Nueva salida de presión por el caso ERE . En esta ocasión se trata del exviceconsejero socialista de Innovación Jesús María Rodríguez Román ha dejado la tarde de este lunes la prisión Sevilla I, después de que la Audiencia Provincial hispalense ordenase su puesta en libertad merced a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de estimar parcialmente su recurso de amparo y anular la condena a seis años de prisión que le impuso dicha instancia por malversación en el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas con cargo a los fondos autonómicos. Así figura en una providencia emitida por la Sección Primera de la Audiencia, como órgano emisor de la sentencia inicial condenatoria, otrora confirmada por el Supremo al desestimar el recurso de casación de Rodríguez Román y ahora anulada por el Constitucional al estimar parcialmente el recurso de amparo de la defensa del exviceconsejero, con la anulación de su pena de prisión por malversación y la orden a la Audiencia de dictar una nueva sentencia respecto a este exalto cargo aplicando los fundamentos incorporados por el TC al asunto. La Sección Primera de la Audiencia, como ha informado el TSJA, dispone que una vez que le ha sido comunicada «por correo ordinario» la decisión del TC, procedía «mandamiento» de libertad con relación a Rodríguez Román, que ha salido de prisión la misma tarde que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, condenado de su lado a siete años, once meses y un día de prisión en aquella sentencia ahora anulada por el TC respecto a estos exdirigentes autonómicos. Previamente, recordémoslo, había sido ya ordenada la libertad para el ex consejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión por la Audiencia de Sevilla por malversación en el «procedimiento específico» de financiación de los ERE, una pena anulada por el TC merced a su recurso de amparo; y la exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo , condenada a su vez a seis años y dos días de prisión; si bien desde comienzos de junio ella gozaba ya del tercer grado penitenciario y había sido asignada al centro de inserción social (CIS) de Sevilla. Pero el primero de los condenados a cárcel por el «procedimiento específico» de financiación de los ERE que cumplían su pena que obtuvo la libertad fue el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar. Del mismo modo que en los casos ya descritos, el Constitucional estimó parcialmente su recurso de amparo, anulando su pena de prisión por malversación, si bien en su caso no pesa orden a la Audiencia de nueva sentencia, sino la mera anulación de la pena.
