El fiscal del Equipo Especial Lava Jato realizó precisiones a la acusación que presentó días previos a la elecciones de abril de 2011. Se redujeron las penas de cárcel para el esposo de Keiko, empresarios y los falsos aportantes, mientras aumenta Giulliana Loza y otros abogados.
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato , José Domingo Pérez Gómez realizó precisiones y modificó las penas de cárcel que pide para los 40 acusados del caso Cócteles, en las audiencias de alegatos que realizó el 2, 9 y 10 de julio último, ante los jueces Juana Caballero Salazar, Nayko Coronado Laura y Max Vengoa Valdiglesias, del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.
Las modificaciones incluyen a los supuestos integrantes y colaboradores de la presunta organización criminal y falsos aportantes. Para Keiko Fujimori y los acusados que integrarían la cúpula de la organización infiltrada en Fuerza, las penas se mantuvieron sin alteración, respecto de la acusación presentada en marzo de 2021.
El fiscal Pérez reiteró el pedido de 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari Mendoza, Ana Herz Garfias, Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman, Adriana Tarazona Martínez y Augusto Bedoya Camere, por la presunta comisión de cuatro delitos, en las campañas electorales de 2011 y 2016
Igual sucede con los acusados intermedios,: Carmela Paucará Paxi, Rafael Herrera Mariños, Erika Yoshiyama Koga, Giancarlo Bertini Vivanco y Hugo Tasayco Mendoza para quienes se pide 22 años y 8 meses de prisión, por la presunta comisión de dos delitos de lavado de activos.
La acusación contra Luis Mejía Lecca, para quien la fiscalía también reclama 22 años y 8 meses, quedó pendiente hasta que concluya la evaluación médica, a cargo de especialistas del Instituto de Medicina Legal. El 22 de julio próximo se estaría definiendo su situación.
El fiscal Pérez redujo la pena solicitada para Mark Vito Villanela y Jorge Trelles Montero. En marzo de 2021, la fiscalía solicitó para ambos penas de cárcel efectiva de 22 años y 8 meses de prisión. En su alegato oral, el fiscal pidió para cada uno de ellos, una pena concreta de 20 años y 8 meses, por organización criminal y lavado de activos.
A Mark Vito Villanela, la fiscalía le atribuye pertenencia a una organización criminal y tres actos de lavado de activos: la compra de dos terrenos industriales por S/ 617 mil 329 en el Centro Industrial La Chutana, en Chilca, recoger dinero del grupo Rassmuss y supuestos falsos corretajes de su empresa MVV Bienes Raíces.
También se ha reducido la pena solicitada para el ex presidente de la CONFIEP, José Ricardo Briceño Villena de 22 años y 8 meses de prisión, a una sanción penal de 11 años y 4 meses de prisión.
Lo mismo sucede con el exministro Efraín Goldenberg, Carlos Luna Venero y Melissa Keiko Sasaki. En principio se pedía para ellos 14 años de prisión, que se ha reducido a 7 años, para cada uno. Inicialmente, la fiscalía acusó a Briceño, Goldenberg, Luna y Sasaki de dos delitos de lavado de activos, pero en las subsanaciones solo se consigna un solo aporte a la campaña de Fuerza Popular del 2011.
Los presuntos falsos aportantes Milagros Maravi Sumar, Carlos Blanco Matzumo, Miguel Blanco Matzumo, Johana Mitsuko Myers para quienes se pedía 22 años y 8 meses de prisión por dos delitos de lavado de activos, han visto reducida la acusación a 11 años y 4 meses por un solo delito.
En tanto, para la excongresista Autora Torrejón Riva la pena se redujo de 12 años y 6 meses a solo seis años y 6 meses. Mientras que se consideró una pena mayor para Walter Rengifo Saavedra. En la acusación escrita primigenia se pedía para él 12 años y 6 meses, mientras que en el alegato oral Pérez sustentó 15 años y 6 meses.
Ytalo Pachas Quiñones, secretario general de Fuerza Popular en Rioja, y Nolberto Rimarachin Díaz, en ex alcalde de Nueva Cajamarca, en la región San Martín, que en algún momento fueron considerados colaboradores de la fiscalía, y estaban bajo proceso especial, ahora enfrentan acusaciones directas. Para Pachas Quiñones se solicita hasta 19 años de cárcel, mientras que para Rimarachín se prevé una pena de 11 años y 5 meses de pena privativa de la libertad.
Una situación especial es la de los abogados vinculados al estudio Oré Guardia: Edward García, Luis Lazo, Lorena Gamero, Danae Calderón y Giulliana Loza. En la acusación escrita se pedía para ellos 4 años y 6 meses de prisión efectiva, pero ahora la fiscalía sustentó una sanción mayor de hasta seis años y meses de prisión.
La pena solo se mantiene igual para el jurista y catedrático, Arsenio Oré Guardia, de 4 años y seis meses de prisión. Para la abogada de Keiko Fujimori se pide adicionalmente inhabilitación por 6 años para ejercer su profesión.
En su alegato acusatorio, Pérez puso a los abogados como actores principales de la presunta organización criminal, y de sus actividades, cuando durante la investigación supuestamente tenían una participación periférica, posterior a la comisión de delito, solo para obstruir las indagaciones.
Los continuos cambios a la acusación fiscal va a ser utilizada por los abogados defensores para cuestionar toda la actuación del Ministerio Público. Los abogados cuestionan que estos cambios afectan el derecho de defensa pues generan, dicen, confusión sobre los hechos de los que deben defenderse en el juicio.
