La Corte Superior de Justicia programó para el próximo 25 de julio la audiencia de prisión preventiva contra Jorge Barata por el presunto delito de colusión en el caso Gasoducto del Sur. De esta forma, se hizo efectiva la solicitud de la fiscal Geovana Mori, miembro del equipo especial Lava Jato, quien había pedido la medida restrictiva por 36 meses.
"Se resuelve: Señalar fecha para la audiencia presencial de prisión preventiva para el día jueves 25 de julio de 2024 a las 15:30 horas, en contra de Jorge Henrique Simoes Barata, la misma que se realizará en las instalaciones de esta Corte Superior Nacional, ubicada en Av. Tacna Nro. 734, Cercado de Lima", se lee en el documento.
Asimismo, se ha solicitado la presencia de un abogado de la Defensoría Pública para la defensa del imputado. "Ofíciese al Coordinador de la Defensoría Pública a fin de que designe un abogado y asuma la defensa técnica del imputado, en caso no participe su abogado de libre elección", indicó la orden.
Esta decisión se da luego de que el equipo especial Lava Jato solicitara 36 meses de prisión preventiva, contra el exdirectivo de la constructora brasileña Odebrecht. Todo ello luego de que se revocaran los beneficios de colaborador eficaz que Barata había obtenido anteriormente.
Como se sabe, la investigación liderada por la fiscal Mori ha revelado presuntas irregularidades en la adjudicación del megaproyecto del Gasoducto Sur Peruano durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). Según la tesis de la fiscal, Barata habría coordinado con la entonces primera dama, Nadine Heredia, para direccionar la obra en favor de Odebrecht. Este proyecto, que demandó una inversión superior a los US$7 mil millones, es uno de los más controvertidos de la administración Humala.
Asimismo, de acuerdo con las evidencias presentadas por la fiscal, la influencia de Odebrecht en la adjudicación del Gasoducto fue significativa. La compañía brasileña habría utilizado su poder y recursos para asegurar que el proyecto se le otorgara. Según Mori la influencia de Barata se extendía hasta los niveles más altos del gobierno, incluyendo a la primera dama, quien supuestamente facilitó el direccionamiento de la obra.
Además, la fiscal Mori sostiene que la relación entre Odebrecht y el gobierno de Humala se fortaleció tras el aporte de US$3 millones que la compañía hizo a la campaña presidencial de Humala en 2011. Este compromiso financiero habría sido un factor determinante para que el Gobierno favoreciera a Odebrecht en la adjudicación de proyectos de infraestructura, incluyendo el Gasoducto Sur Peruano.
En el caso del Gasoducto Sur Peruano, los principales involucrados incluyen a:
