La lluvia de recursos y la manga ancha en el gasto con las que el Gobierno pretendía aplacar la rebelión de las comunidades del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acabaron ayer opacadas por la dinámica catalana. Las negociaciones para la investidura de Salvador Illa han entrado de lleno en la cuestión de la financiación, un asunto muy sensible –tras más de una década con el sistema caducado– que ha despertado los recelos del resto de autonomías ante la eventualidad de un trato diferencial a Cataluña. Desde el Gobierno se abrieron hace semanas a satisfacer la «singularidad» catalana como contrapartida a un apoyo de ERC que desbloquease la gobernabilidad. Sin embargo, las partes difieren en el aterrizaje de esta cuestión, que está centrando las conversaciones entre el PSC y los republicanos. Mientras que los independentistas piden un sistema de concierto, similar al del País Vasco y Navarra, desde la parte socialista se limitan a explorar las posibilidades del «consorcio tributario» recogido en el Estatut.
Después de dos años de incomparecencia, la consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Natàlia Mas, volvió ayer al foro multilateral de la CPFF para exponer su propuesta de financiación singular, confirmando que esto forma parte de las negociaciones con el PSC. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó durante la reunión, según fuentes presentes en la misma, que haya pactos bilaterales desde el Gobierno para dar un trato singular en materia de financiación a Cataluña y se mostró contraria a la propuesta expuesta por Mas.
Al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se prolongó durante más de cuatro horas, diversos consejeros autonómicos, tanto del PP como del PSOE, explicaron los pormenores del encuentro y verbalizaron su inquietud ante la eventualidad de que la negociación se esté llevando a cabo desde el PSC y no desde el Gobierno central, algo que denunciaron. Desde Hacienda se precisó tanto dentro como fuera de la sala que el sistema del «cupo» no es una propuesta en la que esté dispuesto a avanzar el Gobierno.
La consejera Mas proclamó que «Cataluña necesita hacer este paso hacia adelante» de soberanía fiscal, que, según aseguró, funcionaría igual que el modelo que rige actualmente en el País Vasco y Navarra, con la recaudación del cien por cien de los impuestos y una cuota hacia el Estado. Desde el Gobierno limitan las negociaciones con ERC a los márgenes de la Constitución y el Estatut y, en este sentido, señalan que lo que está sobre la mesa es la posibilidad de crear un consorcio tributario entre el Estado y la Generalitat, al que se le encargaría la tarea de recaudar el cien por cien de los impuestos en Cataluña. «El Gobierno confía en Salvador Illa y yo confío en que el fruto de su negociación será razonable. Esto empieza y termina en Cataluña», aseguró Montero. Además, el Gobierno también avanzará, en paralelo con una reunión este mismo mes de julio, en la condonación a Cataluña de 15.000 millones de euros en deuda con el Estado. El Gobierno ya confirmó que la quita de deuda se articularía por ley y que podrían acogerse todas las comunidades que lo decidieran voluntariamente, no solo Cataluña, una negociación que Montero prevé que sea más fácil que la del modelo de financiación autonómica.
Varios consejeros autonómicos del PP, como los de Murcia, Madrid o Comunidad Valenciana, denunciaron que el Gobierno no profundizara ayer en la reforma del sistema de financiación autonómica pese a que este punto sí que estaba dentro del orden del día de la reunión. Estas autonomías se quejan de que el Gobierno no negocie con ellas y sí lo haga con los separatistas. Por su parte, la vicepresidenta Montero ofreció al PP negociar con «discreción» la reforma del sistema de financiación. «No va a haber grandes diferencias en lo que plantee el PP y el PSOE, ya se lo adelanto», aseguró, insistiendo en que prefiere una negociación con el PP, antes que negociar con las autonomías en el seno del CPFF, porque ya se ha intentando desde que gobierna Pedro Sánchez «y no ha habido posibilidad de acuerdo».
En la inconstitucionalidad del «cupo» catalán que proponen desde ERC también coinciden los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). En un comunicado, aseguran que esta «financiación singular» que propugnan se traduciría en una Agencia Tributaria de Cataluña que asuma las funciones de liquidación, recaudación y comprobación de las obligaciones tributarias de los impuestos que actualmente gestiona la Agencia Tributaria estatal, así como la aportación de un «cupo» catalán por la parte del gasto estatal en Cataluña y una cuota de solidaridad entre regiones con un fondo de reequilibrio territorial a negociar. Esto se traduciría en que Cataluña pasaría de recaudar cerca de 4.900 millones de euros en impuestos cedidos y propios a recaudar alrededor de 52.000 millones. Una cifra «muy relevante» que hace prever que aumentaría la evasión en Cataluña por la falta de experiencia de la agencia catalana en la gestión y control tributario de todos los impuestos.
