Si algo hay que reclamarles a nuestros abuelos –e incluso a nuestros bisabuelos– es no haber planificado ni habernos dejado un Metro en Lima. Los primeros planes para montar un ferrocarril metropolitano se remontan a 1960 con el alcalde Luis Bedoya Reyes. Y mi queja pública para con nuestros antepasados limeños radica en que, por ejemplo, la línea 1 del Metro de Madrid se inauguró en octubre de 1919. Tan aristócratas españolizados que se percibían, pero una planificación a largo plazo, como la madrileña, no les dio el fuste de copiar.
Pero Bedoya tampoco se salva. Tan mitificado con un zanjón que –es cierto, agilizaría el tráfico en las décadas siguientes a su gestión–, no lo hizo solo. Chachi Dibós fue el alcalde que terminaría la obra añadiendo el desfogue de la bajada Armendáriz. Pero en 1966, la consultora Trafikkonsult AB le entregó a Bedoya los estudios de las primeras rutas del Metro de Lima; una red de tres líneas subterráneas de más de 67 kilómetros con un costo de US$243 millones de la época. El alcalde Bedoya no movió un dedo para echar a andar el tren, pese a que recibió ofertas de otras consultoras internacionales. El Tucán optó por buses que luego serían la flota de Enatru Perú. La lógica cortoplacista y de mirarse el ombligo no es exclusividad de estos nuestros tiempos en que vamos de reversa.
Hoy, como si de una maldición se tratara, la lenta expansión del Metro de Lima se vuelve a estancar por obra y gracia del alcalde Rafael López Aliaga. Decía que la concesionaria española a cargo de la obra no presentaba un plan de desvíos. La concesionaria, que también arrastra un pasivo de retrasos y majaderías, presenta las rutas de desviación y al alcalde López no se le ocurre peor idea que enfrentar públicamente la obra. Envía serenos y obreros municipales a que se peleen con los trabajadores de la Línea 2. Y luego manda poner carteles en el Paseo Colón reclamando que el Metro no le ha pedido permiso para los trabajos. Pero los pone justo tapando otro cartel de la concesionaria con el mapa de desvíos. Toda una telenovela turca.
Pero vayamos a la ley, sino esto es el desmadre. En diciembre del año pasado, haciendo una excepción a la regla perversa que se ha impuesto en estos tiempos caóticos y descontrolados con leyes que nos dejan en ridículo ante el mundo, el Gobierno y el Congreso se pusieron de acuerdo en algo que parecería ser beneficioso para la gente. La ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024, en su décima disposición complementaria, dispone la exoneración de permisos municipales para proyectos de transporte en Lima y Callao. López Aliaga agita su ordenanza municipal como pretexto. En abril, se fue al Tribunal Constitucional para desarmar esta norma. El alcalde que quiere ser presidente usa el discurso ramplón de que la obra generará mayor congestión. Claro, por eso el Metro lo debieron hacer nuestros abuelos. Pero estamos aquí y ahora. Con un alcalde que tiene a un magistrado en el TC, el señor Gustavo Gutiérrez Ticse, que le brindó sus servicios como abogado constitucionalista entre mayo y agosto del 2021. Hay, al menos, un flagrante conflicto de intereses en el máximo intérprete de la Constitución. Gutiérrez, ni chis ni mus; votó a favor de dar trámite a la antojadiza demanda de Porky.
Todo un circo de idas y contrademandas que tiene a Lima en el segundo lugar de ciudades con mayor tráfico en el mundo. De acuerdo a un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), un limeño pierde 68 horas extras al año por transitar estas calles en hora punta, en comparación con otras ciudades de Sudamérica. Según el IPE, tomando en cuenta el ingreso promedio y al grueso de personas que se movilizan, todo esto equivale a una pérdida de productividad equivalente a S/2.000 millones al año. Hacer política de medio pelo o hacer gestión, he ahí la diferencia entre el mal y el bien. Pero el alcalde en campaña no es el único. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no se queda atrás. Ya desde el año pasado se anticipaban las majaderías de Porky; de ahí la ley 31955 para desbloquear el desastre que hoy atestiguamos. Raúl Pérez Reyes, el ministro esquivo, toreó el asunto desde que inició su gestión. Hace tiempo ha podido poner en su sitio al alcalde con la ley aprobada por el Gobierno y el Congreso. Una norma así está por encima de una ordenanza. Pero Pérez Reyes juega al muertito para mantenerse en el puesto.
Bien decían los abuelos que una obra a largo plazo –y el Metro lo es– no rentabiliza en capital político; como en su momento nuestros abuelos tampoco planificaron una educación pública sólida y decente. El alcalde pide reuniones al ministro día tras día. Al final, cuando el ministro Pérez invita a López Aliaga el último viernes, el alcalde prefiere irse con el embajador de Hungría. Es un estado fallido que está paralizando el Metro y la gente, ay, siguió perdiendo millones de soles y millones de horas; viajando como si ingresasen a una lata de sardinas o a un pogo diabólico. La concesionaria también ha contribuido a esta parálisis de un transporte limeño indigno. La obra lleva diez años y en su momento el retraso se debió a que los españoles se negaron a recibir predios ya expropiados, sin argumentos razonables. Y la gente, ay, sigue y seguirá perdiendo. Y es que nadie en este sainete, bien a la peruana, se está fijando en el extravío que se está ocasionando, en el presente y, sobre todo, en el futuro. Y agárrense que se comenta que el Congreso pretendería desaparecer a la ATU, con el aval de los colectiveros aupados por el cerronismo.
Mirémonos, por ejemplo, en el espejo de Chile. La radio bemba de los setenta musitaba que cuando Bedoya ignoró el tren para Lima, toda esa infraestructura se fue para Santiago. O sea, que el Metro de Santiago es el que inicialmente se proyectó para Lima. Sea verdad o no, hoy recordé a Ricardo Lagos. En su discurso de inauguración del tren a Puerto Montt en el año 2005. “Por eso entonces siento que no solamente se ha cumplido un compromiso, sino porque estamos recuperando en parte el sentido de historia como país, estamos entendiendo y dar un servicio que tiene que ver con la calidad de la gente, con la dignidad de las personas y del ser humano, una historia que nos impulsa hacia nuevas obras, que están mejorando sustantivamente la vida de los chilenos y chilenas, restablecemos y actualizamos antiguos logros, pero al mismo tiempo sabemos que es el camino del progreso”.
Y aquí se nos va el tren, y se va lejos.
