El Tercer Juzgado Penal Colegiado escucha los alegatos de defensa de los abogados defensores de los 40 acusados. Defensores niegan la acusación fiscal, dicen que no hay forma de probar delito y pide que se absuelva a los acusados.
Ante los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, los abogados defensores de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama y José Chlimper admitieron que se habrían producido aportes simulados, indebidos, irregulares o no contabilizados en las campañas electorales del 2011 y 2016.
Sin embargo, enfatizaron que esas acciones no constituye un acto ilícito ni delito de lavado de activos tal como aseguró el fiscal José Domingo Pérez, en su alegato de acusación. La defensa de los 40 acusados en el juicio del caso cócteles iniciaron este lunes, 15 de julio los alegatos de defensa, ante los jueces Juana Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias.
Los abogados defensores coincidieron en criticar la existencia de 23 versiones distintas de la acusación escrita, en afirmar que el fiscal Pérez introdujo nuevos argumentos en su intervención oral, que no hay claridad en los hechos que se atribuye a cada acusado y que es imposible probar el origen ilícito de los aportes del 2011 y 2016.
La primera en intervenir fue Giulliana Loza, a cargo de la defensa de Keiko Fujimori. "La justicia no es política, ni la política es justicia. Aunque la señora Keiko Fujimori es una figura política este caso no trata de la política. Este es un caso penal, aquí no hay un caso penal. Keiko Fujimori no ha cometido delito alguno", afirmó Loza al inicia su alegato.
Subrayó que los más de 1900 testigos y cinco pruebas documentales que ha presentados la fiscalía no probaran el delito de lavado de activos, porque no existe tal delito. "Dejemos de lado la política, aquí no se juzga a Alberto Fujimori, sino a su hija por ser líder de un partido político. La verdad es clara, no se puede probar lo que no existe", enfatizó la abogada.
Anotó que el financiamiento ilegal de partidos políticos no estaba regulado el 2011 ni el 2016. "No vendrá ningún ejecutivo de Odebrecht a declarar no solo porque la justicia brasileña lo ha prohibido, sino porque ninguno de ellos admite el lavado de activos y el origen ilícito del dinero", indicó.
Enfatizó que, aunque el dinero fuera ilícito, no se puede probar que Keiko Fujimori lo supiera y que los peritos de la fiscalía han establecido que la líder de Fuerza Popular no tiene un desbalance presupuestal, lo que prueba, dijo, que el dinero de los aportes no pasó a su patrimonio.
Luego, el abogado Humberto Abanto, a nombre de Jaime Yoshiyama, indicó que un proceso penal emula a una investigación científica y que este caso es como el experimento de los físicos Albert Michelson y Edwar Morley que ha pesar de seguir todo los pasos para establecer la existencia del éter, concluyeron que ese supuesto medio para la difusión de la luz no existe.
Anotó que en noviembre de 2018, Jaime Yoshiyama declaró a la prensa que pactó aportes con Juan Rassmuss y Dionisio Romero y que diseñó un esquema de simulación de aportes para mantener el anonimato de los aportantes, lo cual solo es delito si genera un perjuicio económico que no ha sucedido en este caso.
"Vendrá el señor Dionisio Romero y él dirá si bajó 17 veces a la bóveda del banco para sacar dinero. Le preguntaremos si ha sido investigado, procesado o acusado de fraude en la administración del Grupo Credicorp. Le preguntaremos si el señor Romero le robó al grupo Romero para darle el dinero al señor Yoshiyama para que lo lave en la campaña de la señora Fujimori", subrayó.
Además, Abanto indicó que se archivó la investigación a Luis Calle Quirós por narcotráfico y su nombre ha sido retirado de la lista de ley Kingpin del gobierno de Estados Unidos por lo que no hay un aporte de fondos del tráfico ilícito de drogas. "El señor Yoshiyama les pide la absolución para resarcirlo de los 15 meses de prisión preventiva que cumplió en un establecimiento penitenciario sin que haya existido un motivo valedero", concluyó.
El abogado Gonzalo del Río, a cargo de la defensa de José Chlimper, empezó su alegato diciendo que mil toneladas de pruebas de un hecho atípico terminaran siendo mil toneladas de un hecho atípico, es decir, un acto que no encaja en la descripción de un tipo legal de delito.
Indicó que Chlimper el año 2011 no formaba parte de Fuerza Popular, ni era candidato, ni tenían ninguna participación, solo era el vocero económico del partido ante los medios de comunicación. "A Chlimper se le atribuye trasladar dinero para pagar una deuda a dos corporaciones radiales. Los falsos aportes buscaban violar la ley electoral, recibir aportes por encima de la ley, pero él nunca participó en el modelo con el que se pretendía justificar el origen del dinero que ingresó al partido", recordó.
El abogado del jurista y catedrático Arsenio Oré Guardia, abogado Percy Cavero inició su alegato recordando al Colegiado que en la primer audiencia prometió pedir al fiscal que sea precisó al imputar los hechos que atribuye a cada uno de los acusados. "El Ministerio Público ha presentado nuevos elementos en la acusación oral, se ha apartado de la imputación del 19 de agosto de 2022. Ahora tenemos 23 acusaciones o 23 relatos de la acusación", aseveró.
Añadió que en el control de acusación la fiscalía retiró los cargos de inducción a declarar a los testigos de Nueva Cajamarca para declarar falsamente ante la fiscalía, pero el fiscal lo ha vuelto a introducir en la acusación.
También critico que el fiscal señala que hubieron amenazas a los testigos, cuando en la acusación se habla de inducir a los testigos a declarar falsamente. "La acusación no solo es imprecisa, sino que va cambiando según cada momento", enfatizó.
A nombre de Fuerza Popular, el abogado Christian Salas afirmó que el fiscal no ha establecido la forma, modo y circunstancias en que la presunta organización criminal instrumentalizó al partido político para cometer los supuestos actos de lavado de activos y obstrucción a la justicia.
"El juicio depende de hechos no presunciones. Ni Marcelo Odebrecht ni Jorge Barata son colaboradores en el caso Cócteles. Ninguno de ellos dirá que hubo dinero sucio para la campaña de Fuerza Popular", afirmó.
Agregó que los empresarios nacionales, la CONFIEP, Juan Rassmus, Dionisio Romero, el grupo Rodríguez son aportantes que en su momento optaron por la confidencialidad de los aportes que hicieron, lo cual no es delictivo. Por la existencia de esta confidencialidad, dijo, aparecieron los falsos aportantes.
Salas indicó que en el contexto de la acusación fiscal, la persona Fuerza Popular se pregunta qué soy: ¿soy el diablo o soy poseído por el diablo'. Son dos cosas distintas, que hasta hoy el fiscal no ha precisado en la acusación.
El abogado anunció que presentaran, como prueba nueva, la declaración de Jaime Villanueva, quien va a explicar que este caso fue generado indebidamente. Luego de la audiencia, en declaraciones a la prensa, el fiscal José Domingo Pérez señaló que esta de acuerdo con la declaración de Villanueva.
Al concluir los alegatos del primer grupo de abogados, la presidenta del Juzgado Penal Nacional, Juana Caballero García anunció que la audiencia de este martes, 16 de julio se realizará en la sede judicial ubicada en la cuadra ocho del jirón Contumazá.
Caballero García justificó el cambio de sede del juicio por la bulla que realizan en los exteriores diversas personas que siguen el juicio, lo que crea interferencia en el trabajo de otros juzgados y de las oficinas de la Corte Suprema de Justicia.
