La procuraduría reclama el pago de más de 151 millones de reparación civil. Jueces pidieron al fiscal, procuradora y abogados tener un debido comportamiento durante las audiencias, respetar a la persona y la presunción de inocencia.
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez solicitó al Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Penal Nacional resolver la disolución del partido político Fuerza Popular por su contribución y participación en los delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en concurso con falsedad genérica que habría cometido su líder Keiko Fujimori, en el campañas electorales del 2006 y 2011.
Pérez Gómez hizo este pedido al concluir su alegato de acusación ante los jueces que integran el Juzgado Penal Colegiado, Juana Caballero Salazar, Nayko Coronado Laura y Max Vengoa Valdiglesias, en la audiencia 4 del juicio público del caso Cócteles. Audiencia que en esta fecha se realizó de manera virtual, a través de video conferencia.
Fuerza Popular es instrumentalizado por la organización criminal, utiliza sus cargos legales para ejecutar sus acciones y se utilizan sus cuentas para recolectar los fondos ilícitos, que convierten en aportes partidarios, que luego permiten realizar transferencias supuestamente legales. En su seno se constituyó y organizó la organización criminal, a través del partido y la bancada en el Congreso se protege a sus integrantes y se promueven proyectos de ley a favor de sus intereses, explicó el fiscal.
José Domingo Pérez también solicitó la disolución y liquidación de la empresa MVV Bienes Raíces, propiedad del ex esposo de Keiko Fujimori, Mark Vitto Villanela por su presunta intervención en el lavado de más de dos millones de soles, en acciones de corretaje inmobiliario.
Luego de la intervención de la fiscalía, la procuradora especializada en lavado de activos María Camus Dávila solicitó que se imponga a los acusados el pago de una reparación civil de más de 151 millones de soles por el daño que los presuntos delitos atribuidos a la organización criminal habría ocasionado a la imagen del país y de la sociedad peruana.
Camus Dávila explicó a los jueces que dicho monto se establece a partir de los aportes presuntamente ilícitos recibidos por la candidata presidencial Keiko Fujimori y Fuerza Popular en las elecciones del 2006 y 2011, que la fiscalía estableció en 17,3 millones de dólares, que al tipo de cambio supone 69 millones 420 mil 512 soles. Además, los pagos de honorarios profesionales realizados al estudio Oré Guardia por 159,918 dólares y los falsos aportes declarados ante la ONPE en las elecciones del 2011 por 19,3 millones de soles.
Así por el delito de organización criminal pide al 2% de los dineros recibidos por la presunta organización criminal, de lo que corresponde el pago al Estado de un monto de dos millones 223 mil 969 soles. En el delito de lavado de activos se considera el doble del dinero presuntamente lavado por la organización por lo que se considera un pago de 138 millones 841 mil 024 soles.
Igualmente, por delito de obstrucción a la justicia se considera el doble de los honorarios pagados a los abogados, lo que arroja una suma de 305,836 soles, en tanto, por delito de falsa declaración se considera el 50% de los montos con contenido falso declarados a ONPE, lo que supone nueve millones 692 mil 659 soles.
La suma de estos cuatros montos da 151 millones 063 mil 509.84 soles que deberán pagar de manera solidaria Keiko Fujimori, Fuerza Popular y los otros acusados al Estado por concepto de reparación civil, en caso sean encontrados culpables y condenados.
La cuarta audiencia del juicio del caso Cócteles comenzó con una recomendación de los jueces a todos los sujetos procesales: fiscal, procuradores, abogados y acusados a conducirse en la audiencia con lealtad, probidad, veracidad, buena fe y respeto a los jueces y a los demás participantes en el juicio.
El tribunal hizo esta recomendación luego de declarar infundado el pedido del fiscal Pérez para sancionar, con una llamada de atención, a los abogados Giulliana Loza y Humberto Abanto por presuntos gestos obscenos de discriminación sexual realizados el pasado martes, 2 de julio, mientras el fiscal exponía su acusación.
La presidenta y directora de debates, Juana Caballero explicó que, luego de revisar el video de la audiencia pública efectivamente se aprecia a los mencionados abogados realizar gestos y se escucha a Abanto decir 1, 2, 3 y realizar otras señales con las manos que generan sonrisas entre ellos y de las personas cercanas, pero cuyo significado es un tema interpretativo, por lo que no correspondía una llamada de atención.
Sin perjuicio de lo cual, subrayó Caballero, se hacían la recomendaciones a todos los participantes a tener un comportamiento idóneo y de respeto mutuo. Horas después, ante una intervención del fiscal Pérez y la abogada Loza, el tribunal volvió a realizar una nueva recomendación a los abogados, cuando la procuraduría de lavado de activos pretendió acompañar su alegato con diapositivas con imágenes de los acusados.
La jueza Nayko Coronado indicó que este no es el primer juicio complejo a cargo de este Juzgado y en todos se evitan que los abogados presenten los logos de sus estudios durante sus intervención, también se evita que en las imputaciones de la fiscalía y de la Procuraduria se coloquen imágenes de los acusados, porque más allá del ímpetu de los alegatos está el respeto a las personas y la presunción de inocencia.
Por su parte, el juez Max Vengoa que una garantía del debido proceso es la presunción de inocencia, no solo para delimitar la decisión final que tome el juzgado, sino en el desarrollo mismo del proceso. Enfatizó que si bien para una de las partes, la fiscalía, puede estar claro la existencia de una organización criminal, los jueces recién están conociendo el caso y no tienen certeza de nada.
El fiscal José Domingo Pérez habría vuelto a realizar modificaciones a la acusación fiscal primigenia, de marzo de 2021, durante su alegato ante los jueces.
El cambio más notorio fue en el caso de los abogados acusados de obstrucción a la justicia. El fiscal dice que recibieron órdenes de Keiko Fujimori para amenazar a los testigos, para lo cual ellos habrían inducido y presionado a los aportantes para que den una falsa declaración a la fiscalía.
En marzo de 2021, la fiscalía solicitó una pena de 4 años y 6 meses para los abogados Arsenio Oré Guardia, Edward García, Giulliana Loza, Luis Lazo, Lorena Gamero y Danae Calderón, en tanto, que en el resumen oral se escuchó que pidió para cada uno de ellos, una pena de hasta seis años y 6 meses de prisión efectiva.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado programó para el próximo lunes, 15 de julio, los alegatos de la defensa de Keiko Fujimori, a cargo de la abogada Giulliana Loza, de forma presencial y con la participación de la líder de Fuerza Popular. La abogada anunció que planifica utilizar menos de una hora para responder las acusaciones de la fiscalía.
Para ese mismo día, también se programó los alegatos de los abogados Humberto Abanto por Jaime Yoshiyama, Gonzalo del Río por José Chlimper, Percy Cavero por Arsenio Oré y Christian Salas Beteta por Fuerza Popular.
El martes, 16 de julio corresponderá el turno de los abogados defensores de los acusados Vicente Silva, Pier Figari, Ana Garfías, Diana Tarazona y Carmela Paucará Paxi.
