El Tribunal Constitucional aborda esta semana la parte más política del caso de los ERE de Andalucía: las condenas de los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El pleno tiene previsto abordar y estimar los recursos de los dos políticos que durante más de dos décadas llevaron las riendas de la Junta de Andalucía, perdiendo su poder a manos del caso que ahora, sentencia a sentencia, desinfla el tribunal de garantías. Las ponencias, que cuentan con el apoyo parcial de la Fiscalía y de dos magistradas del Tribunal Supremo, plantean reducir la condena de inhabilitación de Chaves y eliminar la de seis años de cárcel de Griñán con argumentos similares a los que se han llevado por delante la mayor parte de las condenas de los antiguos altos cargos de la administración andaluza.
El pleno, con los siete votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro contrarios de la minoría conservadora, lleva varias semanas estimando total o parcialmente los recursos de los consejeros, viceconsejeros y directores generales de la Junta que fueron encausados por el caso de los ERE de Andalucía. El sistema de ayudas públicas puesto en marcha para paliar los efectos de la crisis económica en Andalucía y que, según el Tribunal Supremo, se tradujo en el reparto descontrolado de 670 millones de euros a lo largo de los años.
El Constitucional no ha negado que existieran ilegalidades en la gestión del sistema de ayudas así como en algunos momentos del reparto del dinero. Hubo prevaricación y hubo malversación pero no en las cantidades y con la extensión que marcaron la Audiencia de Sevilla y el Supremo. Poner en marcha un anteproyecto de presupuestos, por ejemplo, no puede considerarse un delito de prevaricación, y en muchas ocasiones las condenas por malversación se impusieron sin argumentos suficientes.
Son argumentos que han servido para rebajar o anular completamente las condenas de todos los antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía, muchos de los cuales incluso han salido de prisión poco después de saber que el Constitucional les había dado la razón. Condenas de cárcel por malversación completamente anuladas como la de Carmen Martínez Aguayo o sanciones de inhabilitación devueltas a la Audiencia de Sevilla, como la de la exministra Magdalena Álvarez, para que una nueva sentencia rebaje considerablemente su condena.
Los dos primeros casos que analizará el Constitucional este martes serán los de Chaves y Griñán, seguidos del exconsejero Gaspar Zarrías y los exdirectores Juan Márquez y Antonio Vicente Lozano. Las ponencias pasan por dar la razón a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía. En el caso de Chaves, como ha sucedido con otros altos cargos, el borrador que tendrá que aprobar el pleno cuestiona que una parte importante de los hechos que se le atribuyen puedan ser considerados un delito de prevaricación, por lo que la Audiencia de Sevilla deberá reconsiderar su caso pero muy por debajo de los nueve años de inhabilitación que le fueron impuestos en Sevilla.
En el caso de Griñán, los magistrados también tienen previsto anular su condena de malversación. No solo por entender que fue imprevisible imponer una condena de seis años de cárcel por este delito a alguien que ponía en marcha y ejecutaba una ley que ni siquiera había sido impugnada, sino también por apreciar que se le atribuyó el delito sin argumentos suficientes. Son argumentos en línea con lo expresado por dos magistrados del Tribunal Supremo, Ana Ferrer y Susana Polo, en el voto particular que emitieron contra la sentencia que confirmó la mayor parte de las condenas.
El recurso del expresidente Griñán, que no llegó a entrar en prisión por el cáncer que padece, combate la condena por prevaricación, denunciando entre otras cosas que el Supremo había “creado” un delito de malversación para enviar a la cárcel a varios altos cargos sin trazar una línea entre el el expresidente, los fondos malversados y el supuesto beneficiado.
El Tribunal Constitucional afronta esta semana las últimas deliberaciones sobre los recursos de amparo presentados en el caso de los ERE de Andalucía. Una causa que arrancó hace más de 15 años y que ahora tendrá que ser parcialmente revisada por la Audiencia de Sevilla que celebró más de 150 sesiones de juicio y dictó la primera sentencia.
La recta final del caso coincide con un movimiento del Partido Popular, personado en la causa como acusación desde el arranque de las diligencias. Tal y como anunció Elías Bendodo este jueves, los de Alberto Núñez Feijóo han decidido recusar a suficientes magistrados progresistas del pleno para evitar que las ponencias salgan adelante.
Las recusaciones, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se deben presentar dentro de unos plazos, pero hay excepciones si la razón por la que se pide apartar a un magistrado ha sido descubierta recientemente. En el caso del PP, alegan cosas como que Juan Carlos Campo fue ministro del Gobierno de Pedro Sánchez o alto cargo en la Junta de Andalucía, así como que Inmaculada Montalbán fue magistrada en el Tribunal Superior de Andalucía y dictó sentencias relacionadas con piezas separadas del caso.
