Un reciente artículo del diario financiero neoyorquino The Wall Street Journal señala que, entre el 2018 y el 2021, aseguradoras privadas que facturan al programa de salud pública Medicare Advantage se embolsaron $50.000 millones por costos de enfermedades inexistentes.
La astronómica cifra realza la magnitud del fraude al Medicare, programa de salud pública del gobierno de Estados Unidos para los mayores de 65 años y para personas con discapacidades. Se calcula que ese tipo de fraudes en el sector de la sanidad asciende a unos $60.000 millones al año.
Las estafas al Medicare constituyen una pérdida económica devastadora. El fraude refleja los fallos en el sistema que permiten que individuos sin escrúpulos se embolsen millones de dólares que deberían dedicarse a la atención sanitaria de los beneficiarios del Medicare.
En realidad, el Medicare no es un sistema de salud con instalaciones propias y profesionales empleados, sino una bolsa de dinero del gobierno federal —dinero de los impuestos que se cobran a la población— para cubrir los gastos médicos de los usuarios. Los profesionales de la sanidad, los hospitales y las aseguradoras privadas sencillamente envían facturas al Medicare, que las paga puntualmente, en muchos casos sin una revisión a fondo.
El Medicare es un pilar fundamental del bienestar social en Estados Unidos. Sin embargo, su complejidad, el enorme volumen de transacciones y las deficiencias en el proceso de revisión de las facturas lo hacen muy vulnerable al fraude. Los tipos de estafas son variados: facturación por servicios no prestados o innecesarios, falsificación de diagnósticos, reventa y distribución ilegal de medicamentos recetados, robo de identidad.
Además de desviar fondos del Medicare a los bolsillos de los malhechores, las estafas también ponen en peligro la salud de muchos pacientes. Algunos de ellos incluso dejan de tomar las medicinas recetadas que necesitan para venderlas a los delincuentes, quienes a su vez las vuelven a vender a farmacias o a individuos, en una red de complicidades a menudo difíciles de detectar.
El gobierno federal ha señalado a Miami como el epicentro del fraude al Medicare. No es extraño en una ciudad donde mientras los precios de la vivienda se disparan a niveles incosteables para numerosos residentes, y donde se ve circular más automóviles de lujo que en urbes como Boston, Los Ángeles y Nueva York, no pasan muchos días sin que los medios informen sobre nuevas estafas al programa de salud. Las denuncias constituyen la punta de un iceberg de delitos que permiten a los infractores llevar un modo de vida opulento mientras muchos miamenses encaran dificultades para llegar a fin de mes.
El fraude al Medicare no es solamente una sangría a los cuantiosos fondos que el gobierno asigna al programa; es también un ataque a la justicia y la equidad. Cada dólar que los delincuentes roban al sistema es un dólar que no se destina a la atención sanitaria de los que realmente la necesitan.
Los contribuyentes estadounidenses merecen un sistema de salud que no esté expuesto a las estafas, y los beneficiarios del Medicare merecen recibir la atención médica a la que tienen derecho sin que el fraude ponga en peligro el cuidado de su salud.
Se debe librar la batalla contra el fraude con una supervisión más estricta, el uso de la tecnología más avanzada y una mayor colaboración entre el gobierno, las instituciones sanitarias y el público. Sin embargo, el hecho de que en Estados Unidos no exista un verdadero sistema de salud pública y la atención médica esté en manos privadas es un factor que facilita el descomunal fraude al Medicare y a la vez un obstáculo enorme para erradicar ese delito.
Andrés Hernández Alende es escritor y periodista radicado en Miami. Su novela más reciente es La espada macedonia, publicada por Mundiediciones. En el 2023 publicó un libro sobre la pandemia de covid-19, titulado Una plaga del siglo XXI.
