Es cierto que Gustavo Petro a su llegada a la Casa de Nariño no encontró a un país que nadaba en la abundancia. La deuda alcanzaba 176 billones de dólares en el año 2022 o 57,9% del PIB colombiano. De estos, unos 90 billones eran deuda soberana. Había escalado 10 puntos porcentuales debido al COVID que fue enfrentado por el gobierno de Iván Duque con mayores endeudamientos.
Actualmente el impacto de tal situación no ha sido doblegada. A esta hora hablamos de que el país adeuda 196.000 millones de dólares. La sumatoria de privada ($ 83,3 B) y pública ($ 113 B) aún está en los alrededores de 54% del PIB, lo que está llevando al gobierno de Petro a acudir a presentar una nueva Ley de endeudamiento para sacarle al país las castañas del fuego. En los inicios de su gobierno el mandatario había propuesto una reforma tributaria encaminada, entre otros propósitos, a reducir el impacto de estos empréstitos, pero la misma no llegó a ver la luz: fue hundida por sus opositores en el Congreso.
La batalla tiene un tinte político peligroso que enfrentará de nuevo a gobierno y sus detractores: mientras Petro acusa a sus predecesores de endeudarse para ayudar al empresariado a subsidiar sus nóminas durante la pandemia y aspira, de esta manera a recabar lo que se perdió con la negativa a implementar su reforma fiscal, los opositores políticos, con Álvaro Uribe a la cabeza, consideran que esta recapitulación del gobierno llega en la peor de las horas, cuando Colombia tiene en el suelo sus indicadores de confianza, de inversión, de crecimiento y de recaudo. Así las cosas, el presidente Uribe propone una solución que no es otra que trabajo y más trabajo: producción, austeridad y ahorro. Le sobra razón.
Pero lo cierto es que si existe, en efecto, una clara correlación entre el excesivo gasto público, la debilidad de la inversión y la atonía del crecimiento colombiano, la deuda consolidada cercana al 50% del PIB no debe inquietar al punto de quebrar lanzas como hace la oposición aduciendo un absoluto descalabro del país. No es falso que la administración del presidente cordobés ha conseguido durante su gobierno mantener la proporción de la deuda con relación al PIB del país en momentos en que la turbulencia mundial ha sido muy significativa. Aunque no es preciso ponerle una medalla al Pacto Histórico por haber mantenido esas variables, las cosas habrían podido ir a mucho peor en estos dos años.
Ahora, la nueva propuesta de ley va unida a un plan de reactivación económica y en el gobierno se prenden velas para que de nuevo el Congreso no levante una valla a sus reformas. La iniciativa lleva el rimbombante nombre Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y está repartido en torno a siete ejes temáticos: reindustrialización, turismo, energía, conectividad digital, infraestructura, campo productivo y vivienda.
El financiamiento de este macroproyecto no estaría, en principio, vinculado con nueva deuda. Estará apuntalado por recursos del Sistema General de Regalías no ejecutadas que ascienden a casi 17.000 millones de dólares. Sin embargo, paralelamente el Ministerio de Hacienda se propone ampliar el cupo -solo el cupo- de endeudamiento que Colombia tiene en pie en la esfera global.
Con lo anterior, el gobierno se propone acelerar la expansión del producto interno por encima del escuálido 0,6% que se alcanzó en 2023. Su meta es conseguir al menos 1,5% de expansión en 2024 y cerrar 2025 y 2026 con un PIB mayor en 3%.
De nuevo la oposición enfila sus baterías contra la capacidad de ejecución y la ausencia de productividad de una administración que no ha logrado éxitos visibles en los pasados dos años. En el país hay 2.366 proyectos en fila en las áreas de transporte, educación, agricultura, vivienda y ambiente que esperan asignación de recursos para su implementación. Un nuevo proceso electoral en dos años y la necesidad gubernamental de levantar los apoyos necesarios para armar una Asamblea Constituyente- cuyos propósitos no son demasiados claros- hacen imperativos resultados económicos positivos y acelerados.
La cuesta de Gustavo Petro es harto empinada y la fórmula pudiera correr con la misma suerte de las reformas anteriores.
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