El 54 por ciento de los hogares de Castilla y León que pueden percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) finalmente no lo solicitan, según el análisis que maneja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Se trata de la denominada tasa 'non take up', que en España se mantiene en el 56 por ciento, es decir, dos puntos por encima de la de la Comunidad autónoma. En este sentido, el informe constata el «impacto positivo» que ha generado la puesta en marcha de una prestación como el IMV en materia de protección social en España, pero detecta «márgenes de mejora en el despliegue de su potencial , la gestión de la prestación y la cobertura y alcance de la pobreza sobrevenida», informa Ical. La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en junio fue de 26.957 hogares en la Comunidad, en los que viven 80.803 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 486,48 euros por hogar. Airef achaca la tasa 'non take up' principalmente al desconocimiento de los potenciales perceptores de que cumplen los requisitos para pedir la prestación. Entre otros, para obtenerla se exige que los solicitantes tengan al menos 23 años -o 18 años si tienen menores a cargo y no se es ya beneficiario de otra pensión-; acrediten un año de residencia legal en España; hayan vivido independientemente al menos un año en el caso de familias y tres en el caso de personas solas, y demuestren un año de antigüedad de su unidad de convivencia. De hecho, invita a «reformar el diseño» de la prestación para mejorar su eficacia y propone concretar los objetivos del IMV en términos cuantitativos de pobreza, reforzar las campañas de información y acompañamiento individualizadas y garantizar la continuidad de la publicación de las estadísticas homogéneas y comparables de rentas mínimas para poder seguir evaluando los efectos de estas rentas sobre el IMV. También, cree, es consecuencia de que algunos de estos posibles demandantes ya cobran la Renta Garantizada de Ciudadanía, de carácter autonómico que en Castilla y León tiene ya años de recorrido y que, incluso, aparece recogida en el Estatuto de Autonomía. No obstante, en este caso el porcentaje es pequeño, ya que solo el 1,45 por ciento de ese 54 se encuentra en esa situación.
