«Queremos una financiación en condiciones de igualdad, solidaridad y multilateralidad, donde todos podamos participar y todos podamos opinar. Que lo que afecta a todas las comunidades lo decidamos entre todos». Era la meta con la que Castilla y León llegaba ayer al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que , alineada con otros trece territorios liderados por el PP, solicitó un cambio en el reglamento para que las cuestiones que se tratan en este foro no «se puedan aprobar simplemente con el voto del gobierno y de una única comunidad autónoma» que le respalde. Sin embargo, este extremo fue rechazado . Y con mal sabor de boca tras la cita, la Junta alerta del «riesgo» de que se esté dando «una negociación con una parte de los partidos políticos separatistas, sin que el gobierno tenga intención de dar participación al conjunto». Así lo aseguró el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo al término de una reunión de la que salió con « preocupación por la falta de información, de voluntad y de diálogo» . El asunto «más relevante» en el orden del día era para Castilla y León la petición de varias comunidades autónomas de «que se hablara sobre la posición del Gobierno en torno a la financiación autonómica », algo que «apenas manifestó» el Ejecutivo central en la cita liderada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según lamentó el popular. «Hace diez años que finalizó el modelo actual y nos ha dado a todos la impresión» de que existe una negociación paralela «fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera» junto a «partidos separatistas» ajena a los demás territorios y que «luego se quiere imponer al resto de las comunidades autónomas». «Quieren debilitar la unidad de España», señaló. Justifica esa «impresión» en que «no se nos ha convocado a ninguna reunión específica para relanzar la financiación autonómica ni para informarnos sobre la posición del gobierno», apostilló Fernández Carriedo , quien ya antes de entrar había insistido en la necesidad de que se produjera un pronunciamiento del Ejecutivo, «que en alguna ocasión ha lanzado el mensaje de que son favorables a una financiación singular para una única comunidad». Bajo esa premisa se habría insistido en la cita en que se asegurara que «no va a haber negociaciones singulares», que «no se avance solo con uno y luego lo que sobre para los demás». Sin embargo, el Gobierno, dijo Carriedo, «daba la callada por respuesta». Con el ánimo de evitar esa futurible «imposición» de un nuevo modelo pactado con los «partidos separatistas» q ue pronosticó Carriedo, las comunidades populares habían tratado de modificar el régimen de votación y que éste restara poder al Gobierno y pasara a una fórmula de asentimiento de los miembros del Consejo o, en su defecto, por el voto favorable de la Administración General del Estado y la mayoría simple de las comunidade s. Habría sido «positivo. Es un tema a reflexionar», añadió Carriedo, quien lamentó que «el Gobierno tiene tantos votos como todos los demás. Lo razonable no es que una única comunidad autónoma» que le apoye en una cuestión «obligue a todos los demás» , sino que «pactemos entre todos, se tenga la opinión de todos y lleguemos a acuerdos sin exclusiones». Más allá de este asunto, en el encuentro se comunicó a las autonomías que recibirán el próximo año 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta -que «se nos remitirá por correo», precisó Carriedo- y que aumenta un 9,5% en un año; así como del margen fiscal, que pasa de una senda vigente que marcaba un superávit del 0.1% a un objetivo de déficit del -0,1% para los próximos tres ejercicios, disponiéndose, así, de dos décimas más.
