La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó a la jueza que investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno , entrar en la Diputación de Badajoz y volcar su correo corporativo, el del presidente del organismo, Miguel Ángel Gallardo, y siete empleados más al sospechar que pudo haber «actos preparatorios en una esfera previa» para la creación y adjudicación de su puesto de trabajo como coordinador de actividades de los conservatorios de música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social. Así consta en el informe remitido el pasado 8 de julio por los agentes del Instituto Armado al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, al que tuvo acceso ABC, en el que explicaron las razones por las que se estimaba «oportuno» acceder al contenido de las comunicaciones que, mediante correo electrónico, mantuvieron las personas que intervinieron en el proceso de selección de David Sánchez. La UCO finalmente entró en la Diputación y llevó a cabo los volcados el pasado miércoles, tal y como adelantó este diario, en el marco de una pieza del caso hasta ahora declarada secreta. La magistrada Beatriz Biedma autorizó la diligencia un día antes. «Es parecer de esta instrucción policial, a través de la experiencia en causas similares y la propia lógica de la consecución de los hechos que, por parte de los responsables de la Diputación provincial, habrían tenido lugar una serie de actos preparatorios en una esfera previa (...) que no han quedado reflejados en la documentación entregada a petición del juzgado , donde existirían diferentes comunicaciones entre ellos para la consecución del fin perseguido, que no es otro que la creación y adjudicación de un puesto de trabajo, en un primer momento, y el cambio de denominación del mismo posteriormente», justificaron los agentes en su escrito para que la jueza Beatriz Biedma autorizara la intervención de las comunicaciones. Para la UCO la documentación entregada por parte de la Diputación «no es suficientemente detallada ni concreta» y con el análisis de la misma «no era posible llegar a un conocimiento exacto» de las funciones y tareas desarrolladas específicamente por el hermano de Pedro Sánchez. Aseguran que «refleja actividades y eventos de forma genérica, aportando trípticos de los mismos, pero sin llegar al detalle de la tarea concreta llevada a cabo por los trabajadores implicados en general, ni por el puesto objeto de la presente causa en particular». La primera vez que la instructora del caso que investiga a David Sánchez se dirigió a la Diputación de Badajoz para recabar información fue el pasado 30 de mayo, de acuerdo a la documentación del caso a la que tuvo acceso este diario. Un día antes había recibido por reparto la denuncia presentada por Manos Limpias contra el hermano del presidente del Gobierno y al entender que los hechos podían ser constitutivos de delito, además de acordar la incoación de diligencias previas, libró dos oficios al organismo público. El primero, para que hiciera entrega de toda la documentación relativa a la contratación laboral de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, «incluida la referente a su proceso de selección» y detallara sus funciones, su horario, salario y si tenía permiso para teletrabajar. En el segundo oficio, pedía a la Diputación que informara sobre la comisión de investigación que tuvo lugar en junio para analizar sus actividades. Tras recibir un primer paquete de documentación y examinarlo, la magistrada volvió a dirigirse a la Diputación el pasado 18 de junio. En esta ocasión, preguntó si disponían de un «sistema de control horario de entrada y salida» y, en caso afirmativo, pidió que le facilitaran los registros del mismo desde la fecha de su contratación así como localización física de su despacho. También se interesó por el cambio de nomenclatura del puesto ocupado por David Sánchez, que pasó a llamarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas , y si la misma fue «objeto de aprobación por el Pleno», y si no habría sido necesario «la tramitación de un expediente de contratación pública en el que hubieran podido concurrir otros aspirantes». En ese mismo auto, la jueza acordó oficiar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que investigara los hechos recogidos en la denuncia de Manos Limpias, origen de la causa, remitiendo además copia de la documentación remitida desde la Diputación. Y pedir también a la Agencia Tributaria un informe detallado sobre la situación fiscal de David Sánchez así como de sus últimas cinco declaraciones tributarias. La causa, que se dirige contra el hermano de Sánchez, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y un empleado de la misma por delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, parte de una denuncia de Manos Limpias, asociación que también propició la imputación de Begoña Gómez. En ella acusaba al hermano del presidente del Gobierno de percibir un sueldo público como director de orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz sin ir a trabajar y de residir en Elvas (Portugal) para evitar pagar impuestos en España, siendo ésta la misma ciudad en la que el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, habría desviado mordidas, en base a una serie de publicaciones. Además señalaba que el músico tiene un patrimonio valorado en unos dos millones de euros, a su juicio «desproporcionado» con sus ingresos y vida laboral.
