El estatus legal del circuito de velocidad del Jarama ha vuelto a quedar en entredicho por una sentencia judicial. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid ha negado validez a la componenda que articuló el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en 2022 para legalizar el recinto. Gobernaban entonces en coalición PSOE y Ciudadanos, en una época en la que se volvía a plantear que la Fórmula 1 regresase al trazado ubicado en este municipio del norte de Madrid para desagrado de los vecinos de los alrededores, que llevaban años protestando por los ruidos que genera la actividad. Tras apostar el Gobierno regional del PP de Isabel Díaz Ayuso por la alternativa de un circuito semiurbano en el entorno de Ifema, el Jarama puede verse abocado ahora al cierre.
Inaugurado en 1967 por Franco y el entonces príncipe Juan Carlos, el circuito del Jarama nunca ha tenido licencia de actividad, para la que requeriría un informe de impacto ambiental inexistente. Ubicado en un área que empezaba a urbanizarse cuando se construyó, los vecinos de la zona llevan años quejándose por los ruidos que generan las carreras. En el Jarama se siguen celebrando algunos eventos de automovilismo, citas de empresa y actividades de ocio para particulares, aunque ya no se albergan las competiciones más importantes.
Los rumores de que a la presidenta regional le agradaba la idea de que la Fórmula 1 volviese a Madrid empezaron a hacerse más fuertes en 2022. En esa tesitura, la junta de Gobierno municipal aprobó en pleno verano un acuerdo en el que consideraba otorgada la licencia por silencio administrativo. Un grupo de vecinos recurrió el acuerdo, como también hizo el partido Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes, el único en cuestionar abiertamente la maniobra. La sentencia por el primero de estos recursos es palmaria. “El mero transcurso del tiempo en el ejercicio de una actividad sin licencia no legitima dicha actividad, ni siquiera la tolerancia de la Administración, como reiteradamente establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, indica la resolución, que recalca que la actividad del circuito figura dentro de las clasificadas y, como tal, exige un informe de evaluación ambiental previo a la concesión de licencia, que en este caso nunca se realizó.
La sentencia, que señala como corresponsables al Ayuntamiento y al Real Automóvil Club de España (RACE), propietaria de la pista, bloquea las aspiraciones de albergar grandes premios que pudiese haber entre sus promotores y amenaza su actividad actual. “La consecuencia jurídica de la falta de licencia no puede ser otra que la clausura de la actividad”, recoge la resolución, que todavía no es firme. Un portavoz de RACE señala que la recurrirán, aunque todavía no han presentado el escrito. El Ayuntamiento, por su parte, no ha confirmado si hará lo propio. “Se está estudiando la sentencia”, indica una portavoz municipal, que recuerda que el acuerdo anulado se aprobó en la pasada legislatura. El PP relevó en 2023 al gobierno de PSOE y Ciudadanos. La sentencia también condena en costas al Ayuntamiento y el club de automovilismo.
Izquierda Independiente espera ahora una sentencia sobre su propio recurso en términos similares a la ya emitida. “Estaba claro que esto era un trapicheo entre el concejal de Urbanismo [Miguel Ángel Martín Perdiguero, de Ciudadanos] y el alcalde [Narciso Romero, del PSOE]”, afirma el concejal de la formación izquierdista Juan Torres, que indica que no buscan que el circuito cierre definitivamente, pero sí que se reforme para limitar los ruidos y se tramite una licencia por los cauces correctos. “Decían que iban a transformarlo para [carreras] de coches eléctricos”, recuerda, como posible alternativa. Cree, en todo caso, que la sentencia no ofrece mucho margen para los recurrentes. “Sería prolongar la agonía”, opina.
