Lentitud en el congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aún no puede acusarlos porque los delegados en estas denuncias constitucionales todavía no presentan informe final. Hay otros dos casos con dictámenes listos y aprobados, pero la Comisión Permanente no las vota.
Según información de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), obtenida por La República vía Ley de Transparencia, hay denuncias constitucionales contra 6 congresistas que no avanzan porque los delegados en estos casos se demoran en presentar su informe final para acusarlos.
Dos parlamentarios son investigados por presunto recorte de sueldo, tres en el caso Los Niños y uno en ambos procesos.
El informe final es necesario porque con ese documento el ponente puede recomendar los delitos o infracciones para acusar a un alto funcionario.
El congresista de Acción Popular (AP), Jorge Flores, tiene tres denuncias constitucionales en etapa final. El año pasado, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, interpuso una contra él y sus colegas Raúl Doroteo, Elvis Vergara y Darwin Espinoza por el caso Los Niños.
El legislador delegado en este caso es Jorge Coayla, de Perú Libre, quien, según la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hasta la fecha no presenta su informe final.
Otras tres denuncias en el Congreso contra Flores Ancachi fueron interpuestas por sus Jorge Montoya, de Honor y Democracia; Roberto Chiabra, de Alianza Para el Progreso (APP) y la no agrupada María del Carmen Alva.
Ellos tomaron esa decisión tras a un audio difundido en Cuarto Poder que involucra al legislador en presunto recorte de sueldo a sus trabajadores y en el que alude que sus tres colegas hacen lo mismo.
El encargado de elaborar el informe final en este caso es el congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría, pero hasta el momento no lo presenta.
Su colega de APP, Rosío Torres, también tiene tres denuncias constitucionales en etapa final: una interpuesta por el ciudadano José Luis Briones, la segunda por el ciudadano Rafael Valdez y la tercera por el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena. Todas son por el caso Mochasueldos.
El congresista delegado en estas tres imputaciones acumuladas es Alex Paredes, del Bloque Magisterial. Sin embargo, todavía no presenta su dictamen.
Asimismo, avanza a paso lento la denuncia constitucional contra la congresista de Podemos Perú, Heydi Juárez, también por presunto recorte de sueldo. El delegado es su colega de Fuerza Popular, Arturo Alegría, quien hasta la fecha no presenta su informe ante la SAC.
Flores, Doroteo, Vergara, Espinoza, Torres y Juárez son los seis congresistas con denuncias constitucionales en etapa final que no se resuelven por falta de informe.
También hay denuncias que tienen informe final aprobado, pero aún no son votadas en la Comisión Permanente. Las legisladoras de APP, Magaly Ruiz y María Acuña, tienen imputaciones porpresunto recorte de sueldo.
Sus respectivos delegados en sus casos son sus colegas Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, y Juan Carlos Lizarzaburu, de Fuerza Popular. Ellos propusieron archivar los expedientes. Los dictámenes fueron aprobados en la SAC, pero falta la votación en la Comisión Permanente.
Otro caso estancado es la denuncia constitucional contra la exlegisladora Betssy Chávez. La imputación fue interpuesta por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, tras un reportaje de Cuarto Poder sobre presuntas contrataciones irregulares en el Ministerio de Trabajo, cuando Chávez dirigía ese sector. El ponente es el vocero de FP, Eduardo Castillo, quien tampoco ha presentado informe final hasta la fecha.
Será crucial quien asuma la presidencia de la SAC en la nueva legislatura para agilizar procesos de antejuicio y juicio político.
La denuncia constitucional 351 presentada por la congresista Chirinos contra su excolega Chávez por su presunta participación en el intento de golpe de Estado en el gobierno de Pedro Castillo, está pendiente de designación de delegado. Mientras eso no suceda, no habrá quien elabore el informe final.
También está la denuncia constitucional 390 de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el congresista Edgar Tello por presunto tráfico de influencias debido a que el parlamentario habría gestionado una licitación en San Juan de Lurigancho a favor de una empresa.
