Alberto Núñez Feijóo presumió durante toda la semana pasada de la “solidaridad” y la “humanidad” del PP. La ruptura de Vox de los gobiernos autonómicos de coalición por la acogida de algunas decenas de menores migrantes alojados en Canarias por las comunidades fue el motivo esgrimido por Santiago Abascal para poner punto final a un año de cohabitación de las derechas. Pero el examen sobre la “moderación” de su partido se verá en las próximas semanas y sobre la misma materia, en auge en Europa y también en España: la política migratoria.
El relato del PP estaba claro desde antes de que se confirmara el reparto voluntario de 347 menores desde Canarias a diferentes comunidades de la península. Abascal amenazó el lunes con romper los acuerdos de gobierno si se aceptaba la llegada de esos pocos chavales, un máximo de 30 por Autonomía. “Acogen a los menores no acompañados por una cuestión de solidaridad, de humanidad y una cuestión legal”, respondió el portavoz del PP, Borja Sémper, el martes.
Un día después se confirmó el pacto con el Gobierno central. Y el jueves, tras una tensa y larga reunión de la dirección de Vox, Abascal anunció la esperada ruptura. Feijóo cerró la semana con una comparecencia en la que marcó distancias con la extrema derecha: “El PP cumplirá siempre la ley y asumirá responsabilidades como partido de Estado y de gobierno, y será siempre solidario con todo lo que pase en cualquier punto de nuestra nación”.
Feijóo quiere aprovechar la decisión de Vox para “centrar” su propia imagen y la del partido, escoradas más a la derecha de lo que les gustaría por sus múltiples alianzas con los de Abascal desde que allá por 2018 Juan Manuel Moreno se hiciera con la Junta de Andalucía tras perder las elecciones con el PSOE y gracias a los votos de Vox. Después ocurrió lo mismo en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, en Castilla y León con Alfonso Fernández Mañueco y en ciudades como Madrid. Entre 2019 y 2023 muchos de esos gobiernos autonómicos y municipales se convirtieron en coaliciones. Y ese mismo año, Feijóo sumó los votos de Vox, UPN y Coalición Canaria para su fallida investidura, lo que bloqueó cualquier opción de atraer a otros partidos.
Pero ese giro moderado deberá pasar dos exámenes concretos en las próximas semanas y a la vuelta de las vacaciones de verano.
El primero será la reforma de la ley de extranjería planteada por el Gobierno de PSOE y de Sumar para regular el sistema de acogida de menores migrantes y hacerlo obligatorio para las comunidades autónomas. Es una de las exigencias de Canarias, donde precisamente cogobierna el PP bajo el liderazgo de Coalición Canaria, y que denuncia tener sus recursos de acogimiento saturados.
El sistema hoy por hoy es voluntario, lo que permite por ejemplo que en 2022 y en 2023 las comunidades autónomas no hayan cumplido sus compromisos de acogimiento de menores. Doce de ellas no recibieron a ninguno en esos años. El proceso burocrático es también complejo, al no estar regulado por ley, lo que alarga los tiempos.
Y el PP quiere que siga siendo así, según han declarado en público sus dirigentes. Sémper pidió la semana pasada “acordar y no imponer un sistema de reparto”, y recuperó el bulo de que el Gobierno traslada a las personas migrantes de Canarias a la península sin avisar.
Feijóo ni siquiera respondió el viernes a las preguntas de los periodistas sobre la reforma de la ley, y se limitó a criticar la falta de política migratoria del Gobierno. “Yo creo que hemos sido muy claros desde el principio”, dijo, para después dejar en el aire la postura ante una modificación legal que el partido ya conoce porque se trasladó el texto a los gobiernos autonómicos antes de la reunión del miércoles donde se abordó el reparto de menores migrantes.
“Necesitamos una declaración de emergencia migratoria ya”, dijo, justo después de poner como ejemplo a Italia y a Grecia. En aguas de ambos países han muerto ahogadas en los últimos años cientos, si no miles de personas. Italia, con Giorgia Meloni al frente, ha decretado dicha emergencia y ahora paga a Albania para deportar allí a los migrantes y desentenderse así de ellos al estar ya fuera de la UE. Feijóo también ha pedido más dinero del Gobierno central.
El trámite de la reforma echará a andar de forma inminente y por fin se resolverá el enigma.
Pero Feijóo, además, ha comprometido la “solidaridad” del PP con cualquier rincón de España. Y el pasado miércoles sus gobiernos autonómicos bloquearon la asignación de unos 3.000 menores para ser trasladados desde Canarias a la España continental. De hecho, los 347 que sí dijeron que iban a acoger forman parte de un grupo que llevaban meses esperando destino.
El PP esgrimió su acogida como un gesto de humanidad y un plante ante Vox, aunque tal y como asumió el propio Feijóo el viernes, se trataba de cumplir “acuerdos ya alcanzados con anterioridad”. La extrema derecha también aprovechó para justificar una salida que, al menos la dirección nacional, parecía desear.
El problema es que esos 3.000 pueden ser muchos más a la vuelta del verano. Así lo anunció el propio Sémper la semana pasada. “No estamos hablando de un problema puntual, estamos hablando de un fenómeno que va a seguir creciendo en los próximos meses y en los próximos años”, dijo en una entrevista.
Las previsiones de las ONG son también que este verano puede haber muchas llegadas de embarcaciones desde las costas del África continental a Canarias, lo que llevará sus capacidades más al límite de lo que están ahora. Y, de momento, nada hace presagiar que el PP acepte de buen grado su acogida, mucho menos que sea obligatoria.
Y eso que el propio Feijóo le reprochó a Vox su actuación estos días: “Curiosa forma de entender el patriotismo la de dejar abandonados a comunidades autónomas que lo están pasando mal”.
