El 17 de abril fui víctima de un robo dentro de mi vehículo en el parqueo del Maxipali en Lagunilla, Heredia, donde sustrajeron mi maletín con la computadora, a pesar de que cuentan con cámaras y oficial de seguridad. Seguí el protocolo: llamado al gerente, informe del proveedor de seguridad, informe de la aseguradora y denuncia ante el OIJ. Hice el reclamo formal (reporte 2891244) con una gran cantidad de pruebas para que me paguen los costos, pero han transcurrido tres meses, he enviado 11 correos y no resuelven. Solo en 5 ocasiones me han respondido que lo enviaron a la unidad encargada, pero desde hace un mes dejaron de contestarme los correos. Es el colmo que una cadena de supermercados millonaria no se haga cargo de los daños de los que son responsables, a pesar de que estamos amparados por la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y que tengo varias décadas de ser su cliente.
Moisés Álvarez Navarro, Heredia
El gobierno politiza lo que esté al alcance de la perversa garra del jaguar, empezando por las juntas directivas de instituciones estatales y autónomas, donde han entronizado “a dedo” a representantes de intereses meramente politiqueros.
Esta vez, le está tocando al emblemático Banco Popular, calificado por la Sugef de “irregularidad financiera”, a raíz de una junta directiva sin los debidos requerimientos y no apta para desempeñar el cargo, lo cual amerita su inmediata remoción. Así comenzó la quiebra de otros bancos en el pasado y así también han querido liquidar al BCR. Mi recordado abuelito tenía una frase muy sabia: “Tendremos que dormir con un ojo cerrado y otro abierto, cuando veamos que pusieron a los zorros a cuidar el gallinero”.
Julio Vindas Rodríguez, Heredia
Es imposible conseguir una cita en Licencias del Banco de Costa Rica. En ninguna ciudad, a ninguna hora. No hay forma. ¿Alguna autoridad que tome cartas en el asunto?
Luis F. Van der Laat Rocha, San José
Según el artículo 121 de la Constitución, la Asamblea puede censurar a funcionarios cuando, a su juicio, fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos.
No parece ser el caso de la moción contra la ministra de Educación, Ana K. Müller. La iniciativa surgió después de que la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank, la convocó a una reunión que no se concretó, para que rindiera cuentas por denuncias de funcionarios. Aparte de reclamos laborales, la moción le reprocha apoyar el recorte de ¢65.000 millones en el presupuesto del MEP del 2025.
Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser
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