En diez años, en las universidades estatales, ha habido un aumento en la matrícula de estudiantes pobres, pero todavía son pocos.
Una idea fuertemente arraigada en el imaginario de la población es que las universidades públicas reciben más estudiantes provenientes de familias de altos ingresos de los que debería.
La idea ha sido apoyada por distintas voces, pero cuyos datos deben ser revisados para comprender si la situación se mantiene.
En el 2013, por ejemplo, los datos de la Encuesta nacional de hogares del INEC (Enaho) señalaban que de las personas matriculadas en las universidades públicas, que tenían entre 18 y 28 años de edad, apenas una décima parte pertenecían a familias de bajos recursos económicos (el primer quintil) mientras que los alumnos procedentes de los hogares más acomodados (el quinto quintil) representaban casi el 30%.
La diferencia era muy marcada, y desde entonces, las universidades estatales han realizado mayores esfuerzos por aumentar los cupos disponibles para la población más vulnerable.
Ya en el 2023, los datos de la Enaho evidenciaron un cambio sustancial. Del 10% subió al 17% la representación de estudiantes de bajos ingresos en sus matrículas, y se redujo del 30% al 20% la proporción de alumnos de mayores capacidades económicas.
El aumento merece reconocimiento, si se considera que la población vulnerable con posibilidades de ingresar a la educación superior es baja, en comparación con sus pares mejor posicionados económicamente.
En el 2023, de todos los estudiantes de entre 18 y 28 años que pertenecían al primer quintil de ingresos, el 50% no había finalizado sus estudios secundarios, lo que les impedía ingresar a casas de enseñanza superior; por el contrario, solo el 7% de los jóvenes del quintil más alto de ingresos se encontraban en la misma condición.
Por este motivo, no es de extrañar que solo el 20% de los estudiantes jóvenes de bajos ingresos estén asistiendo a la educación superior, mientras que el 75% de sus pares en mejor situación cursan estudios superiores.
Apoyar a estos jóvenes para finalizar la educación secundaria es una de las mayores responsabilidades del Estado, por lo cual continuar por la senda de la reducción de las becas Avancemos y otros mecanismos de apoyo perpetúa las desigualdades y disminuye las oportunidades para la juventud.
El autor es economista.
