La minera canadiense Almaden Minerals, que opera en México bajo la subsidiaria Minera Gorrión, inició un procedimiento internacional de arbitraje contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el que reclama una indemnización por 200 millones de dólares por las afectaciones económicas que generó la cancelación de las concesiones mineras para explotación en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.
Almaden Minerals señala que desde el pasado 14 de marzo notificó al Gobierno su intención de presentar un reclamo por violaciones al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).
¿Cuál es el motivo? La empresa reclama que en 2022, la Secretaría de Economía canceló dos títulos de concesión para la extracción de minerales en el proyecto denominado Ixtaca.
“Las afectaciones que hemos estimado son de no menos de 200 millones de dólares, pero a medida que avance el procedimiento, un experto presentará ante el Tribunal Arbitral un informe profesional de evaluación de daños”, explicó la firma.
El proceso de arbitraje aún se encuentra en una etapa temprana, por lo que esta cifra es apenas una estimación inicial.
Para Almaden Minerals, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador cometió diferentes violaciones a su proyecto que abarcaba 14 mil hectáreas y por lo menos una vida útil de 11 años.
“México violó las obligaciones que le exigía el CPTPP y eso bloqueó el desarrollo del proyecto Ixtaca, del que finalmente fueron rescindidas retroactivamente las concesiones mineras que la compañía obtuvo en 2003 y 2009, causando la pérdida de nuestras inversiones en México”, señaló Duane Poliquin, presidente de Almaden Minerals en un documento fechado el 17 de junio pasado.
El directivo añadió que el proyecto Ixtaca se perfilaba para generar beneficios a la población de la Sierra Norte de Puebla, ya que contemplaba el desarrollo de infraestructura; la generación de más de 600 empleos, y la entrega de contribuciones económicas por más de 180 millones de dólares por concepto de impuestos federales, estatales y municipales.
En 2001, la minera Gorrión comenzó a realizar una labor de exploración y tras confirmar la presencia de oro y plata, los habitantes del ejido de Tecoltemic, ubicado a 8 kilómetros de donde la empresa planeaba desarrollar el proyecto, buscaron frenar el proyecto bajo el argumento de que causaría daños ambientales en la región.
En 2015, los habitantes del ejido de Tecoltemic presentaron un amparo para revocar las concesiones otorgadas por el Gobierno de México a Minera Gorrión, filial de la firma canadiense, pero fue hasta 2022 cuando los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedieron un amparo a los ejidatarios para dejar insubsistentes los títulos de concesión.
Este no es el único problema del Gobierno de México con empresas mineras: Fue el mes pasado cuando se conoció que Ganfeng Lithium Group, conglomerado chino, presentó una reclamación de arbitraje debido a que la Dirección General de Minas le canceló nueve concesiones relacionadas con la extracción de litio.
Ganfeng Lithium Group busca que México compense a los demandantes por los daños derivados de las violaciones que a los tratados bilaterales de inversión (BIT, por sus siglas en inglés) entre China y México y Reino Unido-México.
Con información de Héctor Usla
