El Banco de España está a punto de empezar una nueva etapa. El Gobierno negocia con el Partido Popular (PP) los nombres de quienes sustituirán a Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato acabó a principios de junio, y a Margarita Delgado, actualmente gobernadora en funciones pero cuyo cargo de subgobernadora caduca en septiembre. Las quinielas en el mundo de la economía y de los medios de comunicación han bullido durante semanas, pero solo un candidato ha transcendido: el ministro José Luis Escrivá.
Su perfil fue propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha sido rechazado por el PP, que no lo considera independiente. En realidad, la decisión última es del presidente, pero la norma no escrita dice que los dos grandes partidos pactan la cúpula del Banco de España, una institución de más de dos siglos de historia cuyo principal papel —decidir la política monetaria— está en nuestros días supeditada al Eurosistema (al Banco Central Europeo) pero que cumple una misión clave en la supervisión de las entidades financieras y conserva un importante músculo en su brazo de análisis y evaluación de la coyuntura y las políticas económicas.
Hernández de Cos fue el último cargo nombrado por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, en 2018, antes de la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa por primera vez. A Margarita Delgado la seleccionó ya el Ejecutivo del PSOE. Ambos se marchan entre las felicitaciones del universo de la ortodoxia y más allá. Nacional, e internacional.
“Pablo ha sido un colega fantástico. 'Caballero', le llamo yo. Todos lo echaremos de menos, yo la primera. Es un economista y gobernador de banco central muy riguroso y también ha sido un compañero muy leal. Es realmente un hombre magnífico con el que trabajar”, dijo del gobernador saliente la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. Han sido muchas las ocasiones en las que se ha especulado con que el futuro de Hernández de Cos está en el comité ejecutivo de la institución europea. El puesto de España en este órgano clave del BCE lo ocupa ahora Luis de Guindos, como vicepresidente, y se libera en junio de 2026, aunque seguramente nuestro país tendrá que ceder la vicepresidencia en favor de Italia, Alemania...
De momento, el ex gobernador continúa como asesor del Banco de España y como director del Comité Técnico Consultivo (ATC, según las siglas en inglés) de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), un órgano creado en 2010 que se encarga de la supervisión macroprudencial del sistema financiero. Además, este mismo viernes, se supo que será profesor de la escuela de negocios IESE, de la Universidad de Navarra.
Durante los últimos años, el Gobierno de coalición ha sufrido su mandato, sobre todo desde el servicio de análisis. El Banco de España ha reaccionado a todas (o casi todas) las políticas económicas progresistas, con algunos tropiezos sonados como la crítica a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021, o las reticencias al gravamen a los beneficios extraordinarios a los bancos mientras amasaban beneficios históricos y repartían dividendos récord, favorecidos por la propia política monetaria.
En 2021, el Banco de España levantó una fuerte polémica con un informe sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2019. Según los cálculos de la institución, ralentizó la creación de empleo. Esta conclusión reforzó las quejas de las empresas. Contra su análisis, la creación de puestos de trabajo no ha cesado, mes tras mes.
El SMI ha aumentado cerca de un 50% con los gobiernos progresistas, desde 2018. Según los últimos datos, jamás había habido tantas personas afiliadas a la Seguridad Social, casi 21,4 millones. El daño a la creación de empleo ha quedado totalmente descartado. Pero es que, además, otros estudios de organismos nada sospechosos de colaboración con el PSOE o Sumar, como el FMI, han destacado la importancia del SMI para sacar a cientos de miles de familias de la pobreza —aquí se analiza el informe reciente del Fondo Monetario Internacional—. Mientras, se han cumplido otras hipótesis positivas como que fomenta el incremento del tamaño de los empresas, y, por tanto, de la productividad —se explica en esta información—.
El Banco de España nunca vio la medida como una forma de mejorar la equidad —en plena crisis de inflación—, ni como una herramienta para transformar el tejido productivo. Fuentes internas de la institución siguen defendiendo las conclusiones del informe, siempre desde un punto de vista técnico. Aunque es inevitable sospechar de sesgo ideológico.
Solo unos días antes de la publicación de la evaluación de la economía de nuestro país del FMI, la OCDE reconocía en otro informe que “el salario mínimo se ha convertido en una parte importante del conjunto de medidas políticas en España. Pasó de un nivel relativamente bajo de alrededor del 45% del salario medio bruto en el sector privado en 2018 [...]”, a alcanzar el 60% actualmente. “La mayor parte del aumento se realizó de una sola vez en 2019”, continúa.
“La evaluación de la OCDE de la reforma del salario mínimo de 2019 sugiere que impulsó significativamente los salarios de los trabajadores con salarios bajos sin causar pérdidas sustanciales de empleo”, concluye el documento, titulado “Reactivar el crecimiento ampliamente compartido de la productividad en España”.
En línea con el FMI y con la OCDE, en diciembre de 2022, la Comisión Asesora para el análisis del SMI recogió que “la evidencia empírica internacional concluye que, en general, los aumentos del salario mínimo incrementan las rentas de las familias en la cola baja de la distribución y reducen la desigualdad salarial y, en menor medida, la desigualdad y la pobreza.
Con el regreso de las reglas fiscales de la Unión Europea (UE), España tiene el compromiso de dejar su déficit anual (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos públicos) en el 3% del PIB y contener el crecimiento del gasto según un nuevo indicador denominado “gasto primario neto de medidas de ingresos”, con el objetivo de ir reduciendo la deuda pública en relación con el PIB y bajo amenaza de entrar en el procedimiento de déficit excesivo, en el que la Comisión Europea interviene directamente en los Presupuestos. El Banco de España ya ha calculado el “ajuste fiscal” que necesitan las cuentas públicas desde este 2024: cerca de 10.000 millones cada ejercicio.
Este ajuste puede lograrse recortando los gastos y las inversiones (sanidad, educación, pensiones el resto de servicios públicos...) o aumentando los ingresos, ya sea con más impuestos o con más actividad económica y creación de puestos de trabajo —algunos estudios afirman que es mejor fijar objetivos de empleo que de déficit para garantizar la sostenibilidad de la deuda—.
Sin embargo, este segundo camino nunca ha agradado a la institución monetaria. Sistemáticamente, ha sido reticente al incremento de la presión fiscal, pese a que en España esté por debajo de la media de la UE, y ha criticado tributos como la tasa Google, el impuesto a las transacciones financieras o los gravámenes a los beneficios extraordinarios de los bancos y las energéticas por las subidas de los tipos de interés y la crisis inflación.
En la misma línea, pero por el lado del gasto, pidió que no se revalorizaran las pensiones con el IPC como referencia, ni tampoco los sueldos de los funcionarios.
Esto es un posicionamiento puramente ideológico, pese a que la austeridad que siguió la crisis financiera de 2008 dejó una herida social que todavía no se ha cerrado. Un posicionamiento que, por otra parte, choca con los privilegios de los que disfrutan los funcionarios del Banco de España respecto a la media de las Administraciones las empresas públicas. Algunos de estos privilegios fueron detallados en una serie de reportajes publicados por elDiario.es en 2022. Por ejemplo, la institución camufló el gasto de 1,2 millones de euros en dos piscinas para sus trabajadores. También mantiene un lujoso castillo frente al mar, y subvenciona hoteles y apartamentos.
Por último, cuenta con un generoso fondo privado de pensiones, que es un modelo que ha recomendado para el resto de los cotizantes: “El ahorro privado puede desempeñar un papel relevante como complemento de las prestaciones ofrecidas por el sistema público de reparto”, dijo en su Informe Anual de 2021. “Un trabajo reciente del Banco de España sugiere que realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo puede ser un instrumento útil para generar nuevo ahorro destinado a la jubilación”, añadió.
Desde que se planteó el gravamen a las ganancias extraordinarias de la banca como medida temporal, en 2022, el Banco de España no ha perdido la ocasión de advertir sobre sus consecuencias negativas sobre la concesión de préstamos e hipotecas. Incluso, al mismo tiempo que ha admitido que apenas recaudaría una pequeña parte de sus beneficios.
Lo cierto es que gran parte de las ganancias récord de las entidades financieras han sido una transferencia pública por los mecanismos de la política monetaria —concretamente a través de la facilidad de depósito—, otra buena parte por las subidas de los tipos de interés que ha ejecutado el Banco Central Europeo para luchar contra la inflación y el resto por la falta de competencia del sector.
De hecho, recientemente, el Banco de España abrió la vía para exigir a los bancos que aumenten su 'colchón' en 7.500 millones para prevenir futuras crisis. Por otra parte, hasta Luis de Guindos reconoció hace solo unos días que las entidades deberían competir y elevar más la remuneración del ahorro y los depósitos de sus clientes.
En este contexto, en los próximos meses, el Gobierno de coalición tiene el compromiso de convertir el gravamen temporal en un impuesto permanente. En paralelo, tiene que resolverse la OPA de BBVA sobre Sabadell. “¿Queremos campeones paneuropeos a cualquier precio? La respuesta es 'no'. Más grande no siempre es mejor”, dijo a finales la gobernadora en funciones Margarita Delgado.
Desde que estalló definitivamente la crisis de inflación, con la invasión rusa de Ucrania, el Banco de España ha insistido en la moderación de las subidas de los salarios para evitar “los efectos de segunda ronda”, que presuponían una espiral empobrecedora en la que los sueldos persiguen a los precios. Antes, servían otros argumentos para frenar los aumentos de sueldos, como que era necesario para que nuestras empresas ganaran competitividad.
Lo cierto es que, esta misma semana, la OCDE avisó de que la pérdida de poder adquisitivo media de los salarios en España es todavía de 2,5 puntos desde la pandemia. Casi al mismo tiempo, el Banco de España confirmó en su 'Informe de la situación financiera de los hogares y las empresas' que las empresas siguen aprovechando las subidas de precios para mejorar sus márgenes y elevar sus beneficios.
Respecto a la reducción de la jornada laboral oficial que pretende el Gobierno de coalición, la posición de la institución no ofrece ninguna sorpresa: “Hay que tener en cuenta que avanzar en su reducción, sin contemplar ni la considerable heterogeneidad en la duración de la jornada entre distintos tipos de empresas y sectores ni las ganancias de productividad, que son las que permiten finalmente aumentos salariales y reducciones de la jornada laboral, conllevaría riesgos para el crecimiento del empleo”.
Otro de los grandes impactos del Banco de España en la vida pública es la publicación de sus previsiones económicos. En los últimos años, las proyecciones de la institución han sido siempre más pesimistas que la realidad, y han tenido que ser revisadas al alza en muchas ocasiones. Sin duda, han sido tiempos de una incertidumbre histórica, en los que la economía ha sorprendido positivamente por las transformaciones estructurales que se han derivado de algunas de las medidas desplegadas por el Gobierno.
En el Informe Anual de 2020, el Banco de España exploró otro terreno controvertido: el abaratamiento del despido. El equipo de economistas de la institución realizó una propuesta sobre “un modelo basado en la acumulación de derechos en fondos individuales de los trabajadores”. En definitiva, una “mochila austriaca”, cuya implantación venían defendiendo los partidos de derechas en los años anteriores.
“Una de las posibilidades que se han considerado para corregir estas deficiencias [dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales según su análisis de entonces], tanto en la literatura académica como en el debate público, es la acumulación de un fondo individual a lo largo de la vida laboral”, explicó.
“Bajo este sistema, las empresas contribuyen todos los meses a un fondo a nombre del trabajador, que este puede recuperar cuando se produce una pérdida involuntaria del empleo —ya sea como consecuencia de un despido o de la finalización del contrato—. En caso de baja voluntaria, el trabajador no pierde el importe acumulado en el fondo y puede seguir ampliando su cuantía con aportaciones de otros empleadores”, detalló.
“Si no lo ha recuperado antes, el trabajador puede disponer del volumen total de recursos acumulado en este fondo en el momento de la jubilación. Como contrapartida a las contribuciones mensuales de las empresas a los fondos individuales de sus trabajadores, en este sistema, la indemnización que las empresas tendrían que pagar en el momento preciso de producirse un despido se reduce”, concluyó.
Los sindicatos reaccionaron con contundencia al considerar que el Banco de España intentó “resucitar la vieja y caduca” medida de la mochila austriaca con el objetivo de abaratar los costes del despido en España. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, denunció la “insolvencia permanente que muestra esta institución al irrumpir como elefante en cacharrería” en el debate sobre la modernización del mercado laboral, “siempre con las mismas tesis”.
