ajustan por precio más rápido que por cantidades. La situación retrotrae a los tiempos de la convertibilidad, cuando se discutía qué tan fuerte tendría que ser la recesión para que la economía ajustara por precios a la baja (incluyendo el salario) sin mediar una devaluación (o sea sin abandonar el 1 a 1). Es conocido que eso no sucedió, que la recesión y la desocupación por más intensas y duraderas que fueron no se tradujeron en baja de precios nominales y que la corrección cambiaria eventualmente resultó inexorable.
Es cierto que la economía argentina a la que apunta el cambio de régimen que propone Javier Milei será una economía con mercados, incluyendo el laboral, desregulados y más flexibles. Pero esa Argentina deseable, donde podrían desaparecer las rigideces nominales, aun no existe. Y no es factible que exista tan pronto como para que la deflación se ocupe de la corrección de precios relativos pendiente y necesaria. Hacer política económica implica cuantificar y elegir qué riesgos correr y qué riesgos no correr. El Gobierno no quiere correr el riesgo de que una corrección cambiaria alimente un nuevo round de alta inflación, aun cuando dicha postergación puede implicar mayor recesión y un peor perfil de solvencia fiscal (por caída de la recaudación y menor generación y acumulación de divisas).
La fatal arrogancia de Milei y Caputo
Permitir dicha corrección cambiaria, desmantelando el cepo y dejando que el tipo de cambio encuentre su nivel es mucho menos engorroso que toda la alquimia monetaria actual y una vía mucho más directa para corregir la apreciación real del peso que la de apostar a la deflación. Además, los riesgos inflacionarios (el traspaso de una depreciación a precios) son hoy mucho menores a los del pasado, gracias a un superávit fiscal inédito y a la reducción del exceso monetario que tuvo lugar desde que asumieron las actuales autoridades.
En síntesis, el Gobierno ha confirmado su voluntad de mantener el peso apreciado y el cepo sin cambios (por más tiempo de lo que el mercado y algunos economistas consideramos oportuno). La denominada Fase II del programa, que se coló en el medio de las dos fases originariamente previstas, no hace más que alargar el tiempo de espera de la normalización cambiaria. Además, los logros institucionales no sirvieron para revitalizar las expectativas. Ahora el foco estará puesto en la actividad del nuevo ministro Federico Sturzenegger. Pero si bien las reformas son vitales para el éxito del programa de estabilización, la macro es la que manda. Y todas las reformas estructurales e institucionales no podrán cambiar eso.
