El Poder Judicial sentenció, en primera instancia, a Rodolfo Orellana Rengifo y al juez Jesús Maicol Asencios Solís a seis y catorce años de pena privativa de la libertad, respectivamente, por el delito de cohecho activo específico.
La Tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal superior Nelly Castro Olaechea, consiguió la sanción para Orellana por haber sobornado al fiscal Luis Arellano Martínez para obtener beneficios en la investigación que se le seguía por lavado de activos.
De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, Orellana recurrió a Jesús Maicol Asencios Solís, quien se desempeñaba como juez de investigación preparatoria de Huaura, para llegar al fiscal Luis Arellano Martínez.
La intención de Orellana era sobornar al fiscal Arellano Martínez para quedar exento de las pesquisas en su contra. Con la sentencia se corroboró que Rodolfo Orellana pagó un total de US$20,000 para este fin.
Cabe señalar que Orellana acudió al juez Ascencios Solís debido a la amistad que este tenía con el fiscal. Luis Arellano Martínez quedó excluido del proceso judicial debido a su fallecimiento.
Como parte de la sentencia, se determinó que Orellana Rengifo deberá abonar la suma de S/50,000 como reparación civil al Estado, mientras que el juez Asencios Solís tendrá que pagar S/150,000.
Rodolfo Orellana, un nombre que ha resonado en los tribunales y medios de comunicación de Perú, comenzó a ser notorio en la esfera pública a principios de la década de 2000. Orellana, un abogado de formación, construyó un vasto imperio criminal bajo la fachada de actividades legales, involucrándose principalmente en el saneamiento y apropiación ilícita de bienes inmuebles mediante la falsificación de documentos y la corrupción de funcionarios públicos.
La organización de Orellana, conocida como el "Clan Orellana", incluía a su hermana Ludith y a un conjunto amplio de colaboradores, desde abogados hasta exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). Juntos, realizaron operaciones complejas de lavado de activos y fraude desde 2002 hasta 2015. Durante este periodo, lograron amasar aproximadamente 100 millones de dólares.
En 2017, Rodolfo Orellana fue condenado a seis años de prisión y obligado a pagar una reparación civil de 80,000 soles. Esta sentencia se debió a la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), a través de la cual defraudó al Estado emitiendo cartas fianzas sin valor.
Según un reportaje periodístico, la ex ministra de Pedro Castillo, Betsy Chávez, habría dado asesoría legal a Rodolfo Orellana cuando este cumplía condena en el penal de Challapalca en Tacna en el 2016.
Según la información obtenida, la abogada en su cargo como representante de la Asociación por los Derechos de los Reclusos (APODER) envió una carta a la entonces ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, pidiendo que se enviara una comisión al penal de Challapalca.
Al respecto, Betssy Chávez, negó haber defendido a Orellana Rengifo y que explicó que cuando se desempeñaba como abogada en Tacna trabajó con muchos internos recluidos en ese penal.
"Desmiento haber patrocinado al sentenciado Orellana Rengifo. Tal como lo expliqué en su oportunidad, no he defendido penal o judicialmente al referido interno", señaló en un comunicado.
