La tarde del jueves, Presidencia comunicó de forma escueta la destitución de un viceministro; detrás del hecho, estaba la oposición a las cárceles de carpas.
Aunque parezca inverosímil, el gobierno planea habilitar cárceles hechas con carpas. El plan salió a la luz pública a raíz de un nuevo despido en el equipo de gobierno.
La tarde del jueves, mediante un escueto comunicado, Casa Presidencial anunció la salida número 58: la destitución del exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez. Detrás del cese, estaba la oposición del funcionario a las cárceles de carpas. Las objetó por razones de seguridad, por la vulnerabilidad ante el ataque de comandos armados, por el alto costo de operación, por la cantidad de policías que se requeriría y por las condiciones de salubridad y derechos humanos.
Exleine Sánchez relató a La Nación que, desde hace dos meses, el ministro de Justicia, Gerald Campos, sugirió la idea y recibió en su despacho a un grupo empresarial español que expuso su oferta de carpas para pernoctar, para habitar y para cocinar, sin mostrarles alguna cárcel hecha con este material.
Según el exviceministro, le dijo a su superior que la idea de utilizar carpas en el sistema penitenciario era una “ocurrencia”. Le reiteró su posición el miércoles de esta semana durante una reunión para discutir el plan, la cual fue convocada después de que el jerarca y la viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo, viajaron a España para conocer un supuesto modelo de carpas.
Exleine Sánchez sostuvo que el ministro se molestó por su postura y, más tarde, el mismo miércoles, lo llamó por teléfono para decirle que el presidente Rodrigo Chaves quería su renuncia. Antes de que él presentara la dimisión, Presidencia lo destituyó el jueves cerca de las 3 p. m.
Luego, a las 8:21 p. m., el exviceministro emitió un último informe en el que advirtió al Ministerio de Justicia de que las carpas no son una solución viable para el sistema penitenciario. Técnicamente, escribió, lo correcto es invertir en materiales seguros, como el concreto y el acero.
Al conocerse la noticia, el presidente Chaves alegó que no hay dinero para construir una “megacárcel” y que el criterio de un exviceministro no lo haría cambiar.
A su vez, el ministro de Justicia sostuvo que, en España, vio un sistema que costaría menos de ¢5 millones por privado de libertad, aunque Exleine Sánchez niega que el jerarca y la viceministra lo hayan presentado en la reunión del miércoles.
La noticia de la firma fingida de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, es de gran importancia, porque la política se fundamenta en la confianza.
El video transmitido por la propia Casa Presidencial el miércoles no deja dudas. Fernández fingió firmar la ley para declarar el 30 de julio como Día del Voto Femenino, durante un acto efectuado en Zapote. Una vez que el presidente le dio el lapicero, la jerarca hizo el gesto en el aire, pero el lapicero nunca tocó el papel.
En la grabación, se muestra el documento firmado y, en este, no aparece la firma de la ministra de la Presidencia.
Lo impresionante es que, horas después de que el video empezó a circular en redes sociales y en medios, el gobierno calificó el hecho de irrelevante, optó por atacar al medio digital CRHoy y distribuyó otro documento en el que sí aparece la firma de Laura Fernández.
En la misma conferencia de prensa, el mandatario Rodrigo Chaves y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, presentaron como un éxito que Costa Rica apareciera como el país más pacífico de América Central en el Índice de Paz Global del 2024, medición realizada desde el año 2008 por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con sede en Sidney, Australia.
Aunque parezca absurdo, ambos políticos no notaron que, en realidad, Costa Rica se desplomó en este índice, cayendo de la posición 39 a la 58.
Tanto es así que el país abandonó la categoría verde de países con un índice de paz alto, un estatus que por mucho tiempo destacó a Costa Rica en América Latina, junto con Uruguay y Argentina.
Ahora, el Estado costarricense cayó a la categoría naranja de índice de paz media, en donde también están Panamá, El Salvador y Nicaragua.
Queda la duda de si el presidente y el ministro no se dieron cuenta de la caída, o si prefirieron omitir estos hechos ante la opinión pública.
Chaves incluso dijo que él creía que El Salvador era el país más seguro de Centroamérica, una afirmación que resulta extraña de parte de un gobernante. Si bien el país vecino tuvo una mejoría, la distancia con Costa Rica es muy amplia.El Estado costarricense está en el puesto 58 y El Salvador, en el 107.
Así variaron las posiciones de los países del Istmo en el Índice de Paz Global (mientras más bajo, mejor es la stuación)
FUENTE: Índice de Paz Global 2023 y 2024 || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
El documento está en línea, disponible para toda persona.
Las noticias inverosímiles se extendieron esta semana a la Municipalidad de San José, en donde el alcalde Diego Miranda emitió una directriz a todas luces absurda.
Promulgó un conjunto de barreras para los regidores que desearan visitar instalaciones públicas, como el edificio municipal, bibliotecas, instalaciones deportivas o campos feriales. Les exigió pagar una póliza de riesgos o indicar cómo pagarían el tiempo de los funcionarios que los atenderían.
Luego de conocerse la carta, el alcalde dijo que procedería a corregir el texto, “ya que se puede malentender el texto como una prohibición de ingreso a algunas instalaciones”.
Nos contactamos de nuevo en una semana. Se despide Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
