En los últimos 14 años se han registrado más de 500 casos de abuso sexual a menores de edad cometidos solo por docentes y auxiliares en las diferentes comunidades de Amazonas. En la actualidad, solo dos fiscales del Ministerio Público de Condorcanqui están investigando 426 casos de agresión sexual sin contar otros delitos, lo que hace más pesada la carga procesal.
Desde el 29 de mayo hasta la fecha, la Fiscalía Provincial ha logrado que se dicte prisión contra ocho sujetos agresores de menores de edad, entre ellos dos docentes.
Así lo confirmó el fiscal provincial de Condorcanqui, Erlin Jaber Medina Molocho. Él explicó a La República que, muy aparte de los más de 500 casos de abuso sexual cometidos solo por maestros, hay 228 denuncias más por el mismo delito que fue llevado a cabo por otras personas
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Lo lamentable de esta situación es que hay 48 contumaces acusados por abuso sexual que se encuentran prófugos de la justicia y las autoridades correspondientes no están haciendo nada para buscarlos y llevarlos ante los tribunales.
¿Pero de quién es la verdadera responsabilidad de que estén abusando sexualmente de nuestras niñas, niños y adolescentes y que los agresores sigan libres? Ante esta situación, solo dos fiscales están encargados de encontrar justicia para las víctimas, lo que pone en evidencia que el Estado peruano es incapaz de impartir justicia.
Pues bien, la Fiscalía Provincial Mixta de Río Santiago no cuenta con ningún representante del Ministerio Público, y solo hay un notificador para investigar estos abusos que aumentan cada día.
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Amanda Longinote Díaz, presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas Emprendedoras Virgen de Fátima de Amazonas y Olivia Bisa, lideresa de la Nación Chapra, solicitaron a las autoridades que se tomen acciones inmediatas para ayudar a las víctimas de violencia sexual y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley.
Cabe resaltar que los agresores, luego de perpetrar los abusos, se fugan a otra comunidad como si nada hubiera pasado. En esa línea, el Gobierno Wampis solicitó al director de la UGEL del distrito de Río Santiago que no se siga otorgando contratos a los maestros con denuncias, porque esto pone en peligro y expone la salud e integridad física de las menores. Sin embargo, aún se les sigue dando trabajo con la excusa de que estos profesionales tienen derechos laborales sin importarles el riesgo que corren los escolares.
Ante este panorama, la congresista Flor Pablo, luego de viajar a Condorcanqui, ha solicitado al Ministerio de la Educación un presupuesto para la contratación de personal en la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL Condorcanqui.
También ha pedido un sistema de información que permita identificar en todas las UGEL la relación de investigados por violencia sexual y así evitar su contrato. Además, asegurar un equipo multidisciplinario y bilingüe para la orientación psicológica y defensa legal de las víctimas y sus familias
