David Azagra, hermano del presidente del Gobierno, fue contratado por la Diputación de Bajadoz, gobernada por el PSOE en una fecha en la que su hermano ya era secretario general del partido. Sólo ese dato constituye una falta de ética evidente que merecería una sonora reprobación. Aquel contrato es hoy objeto de una investigación judicial en la que la UCO ve indicios de que pudieran existir «actos preparatorios» para crear y adjudicar el puesto de trabajo para el que finalmente fue seleccionado. Son demasiadas las sospechas que se ciernen sobre el entorno íntimo y familiar de Pedro Sánchez sin que, todavía, haya existido ni un amago de explicación por su parte. El presidente sólo ha considerado oportuno desacreditar a los medios que hemos publicado información veraz sobre su esposa y su hermano. Es posible que el presidente sienta la tentación de arremeter contra la UCO, pero lo que esta circunstancia exigiría es una rendición de cuentas inmediata y transparente.
