El Ingreso Mínimo Vital (IMV) —la renta de subsistencia que el Gobierno puso en marcha en 2020 para aplacar la pobreza— llega solo a 342.856 hogares de los 950.000 a los que teóricamente podría proteger. Estamos hablando de que apenas un 36% de las familias que potencialmente podrían obtener la ayuda porque cumplen los requisitos de renta y patrimonio la están recibiendo realmente.
Un porcentaje de beneficiarios que apenas se ha movido desde finales de 2021 y que da señales de que el despliegue de esta prestación se ha encontrado con un techo difícil de sortear. Así se desprende de la tercera evaluación sobre el Ingreso Mínimo Vital que ha divulgado la Airef este miércoles. El análisis de la autoridad fiscal forma parte del seguimiento de esta política pública que este organismo tiene encomendado por ley.
El despliegue del ingreso mínimo se antoja escaso a la luz de los datos de implantación. La razón principal es que hay una parte muy importante de las familias que podrían pedir la ayuda, que no lo hacen. Este fenómeno, que se conoce en el argot científico como non take-up, es un problema estructural que lleva frenando el despliegue de la ayuda prácticamente desde sus orígenes.
En concreto, el 56% de los hogares que cumplen los requisitos para acogerse al IMV no solicita la prestación. Un porcentaje que se ha mantenido estable desde diciembre de 2021. Los motivos por los que esto sucede son variados, pero se pueden resumir en tres grandes asuntos: el cobro de otras prestaciones, la burocracia que rodea la ayuda o el uso de información de desactualizada para medir los umbrales de renta
El solapamiento con otras rentas mínimas y prestaciones no contributivas (como los subsidios al desempleo) es uno de los principales motivos que explica el non take-up. En concreto, cinco puntos de ese 56% corresponden a hogares que ya cobran una renta mínima autonómica y que podrían pasarse al ingreso mínimo, pero no lo hacen. Un fenómeno que se observa con más intensidad en las comunidades con programas de rentas mínimas más generosos, como Cataluña, País Vasco o Navarra.
Pero el factor de mayor peso para explicar por qué menos de la mitad de quienes pueden acceder al IMV no lo hacen es que el 53% de ellos ya cobra algún tipo de prestación no contributiva por desempleo. Este dato, que la Airef ya comunicó en su primera evaluación, sugiere que una parte notable del problema de cobertura del ingreso mínimo tiene difícil solución. Y también que, pese a que el IMV solo llega a un tercio de los hogares potenciales, esto no quiere decir que los dos tercios restantes estén totalmente desprotegidos. En más de la mitad de los casos hay otra prestación de por medio.
Otro dato que ayuda a entender por qué hay gente que tiene derecho a la ayuda no la pide, es que el 38% de estas familias que están fuera del IMV no notarían una gran diferencia si se pasan al IMV. Para ellos, transitar hacia el IMV supondría un aumento de la renta de menos del 30%, un porcentaje que en cantidades tan pequeñas como las del ingreso mínimo (600 euros al mes para un hogar unipersonal) implica una mejora muy pequeña.
La Airef cita otro factor para explicar por qué el IMV está estancado en tasas de solicitud tan reducidas y es la forma en que se calcula el umbral de renta que permite acceder a él. Con carácter general, para acceder al IMV los hogares tienen que acreditar que sus ingresos son inferiores a la renta que garantiza la ayuda. Pero la información sobre esos ingresos es la del año anterior, lo que provoca que el IMV no llegue a tiempo para ejercer de salvavidas en casos de pobreza sobrevenida.
Por ejemplo, si un hogar formado por una sola persona cae en la pobreza absoluta en el año 2024 (cero ingresos), pero el año anterior había obtenido rentas por valor de 400 euros mensuales, la ayuda que recibirá será solo de 200 euros al mes. Además, las variaciones de renta de un año para otro hacen que las revisiones de la cuantía del IMV sean frecuentes. En 2023, dos de cada tres hogares vieron alterada su cuantía. En un 25% de los casos fueron ajustes a la baja, en un 33% fueron para mejorar la prestación y solo un 7% dio baja.
Finalmente, otro escollo con el que se encuentra el ingreso mínimo en su despliegue es la compleja situación familiar de algunos de los hogares que lo solicitan. La Airef ha estado en contacto con entidades que median para ayudar a desplegar la ayuda y les han transmitido que a menudo tienen problemas para acreditar cuál es su unidad de convivencia. Un factor que determina la cuantía de la prestación, que no es igual para un hogar de una sola persona que para otro de dos adultos y dos niños. Por ejemplo, no son extraños los hogares que tienen miembros empadronados, pero están ausentes las familias extensas o las parejas de hecho que no están formalizadas. Estas situaciones ponen en dificultades a los beneficiarios y desincentivan las solicitudes.
La Airef constata que la ayuda todavía tiene margen de mejora en su diseño, despliegue y gestión. ¿Cómo? Una de las vías es que la ayuda se conceda de oficio. Es decir, que sea la propia administración pública quien busque a los beneficiarios y les conceda la ayuda automáticamente. Otra solución es que la información sobre la renta de los hogares que se utilice para determinar si se da la ayuda esté lo más actualizada posible, en lugar de usar datos del año anterior.
Además, la Airef recomienda concretar los objetivos de la ayuda y cuantificar el umbral de renta que se considera pobreza para poder evaluar mejor la norma. De igual modo, las entidades mediadoras perciben que falta información y acompañamiento y que los requisitos que hay que acreditar no se corresponden con la realidad social.
No obstante, la autoridad fiscal concede que el Gobierno ha puesto en marcha mejoras que han impulsado la ayuda. La Airef constata que la ayuda llega a los hogares más vulnerables, que se han reducido trámites, se ha publicitado su difusión y se ha hecho más fácil compatibilizarla con el empleo. Desde el Ministerio de Inclusión —el departamento que gestiona la prestación— señalan que se está trabajando en dos vías de mejora: avanzar hacia una prestación donde las cuantías reflejen con mayor agilidad la realidad económica de las familias y flexibilizar criterios de acceso a la prestación.
