En este escenario, la desdichada carta enviada por Alejandro Soto y Dina Boluarte a la Corte IDH es lo único consistente que ha mostrado este matrimonio entre la mayoría congresal y el Ejecutivo.
El miércoles 10 de julio se organizó en Juliaca una misa para conmemorar un año y medio de la masacre del 9 de enero del 2023 que costó la vida a 18 peruanos. Un episodio que se llevó a cabo para consolidar el régimen mafioso que hoy es encabezado por Dina Boluarte.
En medio de esta efeméride terrible, que no parece conmover mucho a la gran prensa ni a figuras políticas en Lima, La Encerrona nos brinda un recuento de los avances en algunos casos específicos de asesinato, heridos y otras violaciones de derechos ocurridas en el marco de la asunción de Boluarte y su séquito.
En el caso del asesinato de Víctor Santisteban Yacsavilca (Lima), que fue asesinado en la av. Abancay, se tiene identificado al suboficial Ignacio Talledo (grupo de Intervenciones Rápidas) que disparó el proyectil de gas lacrimógeno apuntando a la base de la cabeza. Dicho accionar causó su muerte (esto se encuentra documentado en video). Su jefe, el mayor José Solari, es acusado de inacción ante uso ilegítimo de la fuerza letal contra civiles.
Por otro lado, está el caso de la intervención arbitraria contra el ciudadano Giancarlo Ubilluz en el centro de Lima. En este caso también se encuentra involucrado el mayor José Solari. Ubilluz fue lanzado al suelo, agredido en rostro y brazos y posteriormente apaleado por efectivos dentro de un auto policial.
Por otro lado, Renato Murillo, brigadista que resguardaba a los ciudadanos en protesta, fue agredido con un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza. Sobrevivió gracias a que usaba casco; no obstante, sufrió desprendimiento de retina y estuvo 11 días intubado. Hay dos efectivos implicados en este caso. El último tiene que ver con la detención arbitraria de Milán Nesvich en Abancay, mientras brindaba una entrevista telefónica (también grabado). Cinco suboficiales miembros de la Unidad de Seguridad del Estado detuvieron a Nesvich mientras lo llamaban “terruco”.
En este escenario, la desdichada carta enviada por Alejandro Soto y Dina Boluarte a la Corte IDH es lo único consistente que ha mostrado este matrimonio entre la mayoría congresal y el Ejecutivo. Sólida como una roca fuerte, se revela la voluntad de impunidad ante graves violaciones a los DDHH, específicamente crímenes de lesa humanidad. Esto hermana a Boluarte con el fujimorismo y sus satélites, y nos muestra un hilo entre esta búsqueda de no caer en prisión y la alianza congresal que se refleja votación tras votación, siempre y cuando la agenda implique demoler la institucionalidad y el Estado de derecho.
