La jueza Juana Fuentes Velásquez señala que las y los jueces en México no deben rendir pleitesía al Ejecutivo o al Legislativo, sino ser su contrapeso.
En este día especial en el que se celebra el compromiso con la justicia de quienes ejercen la noble profesión de la abogacía, agradecemos la solidaridad de todas las personas asistentes.
Su presencia aquí es un recordatorio poderoso de que tanto abogados y abogadas como integrantes de la judicatura compartimos responsabilidad en el buen funcionamiento del Estado de Derecho y en hacer valer los derechos humanos de todas las personas.
Desde nuestros respectivos ámbitos, vemos con claridad el momento crucial que vive nuestro país, pues tanto el Estado de Derecho como los derechos humanos están en riesgo de retrocesos quizás irreversibles.
La reforma impulsada por el titular del Poder Ejecutivo propone acabar con la independencia judicial mediante la elección popular de las y los juzgadores federales, la creación de un supra tribunal de disciplina y la eliminación de la carrera judicial y las garantías de estabilidad que deben otorgarse.
Por eso, ante la amenaza que significa la reforma a los pilares de nuestra democracia, en este día simbólico alzamos la voz para señalar lo siguiente:
Primero. Nuestra dignidad como juzgadoras y juzgadores federales, como secretarios y secretarias, como actuarios y actuarias, como oficiales, no será minada con acusaciones carentes de fundamento.
Durante casi seis años hemos sido víctimas de calumnias. De cara al pueblo de México, todos en unidad, expresamos enérgicamente:
Ser integrante del Poder Judicial de la Federación nunca será motivo de vergüenza. Es, por el contrario, un auténtico orgullo.
Segundo. La independencia judicial es el grado con el que juezas y jueces deciden de acuerdo con su propia certeza sobre los hechos y con su propia convicción acerca del derecho.
Nuestra fuerza proviene de la razón y de la palabra, con arreglo a la Constitución que hemos protestado guardar. Así lo entendemos desde el inicio de nuestra carrera judicial.
No defendemos ideologías ni propias ni ajenas.
No rendimos pleitesía al Ejecutivo ni al Legislativo: somos su contrapeso. Y para lograr eso, muchas y muchos demócratas dieron lo mejor de sí, incluyendo su propia vida.
La Constitución así lo establece: nos corresponde equilibrar el ejercicio del poder público, nulificar sus desviaciones y amparar a quien lo sufre injustamente, y esto es parte también de la voluntad popular.
Tercero. La reforma judicial pretende truncar lo que está en el corazón mismo de la función de las personas juzgadoras, pues sujetar su elección a los designios de la política implica someterlos desde antes de ejercer su cargo; sujetar sus sentencias al escrutinio subjetivo de un tribunal disciplinario es minar el principio de legalidad y sus conciencias, y hacer inoperante el sistema de carrera judicial, supone abolir el mérito para encumbrar habilidades propias de la política.
Cuarto. Es absurdo afirmar que una o varias sentencias nuestras sean la causa de las inmensas desigualdades económicas, sociales y culturales que vive nuestro país.
No puede confundirse la función judicial con la que corresponde a otras esferas de gobierno, cuando generan políticas públicas erróneas o emiten leyes deficientes o abiertamente inconstitucionales.
Quinto. Nuestro modelo de judicatura federal es moderno y profesional y, desde luego, también perfectible.
Pero cualquier modificación al estatuto de las personas juzgadoras debe ser consecuente con los medios y los fines, y partir de la base probada de los años de experiencia en puestos primarios y mandos medios. Los tribunales y juzgados son auténticas escuelas de formación de una labor altamente técnica y especializada.
Sexto. Hay transparencia total en la judicatura: presupuesto, sueldos, sesiones, criterios, sentencias, acuerdos: todo absolutamente todo, es de pública consulta.
Séptimo. Desde que se anunciaron los Diálogos Nacionales, el Poder Judicial Federal hizo pública su intención de participar.
Quienes formamos parte de la judicatura tenemos la convicción de que nuestra voz puede contribuir a orientar la iniciativa de reforma hacia una auténtica mejora del sistema de justicia.
Creemos firmemente en que la suma de nuestras voces con las de ustedes y las de otros actores (colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, barras de abogados, universitarios y académicos, entre otros) es la única garantía de que la reforma llegue a buen puerto.
Sin embargo, para ello se requiere del tiempo necesario para meditar sus alcances y favorecer el concurso de voluntades libres de los estorbos de sesgos y pasiones.
Pedimos que se nos escuche y se escuchen todas las voces que sea menester para lograr el único propósito valedero de una reforma judicial: mejor justicia para todas las personas.
La vía sensata para la reforma es la del paso firme pero sosegado, ajeno al apresuramiento.
Si así fuere, los más de 50 mil mujeres y hombres que conformamos la judicatura federal, apoyaremos con entusiasmo las mejores propuestas de enmienda a la Constitución y a las leyes que se ventilen en la asamblea.
Pero tenemos que decirlo con toda contundencia: una reforma apresurada, fincada en un solo punto de vista, es inaceptable para nosotros, pone en riesgo la democracia y puede poner de rodillas a la República.
Si se decidiera no oírnos y, peor, oírnos para no ser escuchados ni nosotros ni aquellos que también deben ser tenidos en cuenta, y así se aprobase la reforma, las mujeres y los hombres que trabajamos en los tribunales y juzgados del país habremos de considerar las vías de acción que se requieran para enmendar el despropósito.
Estamos de pie, orgullosas y orgullosos de nuestra trayectoria, de cumplir con el mandato constitucional de proteger a las personas contra el poder arbitrario; conscientes también de la gran deuda de justicia y de la
necesidad de mejorar las condiciones en que las personas que padecen mayor desigualdad pueden acceder a ella.
Cuando el Poder Judicial de la Federación deje de ser independiente, deje de ser control y freno del poder público, cuando quede al provecho de ideologías o designios unipersonales, nadie de los que habitamos este país, incluidos quienes hoy promueven y alientan su desmantelamiento, tendremos seguridad en el respeto de nuestros derechos humanos.
El silencio prudente que los juzgadores hemos asumido como regla de conducta porque no somos contendientes políticos, ha sido usado para defenestrarnos. Que no se entienda ello como un signo de debilidad ni de aceptación de las calumnias.
Nuestra razón de ser es el respeto a la Constitución y a los derechos humanos de las y los mexicanos, sin distingos. Que el pueblo de México tenga la certeza que estamos hoy aquí para defender la democracia y la viabilidad de nuestra República.
