Estado ausente. A los cientos de casos de escolares awajún abusados desde 2010, ahora se suman ataques que se han dado en otras comunidades nativas de Amazonas y Loreto. Los autores no solo son docentes, sino taladores y mineros ilegales.
Luego de hacerse público que desde 2010 se han registrado más de 500 casos de abusos sexuales de menores awajún en comunidades de Condorcanqui, lideresas y dirigentes amazónicos han revelado que en estas zonas no hay médicos legistas ni personal especializado para atender a las víctimas. Además, los agresores no son solo docentes, sino también taladores y mineros ilegales. Y lo que es peor, las víctimas no solo son awajún, sino también menores wampis y chapras.
Así lo asegura Kefren Graña, secretario adjunto del Gobierno Wampis. Él comenta a La República que solo en su pueblo hay más de 170 denuncias por agresión sexual a escolares y que no son investigadas como corresponde. En noviembre del 2023 y febrero de este año enviaron un documento al Ministerio de Educación y a la Dirección Regional de Educación de Amazonas, exigiendo que sancionen al director de la UGEL por encubrir los casos y pidieron la salida de los docentes con denuncias, pero no han tenido respuesta.
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Olivia Bisa, lideresa de la Nación Chapra, menciona que en este pueblo indígena ubicado en Loreto hubo suicidios de menores que fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por docentes y auxiliares. Lamentablemente, esto sucede debido a que no cuentan con apoyo, y muchas veces los agresores llegan a un acuerdo con las familias de las víctimas a cambio de dinero, ya que muchos piensan que la justicia jamás llegará para las menores y su familia.
Luego de que las lideresas de las diferentes comunidades denunciaran lo que está ocurriendo en sus territorios, han sido amenazadas de muerte. “Queremos sentir que somos peruanas. Los pueblos indígenas quieren saber que son defendidos con justicia. No queremos otra decepción”, señaló Olivia Bisa.
Cabe resaltar que los agresores, luego de perpetrar los abusos, se fugan a otra comunidad. En esa línea, el Gobierno Wampis solicitó al director de la UGEL del distrito de Río Santiago que no se siga otorgando contratos a los maestros con denuncias, porque esto pone en peligro y expone la salud e integridad física de las menores. Sin embargo, aún se les sigue dando trabajo con la excusa de que estos profesionales tienen derechos laborales.
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En esa línea, Amelia Etsam Nugkuag, enfermera del hospital de Santa María de Nieva, reveló a La República que solo la semana pasada atendieron a cuatro menores que fueron agredidas sexualmente. Ellas fueron asistidas por obstetras, ya que los centros médicos de la provincia no cuentan con médicos ni personal de salud especializado para estos casos.
Cuando Amelia trabajó en la comunidad de Yutupis, ubicada en el distrito de Río Santiago, vio muchos casos de suicidios de menores que fueron víctimas de violencia sexual. Además, se pregunta cómo era posible que en los hospitales llegaran menores de 8 o 9 años con VIH, dado que sus padres no tenían esta enfermedad.
Pero no solo hay abusos y maltratos de parte de malos docentes, sino también de algunas autoridades que tienen la obligación de ayudar a las víctimas. Según Amanda Longinote Díaz, presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas Emprendedoras Virgen de Fátima de Amazonas, algunos trabajadores del Centro de Emergencia Mujer (CEM) acosan a las víctimas que se acercan a la entidad en busca de ayuda.
Por su parte, Dante Sejekam Espejo, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa, señaló que en su comunidad hay abusos sexuales de menores por parte de los trabajadores de la minería ilegal. Además, reclama no tener apoyo de parte del Estado y criticó que el ministro de Educación, Morgan Quero, no haya viajado hasta ahora a su comunidad, como prometió.
