Las reivindicaciones del cuerpo de conservadores, técnicos, archiveros y bibliotecarios, que están entre los funcionarios peor pagados de toda la Administración , han llegado al Congreso de los Diputados. El Partido Popular, principal partido de la oposición, ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para que el Ministerio de Cultura explique el porqué de esta situación y qué medidas piensa desarrollar para frenar «la fuga de talento y precarización de sus trabajadores». En sus iniciativas, a las que el Gobierno tendrá que responder por escrito en un plazo aproximado de un mes, el PP recuerda lo que adelantó este diario: que el cuerpo facultativo (A1), que se corresponde con los niveles más altos de responsabilidad y conocimientos especializados, es el segundo peor pagado de toda la Administración; y que los ayudantes de archivos, bibliotecas y museos (A2) son los quintos peor pagados. «A las precarias condiciones retributivas se unen las difíciles vías de carrera profesional, lo cual implica mayores tasas de rotación y peticiones de comisiones de servicios para obtener destinos mejor remunerados en otros ministerios del Estado». ¿Cómo justifica el departamento que dirige Ernest Urtasun las diferencias retributivas de los cuerpos A1 y A2 con el resto de cuerpos de su misma categoría en la Administración General del Estado?, cuestiona el PP en la primera de la decena de preguntas registradas en la Cámara Baja. «¿Se plantea el gobierno desarrollar acciones que permitan igualar los complementos específicos y de productividad que disfruta el personal del resto de ministerios respecto al personal del Ministerio de Cultura?». Hay que recordar que sindicatos como UGT o CSIF han explicado que Cultura conoce esta situación desde hace años y la única solución que han ofrecido hasta la fecha, siempre como una declaración de intenciones, es luchar por mejorar el complemento de productividad, y no el específico, que es donde se produce el perjuicio salarial para los profesionales de este ministerio. Los populares quieren también que el Gobierno cifre cuál ha sido la reducción media del personal en el Ministerio de Cultura en los últimos cuatro años y cuántas plazas están en estos momentos sin cubrir de manera efectiva por cualquier tipo de causa. Igualmente, el PP pide información sobre el porcentaje de trabajadores que han dejado su puesto para marcharse a otro en los museos de América, Sefardí, Artes Decorativas y también en la Subdirección General de Museos Estatales. Según datos recogidos por trabajadores, los porcentajes de bajas oscilan entre el 24 y el 32 por ciento. «¿Ha atendido el Ministerio de Cultura las demandas del cuerpo facultativo de conservadores y de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos? En caso contrario, ¿se plantea el Ministerio de Cultura reunirse con estos cuerpos para atender sus demandas?», siguen preguntando el PP. «¿Qué medidas plantea desarrollar el Ministerio de Cultura para frenar la fuga de talento y precarización de sus trabajadores, con especial incidencia en los profesionales de museos? ¿Qué calendario plantea el Ministerio de Cultura para llevar a cabo tales medidas, en su caso?». Y, por último: «¿Qué medidas plantea desarrollar en los procesos de selección y retención del talento el Ministerio de Cultura, considerando que en la última convocatoria del cuerpo facultativo de conservadores de museos alrededor de la mitad de las plazas quedaron desiertas?» Un grupo de funcionarios, hartos de esta situación, han constituido una asociación para tratar de mejorar su situación, pero de momento lo que se han encontrado son evasivas y bromas de mal gusto . La primera semana de junio, en el seno de un curso de formación, la nueva hornada de trabajadores que debe incorporarse al ministerio escuchó de boca de un alto funcionario referirse a ellos como «mano de obra barata». El ministerio no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre cómo prevé atender a estas reclamaciones. El secretario de Estado, Jordi Martí, afirmó en aquellas charlas que estaban trabajando con Función Pública para mejorar esas condiciones y que hay un grupo de trabajo, aunque admitió que para hacer cambios estructurales hace falta «una paz política que no tenemos».
