La primera decisión que tomarán los nuevos gobiernos autonómicos del PP, tras la ruptura de Vox de sus pactos de coalición, será encargar encuestas flash para tantear el esta de ánimo de la calle y ver cómo se está percibiendo el cambio de guion impuesto por el partido de Santiago Abascal.
También para tomar nota de cómo respira el electorado en el tema de la migración. La intención de los gobiernos del PP es «aguantar lo que se pueda» e «intentar gobernar a base de acuerdos puntuales». Para ello, aprovecharán que son los que mantienen la llave del poder, aunque sea en una situación de minoría, para presentar iniciativas y «someter a prueba» a los representantes de Vox en sus respectivos Parlamentos. Llegados a este punto, se trataría de aplicar el programa de coalición en su vertiente menos ideológica y polémica, cumplir lo pactado, principalmente en el capítulo económico. Aunque ya advierten, solo horas después de que se haya hecho oficial la ruptura, de que «no podemos garantizar en ningún caso que no convocaremos elecciones». Presidentes autonómicos y Génova coinciden en el mensaje oficial que la prioridad es dar estabilidad a la comunidad autónoma, y que si se consigue «no habrá elecciones».
Demasiados «síes» en la ecuación como para descartar ningún escenario. Desde Madrid también subrayan que son los presidentes autonómicos los que han de tomar las decisiones: «Génova no será quien le diga a un presidente si debe o no debe convocar. Confiamos en nuestros barones y más después de la lección que han dado en los últimos días». La ruptura de Vox con el PP en cinco gobiernos autonómicos supone un giro de 180 grados en el tablero político que abre oportunidades a los populares, pero que también deja incertidumbres importantes en el camino de Alberto Núñez Feijóo para terminar de configurar la alternativa a Pedro Sánchez.
Moncloa se queda sin el que ha sido hasta ahora su principal escudo, la utilización de esas coaliciones para identificar al PP con Vox, y, a su vez, con la extrema derecha. Al PP se le abre la oportunidad de ocupar un espacio entre PSOE y Vox, con sus ventajas como premio extraordinario en el Congreso para llegar a acuerdos con otros partidos e incluso soñar. con más razones objetivas, con la posibilidad de llegar a sacar adelante una moción de censura contra Pedro Sánchez.
Si bien también el corrimiento de tierra conlleva riesgos por el flanco de la derecha porque, ante la radicalización de Vox, el PP necesita seguir ganado espacio por el centro pero sin perderlo por la derecha en la nueva competición entre Alvise y Abascal, y con la supervisión y la gratitud de Orbán, aliado de Moscú y de Pekín. Por otra parte, Vox se enfrenta al riesgo de una crisis en su liderazgo nacional con más que posibles derivaciones en el funcionamiento de las mínimas estructurales territoriales que están sometidas a un mando vertical y cesarista. En el primer nivel del poder popular están convencidos de que el riesgo de Vox es que «ha iniciado la fase final hacia su autodestrucción». Sin matices. «Todo el mundo cree que es un partido inútil para el gobierno y para echar a Sánchez. Con este movimiento ha demostrado ser un partido cesarista, una cosa es el liderazgo y otra el caudillismo, y esto acelera su irrelevancia absoluta», sentencian en unos de los gobiernos autonómicos afectados por la ruptura de Abascal. Ahora bien, de la teoría, hay que llevarlo a la práctica, y esto es lo que se medirá en los próximos meses.
La corriente popular eufórica con la nueva situación coincide en resaltar que el PP se ha instalado así en una posición de centralidad, «puede ampliar la base por los dos lados, sin perder de vistas que esos votos que se van de Vox están dudando si irse a Feijóo o a Alvise».
Unas hipotéticas elecciones anticipadas serían legalmente posibles en las cinco comunidades gobernadas por el PP y Vox. Así lo recogen los estatutos de autonomía de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Aragón, la Región de Murcia y Extremadura. En tres de ellas, Castilla Y León, Aragón y Extremadura, las únicas condiciones que impedirían la convocatoria de elecciones, y que no se dan, es que no hubiera transcurrido un año desde la anterior disolución de la Cámara o que estuviera convocada una moción de censura. Igualmente, López Miras, podría acordar la disolución de la Asamblea y la convocatoria anticipada de elecciones, puesto que, además de estas condiciones, tampoco concurren las otras dos que marca su estatuto, que falte menos de un año para el final de la Legislatura y que no se encuentre convocado un proceso electoral estatal. El presidente Carlos Mazón, con el acuerdo previo del Consell, podría ordenar mediante decreto la disolución de las Cortes en tanto no se encuentre en tramitación una moción de censura. Los cinco estatutos permiten la presentación de mociones de censura, pero solo los presidentes de Castilla y León y Murcia podrían ser objeto de una por parte de Vox en solitario, ya que esta formación tiene allí el porcentaje de diputados autonómicos requerido -en ambos casos el 15 por ciento- mientras que en las otras tres no alcanza el mínimo exigido para esta posibilidad.
