Las dictaduras del socialismo del siglo XXI detentan el poder por medio de su sistema de “terrorismo de Estado que es la perpetración institucionalizada de delitos desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población y así lograr conductas de sometimiento”. Es la expansión del método delictivo de la dictadura de Cuba […]
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Las dictaduras del socialismo del siglo XXI detentan el poder por medio de su sistema de “terrorismo de Estado que es la perpetración institucionalizada de delitos desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población y así lograr conductas de sometimiento”. Es la expansión del método delictivo de la dictadura de Cuba con raíces en la dictadura soviética, aplicados en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Los delitos flagrantes que integran el “terrorismo de Estado” son permanentes y de conocimiento público global desde las manifestaciones de 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba y se están repitiendo en el proceso de las elecciones del 28 de julio en Venezuela.
Terrorismo es “la dominación por el terror”, la “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror” y la “actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. Cuando estos se realizan desde un gobierno o por funcionarios de un régimen que detenta el poder, estamos frente al “terrorismo de Estado”.
En el terrorismo de Estado la actividad delictiva sistemática de represión, hostigamiento, persecución, amenazas, represalias, extorsiones, diferentes formas de violencia y uso indebido de la fuerza que se comete a través y/o por los gobernantes con el objeto de dominar a la población con el temor, el miedo, para evitar cualquier acto de resistencia a la opresión e incluso lograr colaboración activa.
Las protestas iniciadas el 11 de julio de 2021 en Cuba “fueron un grito desesperado por el cambio en el país”. Miles de personas salieron a manifestarse espontáneamente en decenas de ciudades con los gritos de “libertad”, “abajo el comunismo”, “no tenemos miedo”, “el hambre mató el miedo”, haciendo de la canción “Patria y Vida” un himno de libertad en lugar del “patria o muerte” de la dictadura. Las protestas fueron pacíficas pero la respuesta fue el terrorismo de Estado por mandato del dictador Miguel Díaz-Canel: “La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”.
Desde entonces las protestas no han cesado y el mundo es testigo de la represión para silenciar a las personas por medio de detenciones arbitrarias, interrupción del servicio de Internet, violaciones del debido proceso, malos tratos, torturas, desapariciones forzadas, juicios manipulados con condenas infames, además de la “intimidación y vigilancia constantes usando agentes de seguridad” como lo documentó Amnistía Internacional.
El 24 de junio de 2024 el “Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas” (WGAD), adoptando casos de la denuncia de Prisoners Defenders, ha condenado la detenciones del 11-J por la dictadura cubana señalando: “1.-Privación de libertad sin tutela judicial; 2.-Inexistencia de abogados independientes; 3.- Dependencia de fiscales y jueces del poder político; 4.-Peritos y testigos del Estado como única fuente de acusación; 5.-Criminalización del ejercicio de derechos fundamentales; 6.-Delitos insuficientes, todos manipulables; 7.-Tribunales militares usados contra civiles con sentencias condenatorias en cuestión de horas”. Todos estos hechos son delitos graves que integran el “terrorismo de Estado” .
Al cumplirse tres años del inicio de las protestas del 11 de julio de 2021, Prisoners Defenders ha certificado que la dictadura de Cuba tomó 1.728 presos políticos de los cuales 1.117 están en prisión política. Son igualmente críticos los casos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia que se sufren la aplicación de la misma metodología delictiva. Las dictaduras de estos países se sostienen con base en el miedo, con 287 presos políticos en Venezuela al 8 de julio de 2024 certificados por el Foro Penal Venezolano, en Nicaragua 128 presos políticos según Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, y en Bolivia al 7 de julio de 2024 con 296 presos políticos documentados por Global Human Rights League.
Ahora presenciamos la aplicación del terrorismo de Estado en el proceso de las elecciones de Venezuela señaladas para el 28 de julio. Ante la realidad de que son unas elecciones que el dictador Nicolás Maduro no puede ganar porque tiene más de 80% de repudio popular, el socialismo del siglo XXI ha puesto en marcha un montaje para falsificar y atribuirse el triunfo por medio del “fraude electoral continuo fundado en el terrorismo de Estado”.
Lo de Venezuela ha pasado de ser “elecciones en dictadura a elecciones bajo terrorismo de Estado”. En plena campaña electoral, la dictadura ha apresado a más de 40 líderes de la campaña opositora, clausura hoteles y restaurantes que atienden al candidato Edmundo González o a la líder María Corina Machado y acusan falsamente y apresan a sus simpatizantes, interrumpen rutas, producen agresiones con grupos de choque, amenazan, falsifican encuestas, difunden noticias falsas sobre apoyo al dictador, realizan acciones de asesinato de reputación de los opositores, tienen a 6 líderes de la campaña opositora perseguidos en la Embajada de Argentina en Caracas y siguen.
Publicado en infobae.com
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