Integrantes de la Pastoral Social Nacional y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) se pronuncian en defensa de la democracia y sus instituciones, en unidad con la Conferencia Episcopal Peruana. No roben el futuro a los jóvenes, invocan.
“Ya no podemos llamar al Perú un país democrático, donde se respeta la dignidad de las personas”, afirma la Pastoral Social Nacional y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), a la vez que anuncian su compromiso “como cristianos responsables con la realidad”, acogiendo “el clamor de la gente”.
En el mensaje titulado “La autoridad es un servicio y una autoridad que no es servicio, es dictadura”, la Iglesia peruana se vuelca en la defensa de la democracia y sus instituciones.
“Nos indignan las grandes sombras que cubren a nuestra querida patria por los intereses particulares de grupos y personas que buscando su propio beneficio destruyen la democracia y las instituciones, vulneran los derechos humanos, la dignidad humana y de nuestra nación y desconocen el Estado de derecho”.
Como ejemplo de esas “grandes sombras” y de una “cultura de la ilegalidad”, señalan la captura de” algunos de los órganos constitucionales autónomos del país”. También “los intentos de controlar la Junta Nacional de Justicia” y con ello el sistema de administración de justicia y los organismos electorales.
Se refieren igualmente a la ley que prohíbe la participación política de movimientos regionales, “que mantendría los mismos intereses enquistados en todos los poderes del Estado y sus altos niveles de corrupción e incluso vínculos con el crimen organizado”.
La “cultura de la ilegalidad” también se evidencia –señala el mensaje de los religiosos– en leyes aprobadas por el Congreso que favorecen “la amnistía de militares y policías que han cometido crímenes de lesa humanidad”.
"Los indultos ilegales de sentenciados por esos mismos crímenes; la ley que favorece al crimen organizado; las normas que facilitan las economías ilegales y su formalización y la deforestación de nuestra Amazonía en favor de intereses económicos que agudizarán el cambio climático; los conflictos sociales; los asesinatos de defensores/as que defienden sus territorios y nuestra casa común, buscando la desaparición de los pueblos indígenas, a quienes consideran un obstáculo para un supuesto “desarrollo”.
"Asimismo, la promoción de la modificación de la ley del APCI, vinculada a la supervisión y fiscalización de la cooperación internacional, que busca controlar, amordazar y evitar opiniones, denuncias y acciones críticas a los poderes del Estado que han sido cooptados por la corrupción.
Asimismo, se refieren los obispos al “gran desinterés” de la clase política por los grandes problemas del país, y de ejemplo refieren las lamentables declaraciones de los ministros de Educación y de la Mujer sobre las violaciones de niñas awajún, “a las que tildaron de prácticas culturales”.
Pero también indican que, frente a esas sombras hay luces que dan esperanzas, como la destitución de la fiscal de la Nación, la sentencia a militares por casos Manta y Vilca, miembros del Ministerio Público y el Poder Judiciañ que actúan con independencia, etc.
Llaman, por último, a obrar con justicia “para, como dice el papa Francisco, no robar a las nuevas generaciones la esperanza en un futuro mejor”. ❖
