“Todavía estoy en shock y muy indignada viendo qué anotaciones hacen y dónde estoy”. La jueza Victoria Rosell, que fue investigada sin control judicial por la Policía al mando del Partido Popular (PP) durante los años 2015 y 2016, ha calificado este viernes de “despropósito, delito y vergüenza” el espionaje a diputados de Podemos desde 57 comisarías y ha incidido en que, en su caso, esas consultas policiales, que incluían seguimientos de “viajes familiares y compromisos personales”, no se limitaron a su periodo en la política.
De las 16 anotaciones registradas sobre la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género en el informe del departamento de Asuntos Internos conocido este miércoles, más de la mitad se produjeron antes de que diera el salto a la política y la última se registró seis meses después de que hubiera renunciado a su acta de diputada en el Congreso. Es decir, que fue investigada por esta brigada política en su condición de magistrada en activo.
“Que se destine a la Policía a esto me parece una malversación”, ha dicho Rosell este viernes en una entrevista en el programa El Tablero, de Canal Red. “Hay muchos delitos que investigar y muchas mujeres y víctimas de delitos por proteger. Luego la Policía se queja, y con razón, de la falta de medios y resulta que los están destinando a policía política. Es muy grave lo que ha pasado y espero un compromiso del Gobierno actual. Es intolerable”, ha señalado Rosell, que considera, en relación con el PP, que no puede llamarse “partido de Estado a quien pone a las instituciones al servicio del partido, sea el Consejo General del Poder Judicial, sea a la policía política o la policía corrupta”.
Para Rosell, el uso político de las instituciones “quiebra la confianza” de la ciudadanía. “La gente de este país debe confiar en que no va a haber investigaciones parapoliciales ni paralelas, absolutamente ilegales, y menos por una razón que no es delito, que es ir contra los rivales políticos”. Para la magistrada, que ahora ejerce en la Audiencia Provincial de Las Palmas, “la gente que pertenece a esas instituciones y es honesta y tiene principios debería ser la primera en comprometerse hasta llegar al fondo y quitarse a las ovejas negras”.
La jueza se ha referido a una de las anotaciones que figuran en esos registros con las siglas DAO, que se corresponden a las de Dirección Adjunta Operativa, el máximo mando policial. Aunque no se puede saber qué agente hizo esa consulta, que se produjo el mismo día en que Rosell renunciaba a su acta de diputada, al frente de esa dirección estaba entonces Eugenio Pino. “Sé que el DAO hizo una llamada personal a un comisario para insultarme. Lo sé no porque me lo haya contado ese comisario, sino porque yo estaba delante y con un smartphone bastante grande. Lo oí todo. Mucho DAO, pero se le olvidó la pregunta de si era buen momento para llamar o si estás solo”, ha contado.
Rosell fue víctima en esas mismas fechas de un caso de lawfare. Salvador Alba, el juez que la sustituyó cuando pidió la excedencia para concurrir a las elecciones generales en las listas de Podemos, conspiró contra ella en su propio juzgado para intentar acabar con su carrera política y profesional. Esa operación se descubrió y Alba acabó siendo condenado a seis años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial. “Yo nunca he generalizado sobre que la judicatura es corrupta, pero me empeñé en cuerpo y alma, en dinero y salud y desgaste profesional y personal, en que un señor que sabía que era corrupto pagara por ello y ahora está en la prisión de Estremera”.
La revelación de ese espionaje de agentes de la Policía Nacional a diputados de Podemos se produce días después del acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para renovar el Poder Judicial tras años de bloqueo. “Hay que investigar todo en su conjunto. Es evidente lo que nos une. Igual que es evidente que a mí no me vetan en el CGPJ por haber sido diputada, sino por haber perseguido al juez Alba y haber metido a uno de ellos en prisión. Igual que al otro vetado, José Ricardo de Prada, por ser el ponente de la sentencia de Gürtel”, ha señalado Rosell, que considera “gravísimo que te hagan pagar por tu trabajo profesional bien hecho, siempre examinado con una lupa de 10.000 millones de aumento y siempre sin tacha”. “Tanto”, ha agregado, “que se tuvieron que inventar defectos que no había o ilegalidades que conseguimos demostrar que no eran así”.
Rosell ha lamentado el “estado de corrupción y degradación institucional” que muestra esa trama de espionaje ahora conocida. “El PP llegó a hacer unas cañerías en B por donde se desangraban nuestros Presupuestos Generales del Estado e institucionalmente llegó a poner todo al servicio del partido, no del Estado”, ha aseverado. “Tenemos el deber ético, legal y constitucional de averiguar qué ha pasado, qué restos quedan dentro y qué hacer para que el actual grupo parlamentario u otro no sufra esta guerra que al final degrada la democracia al extremo”. La jueza se ha preguntado “qué parte de la masa electoral que dejó de votar a Podemos” lo hizo por “todos estos escándalos que se diluyen como la nada que siempre debieron ser”. A su juicio, hace falta un ejercicio de “análisis y limpieza”, que “dejen investigar” al juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional y que, al margen de ese procedimiento judicial, se depuren responsabilidades políticas por lo sucedido.
