La gestión de las municipalidades debe desarrollarse en silencio, opina una regidora del Partido Unidos Podemos (PUP) en Abangares. La funcionaria se opone a la transmisión en vivo de las sesiones del Concejo para que la ciudadanía no observe el proceso de aprendizaje de los personeros elegidos en febrero.
Los interesados en poner zancadillas a los miembros del Concejo no desaprovecharán la publicidad de las deliberaciones para concretar sus fines, afirma. Constituyen una “mano oscura”, acechante, tan peligrosa como para renegar de las promesas de transparencia formuladas en campaña.
Transmitir las sesiones en vivo fue “algo que se tiró” en la campaña de Unidos Podemos, pero no es el momento idóneo para hacerlo, dijo la regidora, según el acta de la sesión del 18 de junio. Es decir, a seis meses de la elección y menos de tres desde su juramentación, se siente con derecho a ignorar las promesas formuladas en la campaña.
Ese desenfado ético se despliega sin siquiera reparar en su inutilidad. La transmisión de las sesiones no depende de la voluntad de cumplir una promesa de campaña. Es un mandato legal. Si la Municipalidad dejó de transmitir las sesiones después del 1.° de mayo, cuando tomaron posesión los nuevos integrantes del gobierno local, simplemente ha estado violando la ley.
“En el caso de los órganos que realicen sesiones públicas, se deberá garantizar la publicidad mediante la utilización de medios virtuales, que permitan que la ciudadanía pueda seguir en tiempo real las deliberaciones”, dice el artículo 52, inciso 5 de la Ley General de la Administración Pública. La jurisprudencia de la Sala Constitucional confirma la obligación en defensa del principio de publicidad.
Ante esas razones, no son de recibo las excusas del presidente del Concejo Municipal fundadas en supuestas limitaciones tecnológicas. El equipo básico requerido para transmitir las deliberaciones está al alcance de cualquier municipalidad.
Pero lo importante es reconocer que lo sucedido en Abangares es una representación a escala de un fenómeno extendido en todos los rincones de las administración pública. Los funcionarios no se sienten vinculados por sus promesas ni tienen conciencia de los deberes de publicidad, transparencia y rendición de cuentas. Ni siquiera la ley logra vencer su resistencia. Así se explica nuestra ubicación en el último lugar en transparencia entre los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
