A solicitud de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, el Juzgado de Garantía de Arica autorizó este jueves la exhumación del cuerpo del conscripto Franco Vargas para una nueva autopsia.
Por su parte, la Fiscalía informó que la madre del joven conscripto, Romy Vargas, también autorizó la diligencia y que la segunda autopsia deberá realizarse bajo el Protocolo de Minnesota.
Se trata de la primera diligencia decretada tras el fallo de la Corte Suprema, que dejó el caso en la justicia civil. La solicitud de la Fiscalía busca determinar qué pasó antes de que el joven conscripto falleciera y si hubo o no apremios ilegítimos que pudiesen haber incidido en su muerte.
El pasado 27 de abril falleció el soldado de 19 años, Franco Vargas, luego de un entrenamiento militar en Putre, mientras era integrante de la Brigada Motorizada N° 24 de Huamachuco.
Debido a esta fatídica marcha varios de sus compañeros también sufrieron cuadros infecciosos respiratorios y gastrointestinales, de los cuales uno de los conscriptos perdió una extremidad y otro intentó quitarse la vida.
De acuerdo los antecedentes reunidos en la investigación, la víctima ingresó de urgencia el 27 de abril al Cesfam Rural de Putre, sin signos vitales, constatando su fallecimiento a las 7:12 horas.
El Servicio Médico Legal llevó a cabo una autopsia que no fue realizada conforme al Protocolo de Minessota, procedimiento que correspondía en este caso según el Ministerio Público, la familia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El Protocolo de Minessota “establece una norma común de desempeño en la investigación de una muerte potencialmente ilícita y un conjunto común de principios y directrices para los Estados, las instituciones y las personas que participen en la investigación”, por lo que sería clave para este caso, según sostiene la Fiscalía.
A raíz de estos hechos y de testimonios recabados, el INDH presentó el 07 de mayo una querella por apremios ilegítimos, en la que se detalla que los jóvenes habrían recibido maltrato verbal, agresiones físicas, condiciones insalubres, privación del sueño y caminatas nocturnas con temperaturas bajo cero, entre otras vulneraciones.
En paralelo, el 08 de mayo la Corte Suprema designó a la presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, como ministra en visita para investigar los hechos ocurridos en la Brigada Motorizada N° 24, quien se trasladó a la zona al día siguiente.
Posteriormente, en la Cámara de Diputados y Diputadas el 15 de mayo se aprobó la creación de una comisión investigadora para conocer las actuaciones de las Fuerzas Armadas en el ejercicio militar en Putre. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Senado recibió a los familiares de los conscriptos afectados, entre ellos, la madre de Franco, Romy Vargas.
