El señor Abascal tiene la enorme habilidad de generar polémicas que a la postre acaban siempre beneficiando a Pedro Sánchez. Curioso que en sus intervenciones es más incisivo contra Alberto Núñez Feijóo que con el presidente del Gobierno. Todavía recordamos el momento cumbre en el que decidió forzar la abstención de su grupo en la votación que obligaba al Ejecutivo a pasar por una Agencia de Verificación para controlar la distribución de los fondos europeos. Incomprensiblemente, Vox se lavó las manos aquel día facilitando que se gestionara el dinero de la UE sin la transparencia exigible. Dicen algunos, y es difícil de creer, que el líder ultra y Sánchez juegan uno para el otro. Al presidente del Gobierno le interesa un Vox fuerte para que el Partido Popular esté débil, y Abascal sabe que su supervivencia está en robarle escaños al Partido Popular. De manera que uno y otro actúan siempre contra Feijóo, o contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el caso de la presidenta madrileña el órdago le salió mal, igual que en Andalucía, Galicia o el País Vasco. El partido verderón se ha transformado en un sindicato de intereses que sólo busca mantener su estatus parlamentario. Desalojar a la izquierda de los gobiernos casi le da igual. De ahí este nuevo órdago abascaleño, con el que logra una vez más retirar el foco sobre los escándalos del Partido Socialista –que son muchos–, para centrarlo en su ombligo. Les ha debido hacer mucho daño la verbena de Alvise, y quieren ahora desquitarse tras estar meses desaparecidos del debate público.
Que la inmigración es un asunto serio que no se debe despachar con el buenrrollismo socialista, es una evidencia. Que Sánchez no hace nada para evitar que nuestras costas canarias y del sur se inunden de pateras, es un hecho. Que hay que denunciar esta situación y responsabilizar el PSOE del colapso generado por una inmigración ilegal descontrolada y creciente, es una necesidad. Pero no tiene razón Vox al plantear el tema de los «menas» como lo está haciendo. Los que ya están en nuestro territorio no hay más solución que acogerlos, pues la ley impide lo contrario. No solidarizarse con el drama que vive Canarias es irresponsable, y sitúa al abascalato a la altura de Puigdemont, el otro que se opone a recibir un solo mena más. Lo que se impone es evitar que sigan entrando de manera masiva, ilegal e indiscriminada, y ahí debería focalizar Vox su prioridad.
Como de costumbre, el Gobierno se dedica a arremeter e insultar al Partido Popular en vez de explicar cuál es política su migratoria, tal vez porque no tiene. Empeñados como están en el objetivo de llegar a una población de sesenta millones de habitantes (ya somos 48, siete de ellos nacionalizados), parece como si Sánchez y sus ministros estuviesen favoreciendo la llegada en tropel de personas en cayucos, porque no hacen nada para evitarlo. O al menos no explican qué medidas están tomando para impedir la actual avalancha. Presentan una reforma de la Ley de Extranjería cuyo único fin –ha quedado claro– es declarar obligatorio que las autonomías acojan a los «menas».
Evidentemente, las regiones han de mostrar solidaridad con Canarias y aceptar el reparto. Pero al paso que vamos, en este país llegará un momento en que será imposible gestionar la situación. Por tanto, la legislación sobre inmigración, más que centrarse en «cómo repartir menas», debe apuntar a cómo desarticular las mafias, y ahí es fundamental el papel tanto de la Guardia Civil costera como de la Armada. No para bombardear cayucos, como rebuznan algunos de los animales de la bancada gubernamental, sino para detener a los que trafican con personas y nos están llenado el país de ilegales. Ahí es donde tiene usted que trabajar, don Abascal.
