El Ministerio Público solicitó una pena de nueve años de prisión para Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y prófugo líder de Perú Libre, por haber recibido un resguardo policial irregular otorgado entre los años 2019 y 2021.
Además, la Fiscalía ha pedido también su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos. También se le ha impuesto una multa de S/4,188.20, bajo la acusación de ser autor del delito de colusión agravada en detrimento del Estado peruano.
En esa misma línea, el fiscal a cargo, Carlos Mera Palomino, también ha solicitado una pena de 10 años y 8 meses de prisión contra Carlos Zárate Villalobos, suboficial de la PNP, por presuntos delitos de colusión y falsificación de documentos. Paralelamente, se acusa a Edwin Mamani Cáceres, otro suboficial, con una condena de seis años por colusión.
Por su parte, la Procuraduría ha solicitado que Cerrón y Zárate paguen conjuntamente 37 mil soles como reparación civil por el delito de colusión. Esta acusación fue presentada en una audiencia virtual este miércoles, presidida por el Juez penal de Junín, Walter Camarena, marcando el inicio de la "etapa intermedia o de control de acusación".
El escándalo se extiende a otros nombres prominentes, incluyendo a Fernando Orihuela Rojas, quien fue sucesor de Cerrón en el Gobierno Regional de Junín. Orihuela enfrenta una acusación de cuatro años y ocho meses de prisión y una inhabilitación de cinco años por el presunto delito de negociación incompatible.
El fiscal Mera Palomino ha extendido las acusaciones a un grupo adicional de personas, con penas solicitadas que varían entre cuatro años y ocho meses hasta 12 años de prisión. Durante su exposición, señaló que los implicados actuaron con "dolo directo y conducta reprochable", subrayando la ausencia de justificaciones para los cargos imputados.
El proceso continuará con una próxima sesión programada para el 30 de julio a las 2:30 p. m., donde se esperan más desarrollos en este complejo caso que sacude los cimientos políticos de Perú.
Según la investigación dirigida por el fiscal anticorrupción de Junín, Carlos Mera, el agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) Carlos Wilfredo Zárate Villalobos estaba asignado a la seguridad personal de Fernando Orihuela, exgobernador de Junín. Sin embargo, en la práctica, protegía a Vladimir Cerrón, quien ya no era un funcionario público.
El Ministerio Público sostiene que tanto Vladimir Cerrón como Fernando Orihuela habrían gestionado indebidamente la emisión de órdenes de servicios a favor de Zárate Villalobos. Este agente recibió, a través de Resoluciones Ejecutivas Regionales, una bonificación mensual de 1,000 soles, acumulando un total de 30,000 soles por servicios de seguridad y custodia de funcionarios, según informó la Fiscalía Anticorrupción de Junín.
Vladimir Cerrón Rojas fue sentenciado en el proceso que se le seguía por el caso del Aeródromo Wanka. El líder de Perú Libre fue acusado de colusión y recibió una sentencia de 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Esta pena fue el resultado de un largo proceso judicial en el que se encontraron pruebas suficientes para condenarlo.
Cerrón lleva más de 278 días prófugo. Por su parte, el Ministerio del Interior viene informando que va tras sus pasos y que muy pronto será capturado por la Policía Nacional.
