El Gobierno peruano ha planteado tres iniciativas legales que, en su objetivo de agilizar la emisión de certificaciones para proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos, podrían reducir peligrosamente la valla ambiental, según el grupo CooperAcción.
"En su 34 reporte semestral, el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú ha identificado un paquete de dispositivos legales que se han venido publicando desde 2023 para eliminar las mal llamadas trabas administrativas y maximizar el auge del sector extractivo, renunciando a los avances en materia ambiental que costaron años de lucha en el pasado", declaró el grupo.
Cabe señalar que el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, anunció que el Gobierno presentará una nueva regulación a favor de la industria minera durante el mensaje presidencial de Fiestas Patrias, anuncio realizado durante el XV Congreso Nacional de Minería desarrollado en la ciudad de Trujillo.
"El reciente anuncio del Grupo México para reiniciar los trabajos de la mina Tía María, en Arequipa, desde el 1 de julio de 2024, no es más que el corolario para una larga cadena de atropellos en gestión ambiental promovidos desde el Ejecutivo y, puntualmente, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), para “destrabar” los proyectos del sector y desproteger a la población aledaña, así como a los ecosistemas donde residen", señala CooperAcción.
El primero de estos cambios ya está en marcha. Se trata del Decreto Supremo N° 004-2024-MINAM, que entró en vigencia el pasado 4 de mayo y que modifica el Reglamento de la Ley N° 27446, del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
"Aprobaciones automáticas de permisos ambientales y una participación ciudadana recortada, entre otros aspectos, son los principales factores en juego", denunció a través de una nota de prensa.
También se cocina la Resolución Ministerial Nº 126-2024-MINAM, mediante un proyecto de decreto supremo que busca despojar al Senace -organismo público y especializado, encargado de evaluar los EIA- de la competencia de definir cuáles serían los proyectos de inversión priorizados para utilizar el llamado “esquema de articulación”.
La agenda se completa con la Resolución Ministerial N° 484-2023-MINEM/DM, que cambiará nuevamente el Reglamento de Cierre de Minas (Decreto Supremo N° 033- 2005-EM) para volver a poner en vigencia la posibilidad de presentar los Planes Ambientales Detallados (PAD).
Este último es uno de los cambios más graves. Los PAD son una figura creada en 2019 para adecuar impactos ambientales negativos que no pasan por certificación ambiental. En esa medida, los PAD incorporarían estos impactos identificados que no cuenten con su respectivo EIA.
"Pero esta serie de modificaciones o nuevo paquetazo antiambiental se impone desde 2023, cuando se publicó el Decreto Supremo N° 006-2023-MINAM, que suspende el Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental (PUPCA) y resta predictibilidad en los procesos de certificación asociados a la estandarización para la clasificación de proyectos, plan de participación ciudadana, entre otros", detalló.
