La falta de trabajadoras y trabajadores sociales es uno de los déficit del sistema en Canarias, una comunidad que presenta de las más altas tasas de pobreza y exclusión social del país (el 36% de la población está en riesgo de sufrirlo) o uno de los mayores atrasos en implantación de la ley de dependencia. Según el último informe de la asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales, en las Islas hay solo un profesional de este ámbito por cada 5.645 habitantes, una cifra bastante superior a la de la media nacional, que es de uno por cada 1.764 habitantes. “La carencia es generalizada en todos los servicios, pero sobre todo la sobrecarga la están soportando las compañeras de los ayuntamientos, que son servicios básicos”, resume la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, Dolores Fabelo.
Canarias obtuvo en el índice DEC (que mide el desarrollo y evolución de los servicios sociales) una puntuación de 5,33, y aunque es positivo el avance en varias cuestiones, aún tiene un sistema deficitario entre otros aspectos por la falta de trabajadores sociales. Esa carencia se produce especialmente en las estructuras básicas y en la atención a la dependencia, que pese a la mejora de datos de los últimos años, aún debe acortar sus plazos de espera, mejorar las prestaciones y desarrollar servicios como la teleasistencia o aumentar las plazas residenciales, apuntaba el informe.
La presidenta del colegio de Las Palmas entiende que ese déficit de trabajadores sociales equivale a una “falta de médicos”, ya que en los servicios sociales de base faltan profesionales que hacen que una persona “pueda paliar esa situación de necesidad por la que acuda a los servicios sociales en un primer momento”. “En Canarias falta una visión integral de los servicios sociales y una visión de los servicios sociales como un derecho de la ciudadanía, de todos”, incide Fabelo. “Hay que entender que en los servicios sociales podemos recabar todos en algún momento, ya sea para un acompañamiento en un proceso de duelo o para tramitar un derecho subjetivo como es el de la dependencia o una discapacidad”, indica.
En este punto, su homóloga en el Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Maitane Cabrera, remarca que aunque la comunidad autónoma está “haciendo un esfuerzo”, la situación es “preocupante” si se tiene en cuenta el informe de la Red Europea de Lucha contra la pobreza (EAPN Canarias), el “serio problema” con la dependencia o para impulsar la Renta Canaria de Ciudadanía. Cabrera sostiene que hace falta una mayor dotación económica que permita contratar a más profesionales mejorando los servicios prestados e implementando nuevos servicios donde sea necesario. Recuerda que las leyes como la de dependencia han venido para quedarse e incide en que “los derechos consolidados no son temporales, por lo que necesitan tener una previsión de personal”.
Por ello, Cabrera apunta que contratar a personal por obra y servicio, como sigue imperando, debería producirse solo para temas puntuales, pero no de cara a aquellos derechos consolidados para los que siempre se va a requerir profesionales. “Hay un porcentaje muy elevado, no de ahora, sino que viene arrastrándose desde hace muchos años de contratos programas”, remarca. “Nosotros apostamos por un modelo permanente de esa plantilla de trabajadores sociales y evitar contextos de planificación de recursos humanos temporales”, apunta.
“La construcción del sistema de Servicios Sociales hay que consolidarlo con financiación permanente en los Presupuestos Generales del Estado y autonómicos, insulares y locales”, recalca Maitane Cabrera, que recuerda que en materia de dependencia se siguen superando los plazos que marca la ley.
La presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas enumera las causas del problema. “Es un círculo vicioso; primero por la fragmentación del territorio; segundo, porque estamos siendo la puerta de entrada de población migrante y esa cobertura está careciendo de intervención social y de acompañamiento social, porque los profesionales no podemos llegar a todo el mundo y eso también facilita que esas personas que tenemos posibilidad de integrar en el entorno, de trabajar con ellos, no se pueda llevar a término o no de la forma más adecuada”, resalta Dolores Fabelo.
Por otro lado, a su juicio, las diferencias que pueden encontrarse según el municipio o la isla dependen de “la voluntad política” y explica que hay municipios de entornos rurales con una buena cobertura de profesionales y municipios de zonas más urbanas donde no.
La presidenta del Colegio de Santa Cruz de Tenerife expone que hay municipios que han invertido en la parte social en los que hay “una unificación de criterios en las plantillas y en las contrataciones de profesionales de manera estable” y afirma que en islas no capitalinas como La Gomera, El Hierro o La Palma pese a que existe ese déficit en el número de trabajadores sociales, se ha “tejido una red de corresponsabilidad, de autoayuda para poder afrontar los problemas sociales a diario de la ciudadanía de una manera coordinada”. Recuerda que en esas islas muchas veces el problema que se da son las distancias, la dispersión en los núcleos poblacionales y el déficit de infraestructuras asegura que marca el trabajo de los profesionales que tienen que acudir a hacer informes o valoraciones a domicilio, por ejemplo. No obstante, incide en la importancia de tejer esa red.
Las presidentas de ambos colegios de trabajo social esperan que la Ley de Servicio Social estatal, que está pendiente de aprobación, establezca un marco jurídico y normativo para todos, que no dependa de la voluntad política y que no existan diferencias entre comunidades autónomas. “Es importante que se defina bien la cartera de servicios, de forma que si vivo en Fuerteventura tenga los mismos derechos y las mismas coberturas en servicios sociales que si vivo en Las Palmas de Gran Canaria, Artenara o El Hierro. Una cartera de servicios que quede bien definida y que dé cobertura a toda la población por igual”, subraya Dolores Fabelo.
Por su parte, Maitane Cabrera destaca la necesidad de que se reconozca la vocación del trabajador o trabajadora social, donde “cada uno de nuestros profesionales atiende cada día a la ciudadanía con especial cariño y atención e intentando solucionar a veces con medios escasos, limitados y con financiaciones que no llegan”, pese a lo que insiste en que es una profesión de vocación y apoyo y sensibilizada.
