La aplicación y asimilación popular de las nuevas instituciones jurídicas establecidas a raíz del Código de las Familias centró la atención de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) reunidos este lunes en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales del Parlamento.
Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, profundizó en los cambios y adecuaciones de su organismo para la correcta implementación del cuerpo legal, el cual significó un incremento sustancial en los asuntos en los que se precisa la participación del fiscal.
Entre estas cuestiones, Peña Ojeda ejemplificó procesos como la delegación de la responsabilidad parental ante notaría o los tribunales, la exclusión del derecho de sucesión, los divorcios y la determinación de pactos relativos a los hijos menores de edad frutos de uniones de hecho afectivas cuando estas se extinguen por mutuo acuerdo de la pareja, entre otros.
La Fiscal General de la República precisó que los miembros de la institución actuaron en 4 862 procesos judiciales civiles y de familia e intervinieron en 5 443 audiencias ante los tribunales, con mayores niveles en las provincias de La Habana, Camagüey, Villa Clara, Matanzas, Santiago de Cuba y Granma.
Señaló que en sentido general se aprecian avances en la calidad de la investigación de los procesos y asuntos. No obstante, se identifican insuficiencias en la contestación de las demandas en las que no se incorporan los resultados de las averiguaciones realizadas.
Por eso se mantiene la preparación constante de los encargados de llevar a la práctica estas disposiciones, con intercambios especializados con los fiscales con mejores resultados y experticia, agregó.
Para Daisy Bárbara López Sao, diputada por el municipio de Holguín, una de las estrategias a seguir es el trabajo particularizado en aquellos municipios donde no se obtuvieron buenos indicadores en las consultas populares y el posterior Referendo.
