Washington. La violencia en el debate político en Estados Unidos, visto durante décadas por sus vecinos regionales como una democracia ejemplar, pasó de la retórica a los disparos, esta vez contra el expresidente Donald Trump como blanco.
Un tirador logró impactar en el oído derecho del candidato presidencial republicano durante un mitin al aire libre en Pensilvania, y luego fue ultimado por las fuerzas de seguridad.
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Las heridas del expresidente no fueron de consideración, pero el hecho sacudió a la sociedad, a cuatro meses de las elecciones.
Para los republicanos, son sus rivales demócratas los que estimulan una retórica incendiaria contra Trump. Los demócratas, que por ahora impulsan la reelección del presidente Joe Biden, acusan más bien a Trump de incentivar el odio a migrantes y minorías.
Chris La Civita, asesor principal de la campaña de Trump, criticó el lenguaje de “activistas de izquierda, donantes demócratas e incluso Joe Biden”.
“Durante semanas, los líderes demócratas han estado alimentando la ridícula histeria de que la reelección de Donald Trump sería el fin de la democracia”, dijo por su parte el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise.
Scalise resultó herido en un tiroteo masivo en un evento deportivo del Congreso en 2017. Antes, en 2011, la representante demócrata Gabrielle Giffords sobrevivió de un balazo en la cabeza durante otro atentado.
Ajamu Baraka, compañero de fórmula de la candidata del Partido Verde Jill Stein en 2016, sugirió que la retórica demócrata podría haber llevado al tirador a ver como un “deber patriótico de eliminar una amenaza existencial a la nación”.
“El tiroteo contra el expresidente Trump es consecuencia de un apoyo significativo a la violencia política” en EE. UU., dice Robert Pape, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, y director del Proyecto sobre Seguridad y Amenazas de esa casa de estudios.
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“También debemos preocuparnos por las amenazas de represalia al presidente Biden”, agrega.
El equipo de Pape realizó una encuesta divulgada el mes pasado, que muestra que el 7% de adultos estadounidenses (18 millones) apoyan el uso la fuerza para restaurar a Trump en la presidencia, la mitad de los cuales posee armas.
Y otro 10% también justifica el uso de la fuerza para evitar que Trump llegue al poder nuevamente.
La violencia no ha sido ajena a la política estadounidense: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John F. Kennedy fueron cuatro presidentes en ejercicio que sufrieron atentados con consecuencias fatales, sin contar a otros mandatarios heridos o ilesos tras un ataque.
Pero ahora el lenguaje recrudeció y parece haberse traducido en una especie de llamamiento a las masas.
Desde los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos en 2021, con simpatizantes de Trump como protagonistas, legisladores y analistas estadounidenses han expresado su preocupación de que la retórica de campaña cada vez más belicosa exacerbara los ánimos hacia las presidenciales de noviembre.
Ya en 2022, el marido de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue atacado con un martillo por un teórico de la conspiración de extrema derecha que quería mantener a la líder demócrata como rehén.
“Como alguien cuya familia ha sido víctima de violencia política, sé de primera mano que esta no tiene lugar en nuestra sociedad. Doy gracias a Dios que el expresidente Trump está a salvo”, dijo Pelosi este sábado.
Muchos expertos coinciden en que la retórica violenta se incrementó con la llegada de Donald Trump al poder en enero de 2017, sea él o no responsable de estos actos.
Personajes a quienes les puso la puntería, como el senador republicano Mitt Romney hasta el científico gubernamental, hoy jubilado, Anthony Fauci, han revelado que tuvieron que conseguir seguridad privada, al ser amenazados por trumpistas.
En 2020 habló de fusilar a quienes realizaron saqueos durante las protestas por el asesinato del afroamericano George Floyd, a manos de policías.
El exmandatario además se ha referido de forma peyorativa a los fiscales que lo acusan y a los abogados que lideran las causas en su contra.
En agosto del año pasado, una mujer de Texas amenazó de muerte a una jueza que supervisaba el caso de interferencia electoral de Trump.
Las amenazas contra miembros del Congreso alcanzaron un récord de 9.625 en 2021, según la Policía del Capitolio, en comparación con solo 3.939 en 2017.
“Los acontecimientos de hoy son un crudo recordatorio de las amenazas que enfrentan nuestros líderes”, dijo el analista político Charlie Kolean, de la consultora política conservadora RED PAC.
“Un ataque a un candidato presidencial es un ataque a nuestra democracia”, agregó.
Para Jill Stein, candidata presidencial del Partido Verde, “este no es el momento de culpar a alguien que es víctima de la violencia”.
“Pero este caso es en cierto modo emblemático del problema al que nos enfrentamos como sociedad”, dijo a la AFP.