A más de tres años y medio de la aprobación del préstamo, el proyecto solo tiene un 19,3% de avance y, según estimaciones del ministro de Hacienda, faltan 11 meses para concluirlo.
A finales del 2020, la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo del Banco Mundial por $156 millones para digitalizar los sistemas tributarios y aduaneros del Ministerio de Hacienda con el objeto de reducir la evasión de impuestos, mejorar la eficiencia presupuestaria, facilitar la gestión de deudas y agilizar el sistema de pagos.
El proyecto prometía revolucionar todas esas funciones, vitales para asegurar el aprovechamiento de los recursos del Estado y simplificar la interacción con los contribuyentes. Con el cambio de gobierno, había razones para esperar un renovado impulso a la iniciativa, no solo por las promesas de ejecutividad y eficiencia formuladas en la campaña, sino también por el énfasis puesto en aquel momento sobre la iniciativa, cuyo principal gestor en la administración de Carlos Alvarado fue el ministro de Hacienda Rodrigo Chaves Robles.
No obstante, a más de tres años y medio de la aprobación del préstamo y a medio camino de la administración Chaves, el proyecto solo tiene un 19,3% de avance y, según estimaciones del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, faltan 11 meses para concluirlo. La fecha prevista es junio del 2025. Si la expectativa se cumple, prácticamente habrá transcurrido el período presidencial.
Pero el Ministerio ya ha incumplido fechas previstas en el pasado. Ese historial y el limitado avance del proyecto después de tanto tiempo impiden aceptar la nueva fecha como definitiva. El cronograma inicial contemplaba la adjudicación de tres licitaciones, valoradas en $80 millones, a más tardar el 30 de julio del 2022, pero, un año más tarde, las contrataciones seguían pendientes y la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República reclamaba la omisión de los informes de ejecución correspondientes al 2022.
En abril del 2023, cuando anunció la adjudicación de los contratos en los meses venideros, Cristian Barquero Álvarez, director de Hacienda Digital, dijo que la implementación requeriría más de tres años, pero no podían “esperar todo este tiempo para ver productos de valor funcionando” y habían “adoptado prácticas ágiles para obtener avances del resultado final”. En consecuencia, las primeras pruebas se harían en noviembre de ese año.
Pero el martes, la diputada Paulina Ramírez, de la Comisión de Hacendarios, señaló el proyecto como el más retrasado de toda la cartera de créditos y recordó al ministro Acosta el pago de $1,8 millones en multas por el incumplimiento de plazos para la ejecución. José Joaquín Hernández, miembro de la misma comisión, aseguró que el programa debió estar listo desde hace tiempo.
El ministro atribuyó la tardanza a los nueve meses transcurridos entre la aprobación del crédito y la creación de una unidad coordinadora del proyecto, así como al hackeo de 22 sistemas de Hacienda en el 2020, cuya recuperación tardó cinco meses. Además, aseguró que este tipo de programas comienzan con lentitud y luego se desarrollan con rapidez.
Sin embargo, los problemas del 2020 quedaron atrás hace tres años y el cronograma acordado con el Banco Mundial, entidad de mucha experiencia en proyectos como Hacienda Digital, no parece haber tomado en cuenta una lentitud inicial que sería prácticamente normal, según las explicaciones del ministro de Hacienda. Así lo demuestran las multas pagadas a la fecha.
Ante los diputados, el ministro asumió nuevos compromisos. El sistema financiero y de talento humano, cuyo avance es del 15%, funcionará en el primer trimestre del 2025 para facilitar la elaboración del presupuesto nacional del 2026 y presupuestos plurianuales. El sistema aduanero operará a partir de enero del 2025 y en el segundo trimestre todo el comercio internacional lo utilizará. El sistema tributario, con un avance del 18%, estará listo en junio del año entrante para permitir a los contribuyentes hacer declaraciones y pagos. También habrá una cuenta corriente para los saldos a favor de Hacienda y de los contribuyentes.
La espera ha sido larga, tomando en cuenta los beneficios esperados para el Estado y para los ciudadanos obligados a lidiar con obstáculos burocráticos al cumplir sus obligaciones. Ojalá los nuevos plazos resulten definitivos.
