Vox abandona el gobierno de Castilla y León, que hasta ahora compartía con el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco, tras 813 días de un gobierno de coalición surgido después de las elecciones anticipadas de febrero de 2022, que convocó Fernández Mañueco tras romper con Ciudadanos. En 2022 entró por primera vez un partido de la extrema derecha en un ejecutivo autonómico, que aumentó el número de altos cargos pese a prometer en campaña que venían a ajustar el gasto político.
“El comité ejecutivo nacional de Vox constata que los acuerdos están rotos y retira el apoyo parlamentario. Los vicepresidentes anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición”, ha sentenciado el presidente de Vox, Santiago Abascal este jueves. El Partido Popular gobernará en minoría en Castilla y León los dos próximos años.
Precisamente esta semana terminaba la ronda de comparecencias de los consejeros para justificar su trabajo a mitad de legislatura. De los miembros de Vox de la Junta de Castilla y León, solo el vicepresidente seguiría en el parlamento autonómico, porque —salvo que renuncie— es el único que también es procurador en las Cortes.
El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que comparecerá este viernes ante los medios, ha calificado esta ruptura de “injustificada e incomprensible” y ha reprochado a Vox que utilice una “estrategia nacional” que haya “antepuesto” sus intereses electorales a los de los ciudadanos de Castilla y León.
“La postura de Castilla y León, como la del resto de comunidades autónomas, respecto a la acogida de las niñas y los niños no acompañados, es la misma desde 2021”, ha reiterado el gobierno autonómico a través de un comunicado, en el que ha recordado que Vox no dijo “nada” ni en 2022 ni en 2023, cuando ya integraba la coalición de gobierno.
El gobierno autonómico reitera que se ha cumplido el pacto de Gobierno, pero que en cualquier caso se “garantiza la estabilidad” y se seguirá trabajando “con eficacia” por los castellanos y leoneses.
El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, ha celebrado la “gran noticia” de que Vox vaya a salir de los cinco gobiernos autonómicos, aunque ha afeado que esta ruptura haya sido por “intereses electorales” y una “competencia” entre las derechas en vez de por los “principios” de un Partido Popular “que aún suplicaba que se quedaran”. “Mañueco queda débil y genera inestabilidad. De nuevo”, ha reprochado a través de la red social X.
El exvicepresidente autonómico y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha considerado que esta ruptura de Vox ha llegado “muy tarde”, tras “dos años de insultos, ofensas y salidas de tono” que “solo” Mañueco “ha consentido”. “Castilla y León vuelve a la inestabilidad y la inoperancia”, ha apuntado Igea, que ha criticado también que Fernández Mañueco considerara “buena idea” pactar con un Vox “delirante y bravucón”.
En el momento de actualizar este artículo, ningún otro miembro de la oposición ha hablado al respecto.
Esta ha sido la reacción del partido ultraderechista al acuerdo entre todas las comunidades —salvo Cataluña— para el reparto de 400 menores migrantes que actualmente viven en Canarias. El hasta ahora vicepresidente autonómico Juan García-Gallardo ha reclamado durante estos días al PP que cumpla el punto 32 de su acuerdo de gobierno: promover “una inmigración ordenada” que “contribuya” al futuro de Castilla y León “desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales”.
Este miércoles por la noche, García-Gallardo ya advertía: “Nos han traicionado colaborando con las mafias ilegales del tráfico de personas. Nuestra generosidad ha sido infinita, a pesar de los incumplimientos del pacto”.
Hasta ahora, Vox ostentaba tres consejerías (Agricultura, Industria y Cultura), además de la Vicepresidencia, en manos de Juan García-Gallardo, que no ha ostentado nunca una cartera propia como sí habían hecho el resto de vicepresidentes en la historia de Castilla y León.
De hecho, Juan García-Gallardo ha encabezado diferentes tipos de propuestas sobre las que no tenía competencias directas: que el gobierno sea el que avale a los jóvenes para que compren una vivienda solo con el 2,5% de la entrada, el no ejecutado protocolo antiabortista, el logo del banco de imágenes para la nueva marca turística o la declaración de Bien de Interés Cultural de la Pirámide fascista de los Italianos.
En el debate de Política General de Castilla y León, Vox anunció que pretendían emular a Giorgia Meloni y condicionar las ayudas públicas al rechazo de un potencial empleo si no está justificado. El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, pedía a principios de semana que Mañueco rompiera con Vox, como hizo en el debate de Política General. “Demos un ejemplo por la convivencia a Europa y a España”, reclamó el 26 de junio.
El mes pasado, el exportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, aseguró que su partido político estaba “cómodo” en la coalición de Gobierno que tiene con Vox. Su homólogo en el Grupo Vox, Carlos Menéndez, negó que tuvieran ningún temor a una ruptura de esa coalición.
En los últimos meses, Vox ha logrado imponer al PP varias normativas importantes al eliminar la unanimidad para llegar a acuerdos en el Servicio de Relaciones Laborales (Serla). También ha aprobado la Ley de Sanidad Animal (que autoriza a veterinarios privados y a elección a realizar controles sanitarios) y la Ley de Patrimonio Cultural, que era prácticamente igual a la que presentó Ciudadanos cuando gobernaba con el PP Mañueco.
Todavía en trámite está, y queda ahora en el aire, la nueva Ley de 'Concordia', que pretendía derogar el Decreto de Memoria Histórica que aprobó el último gobierno en solitario del Partido Popular, de Juan Vicente Herrera, en 2018. Esta Ley de 'Concordia', presentada conjuntamente entre PP y Vox como parte del acuerdo de Gobierno, ampliaba el periodo histórico hasta 1931 y equiparaba a personas que fueron asesinadas durante la II República y durante la guerra civil o el Franquismo.
Tras la salida del Gobierno de Castilla y León el principal cargo de Vox recae en el figura del presidente del legislativo autonómico, Carlos Pollán, que ha protagonizado diversas polémicas por utilizar la Fundación Castilla y León a difundir la ideología próxima a Vox, de la que se han retirado los sindicatos y el PSOE.
