Los pisos okupados en el barrio de Orriols se han reducido «a la mitad», según un informe de la Policía Local de Valencia, que vincula esta disminución al «mayor control periódico» y a los cortes de los «enganches fraudulentos» a la luz. Concretamente, de las cerca de 60 viviendas ocupadas contabilizadas a final de 2023, se han desocupado más de 25 pisos hasta la actualidad, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento, que ha subrayado que esta situación es «una de las principales reivindicaciones de los vecinos» de este barrio. El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Jesús Carbonell, ha destacado «el trabajo sin descanso» de la Policía Local en su « lucha contra la ocupación ilegal de viviendas«, con »especial incidencia« en el barrio de Orriols. « Se ha reducido a la mitad el número de viviendas ocupadas, según el estudio realizado por la Policía Local, pero no pararemos hasta erradicar este problema. Es una de las mayores reivindicaciones de los vecinos que queremos seguir dando respuesta para poder erradicar los problemas de convivencia en el barrio», ha manifestado. Al mismo tiempo, ha valorado que la instalación de cámaras en el barrio «ha permitido también reducir las actuaciones en las calles afectadas en un 30 por ciento». Respecto a las labores de la Policía Local, desde la Comisaría de Proximidad de Exposición se controla «con periodicidad» el número de viviendas ocupadas en el barrio, dada «la problemática que genera en el entorno de las mismas». Este seguimiento, inciden fuentes municipales, es «prácticamente diario» pero se analiza cada seis meses. Además, la Policía trabaja con los propietarios de los pisos y los vecinos para realizar «acciones conjuntas» que permitan « mejorar la seguridad » de las viviendas ocupadas y del resto de vecinos de la finca afectada. Entre ellas, la prevención de la defraudación del tendido eléctrico a través de enganches ilegales, que se llevan a cabo junto a la empresa suministradora de la luz. Por ello, realiza «estudios periódicos» para comprobar el estado en el que se encuentran las viviendas ocupadas. En este sentido, en diciembre del pasado año se contabilizaron cerca de 60 viviendas ocupadas, la totalidad de las cuales presentaba «un enganche ilegal al tendido eléctrico». Ahora, al finalizar junio, se ha realizado un nuevo estudio de las viviendas en el que se ha podido constatar que, de estas 60 viviendas, «más de 25 ya se habían desocupado», la mayor parte en las calles San Juan de la Peña, Padre Viñas y Duque de Mandas . «Los enganches de luz suponen una conducta delictiva, ya que en la mayoría de los casos se realiza alterando maliciosamente los contadores y alterando la instalación, lo que supone un riesgo evidente tanto para los autores como para el resto de vecinos de la comunidad», ha advertido el concejal Jesús Carbonell, que ha avisado de que esta práctica «aumenta exponencialmente el riesgo de que se produzca un incendio y supone un sobrecoste en la factura de la luz del resto de hogares». Desde la Comisaría de Proximidad, la forma de trabajar empieza con el seguimiento «pormenorizado» de estas viviendas y la realización diligencias que se remiten a la autoridad judicial para que tenga conocimiento de los hechos. A continuación, se contacta con la empresa suministradora del suministro eléctrico y se acompaña los técnicos a la finca para que aseguren las instalaciones que se encuentran en peor estado, con el objetivo de «minimizar el riesgo» para la comunidad. También se comunica con los propietarios para informarles del estado de las viviendas «por si quieren emprender acciones legales para recuperarlas». Otro de los puntos «importantes» consiste en el contacto con los vecinos , especialmente con los que viven en las comunidades en las que existen viviendas ocupadas. «Con su colaboración y mediante las visitas que se realizan a estas casas para solucionar problemas de ruidos u otros problemas de salubridad, los agentes detectan los problemas sociales que puedan tener las personas que viven en los pisos ocupados y se les informa de los servicios sociales a los que pueden acceder por parte de las diferentes administraciones», han expuesto desde la Policía Local.
