Yolanda Díaz, líder descabalgada de Sumar, vuelve a la carga contra la propiedad privada. En este caso, lo hace abogando por una reforma fiscal de calado dirigida a incrementar agresivamente ciertos impuestos que atacan el corazón patrimonial de las clases medias: por ejemplo, la exención del IVA sobre el consumo de sanidad y educación privada o el gravamen del 1% en el Impuesto sobre Sociedades para los fondos de inversión o los fondos de pensiones. Justamente querría reflexionar sobre esto último.
En la actualidad, las instituciones de inversión colectiva (IIC), paradigmáticamente los fondos de inversión, tributan sobre sus beneficios al 1% en lugar de al 25% al que lo hacen el resto de compañías. ¿Y por qué gozan de este aparente «privilegio»? Pues para evitar la doble tributación de la que sería víctima un ahorrador que invirtiera a través de ellas. Comparemos los siguientes dos casos. Imaginemos un inversor que adquiere directamente acciones y que, al cabo del tiempo, realiza unas plusvalías de 400.000 euros: ese inversor pagaría por IRPF un tipo medio de (aproximadamente) el 25%, de manera que 100.000 euros se los embolsaría el Fisco y 300.000 serían retenidos por el propio ahorrador. Ahora imaginemos que ese inversor obtiene tales plusvalías a través de un fondo de inversión: en tal caso, cuando las ganancias sean realizadas por el fondo, si se impone un Impuesto sobre Sociedades del 25%, el fondo deberá abonar 100.000 euros en impuestos, de modo que al inversor-partícipe sólo le restarían 300.000 euros; pero, posteriormente, cuando ese partícipe realice su propia posición en el fondo, deberá pagar (aproximadamente) el 25% sobre los 300.000 euros restantes, dando como resultado una carga tributaria (cuasi) duplicada sobre sus hombros de 175.000 euros. Es decir, que el inversor que invirtiera directamente en bolsa y ganara 400.000 euros pagaría 100.000 euros en impuestos y el que obtuviera esa misma ganancia a través de un fondo de inversión pagaría 175.000 euros. Por eso es una auténtica barbaridad lo que plantea Yolanda Díaz: porque supondría destruir la industria de los fondos de inversión, impidiendo con ello que el ahorrador acceda a un canal de inversión bursátil diversificado y con una gestión o automatiza o profesionalizada.
