La construcción del Metro de Lima es un ambicioso proyecto destinado a conectar el área metropolitana y el Callao, mediante una red de trenes subterráneos y viaductos, con un total de cinco líneas proyectadas. Los cierres se han implementado de manera gradual en diversas zonas de construcción, y ahora se planea cerrar tramos que afectarán la avenida Garcilaso de la Vega y el Paseo Colón. Aunque estos cierres son necesarios para garantizar el avance de las obras, también representan retos significativos para los usuarios del transporte público y los conductores.
El inicio de la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima comenzó el 7 de julio, junto con un plan de desvíos para mitigar el efecto del tráfico con puntos semafóricos estratégicos, señalización y un sistema de rutas alternas para el transporte público y privado que promete concluir en 13 meses. Específicamente, el Paseo Colón estará cerrado en dos tramos: desde el jirón Washington hasta la avenida Garcilaso de la Vega (Wilson), y desde la avenida Garcilaso hasta el Óvalo Grau.
Sin embargo, la Municipalidad de Lima, liderada por Rafael López Aliaga, informó que el plan de desvío no cuenta con la autorización y comenzó acciones legales como el hábeas corpus y la demanda penal en proceso para detener las labores de la concesionaria encargada. El objetivo es reclamar compensaciones a la empresa por los perjuicios ocasionados debido al cierre de vías públicas. "Cada día de demora paguen 500,000 dólares (...) Lo que pedimos son 13 meses, ni un día más", expresó el burgomaestre.
Mientras la polémica entre la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) y la concesionaria continúa, el cierre de una vía principal tiene repercusiones significativas para el público, que son los más afectados. Según diversos especialistas, esta medida impacta en el transporte público y privado, incluyendo taxis, así como en peatones y ciclistas. Todos los implicados tendrán que convivir en rutas más saturadas, las cuales no estaban diseñadas para soportar tal volumen de tránsito.
"Además, hay que considerar otro tipo de afectaciones, que van más allá del mayor tiempo en los traslados. Debemos medir el impacto en la contaminación sonora, la contaminación ambiental por la mayor emisión de CO2, el mayor riesgo de accidentes, atropellos, entre otros. Esto no solo impacta en quienes nos movemos, sino también en quienes viven y trabajan en la zona", detalló Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista para La República.
El MTC emitió un plan de desvíos para mejorar la movilidad de la ciudad, aunque previamente expusieron que, según la Ley N° 31955, el proyecto de la Línea 2 está exento de autorizaciones municipales. De acuerdo al plan de la concesionaria, la primera parte de la obra durará 13 meses y después se liberará la totalidad de la avenida Garcilaso de la Vega.
Según Mariana Alegre, directora de 'Lima Cómo Vamos', las obras de construcción afectan tanto a la población cercana como al tránsito vehicular. Sin embargo, detener la obra no es una opción; lo que se necesita es una estrategia de reducción de impactos. "Generar un plan de mitigación del impacto socioambiental, socioeconómico para toda la zona de los alrededores [...] al mismo tiempo, evitar que el período de construcción se alargue. Si dicen que va a estar cerrado en 13 meses, debe acabar en ese tiempo", señaló.
Cynthia Yamamoto, cofundadora y abogada de 'Peruanos a Pie', lamentó los actos de violencia física que ocurrieron entre los trabajadores del consorcio y los fiscalizadores del MML y mencionó que las posturas por parte de la municipalidad no deben retrasar los trabajos. "El cronograma de obra se viene dando con mucho retraso, tiene casi 1.000 días de retraso por falta de entrega de los terrenos por parte del Ministerio de Transportes a la empresa concesionaria [...] La Municipalidad de Lima, que no es parte del contrato, pero es responsable de la gestión del tránsito de la ciudad, debe poner de su parte justamente para que se pueda llegar a los plazos pactados".
Los entrevistados coincidieron en la importancia de respetar el plazo pactado en el contrato, destacando que una gran metrópolis como Lima necesita y demanda un sistema de transporte masivo eficiente. "Deberíamos concentrarnos en reducir las afectaciones para que las personas sientan lo menos posible el impacto de las obras", subrayó Facho. Actualmente, en toda la ciudad hay obras en desarrollo que afectan vías importantes de acceso, como las del Callao, que llevan en ejecución tres años.
Recordemos que el burgomaestre de Lima se preocupa por evitar una mayor congestión vehicular en la ciudad. Sin embargo, a finales del 2023 propuso la construcción de 60 puentes metálicos prefabricados en los cruces semafóricos con mayor tránsito en diez avenidas. "También se cierran las calles y hay planes de desvío cuando se está trabajando en un bypass, entonces el argumento de que no quiere perjudicar a los vecinos a mí no me parece sincero, no me parece genuino. Si estuviese preocupado por los vecinos, habría trabajado con las autoridades desde el inicio para facilitar el proceso y exigir la menor cantidad de impacto a la comunidad y tránsito", señaló Alegre.
Según el alcalde, los puentes costarán 1,200 millones de soles que su gestión consiguió con la emisión de bonos, pero no figuran en la lista de proyectos priorizados del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 2040. "Son obras que se han salido de la cabeza del alcalde de Lima, están a nivel de idea; sin embargo, no tienen ni siquiera financiamiento y los usan simplemente para condicionar al Ministerio de Transporte a que aprueben esos proyectos y que, quién sabe, a través de ellos se financien o se autorice un endeudamiento posterior para permitir, por otro lado, que se realicen las obras del Metro de Lima", sospecha Yamamoto.
