Uno de los efectos que tendrá la onda expansiva de la reducción de jornada laboral a 37,5 horas, y que el Gobierno no ha tenido en cuenta en ninguna de las dos versiones del anteproyecto ley elaboradas hasta el momento, es el encarecimiento directo de los costes laborales para las empresas que no tengan vías de compensación interna de la medida, vía ampliación de periodos vacaciones, recomposición de equipos, o uso de las distribución irregular de la jornada. Unas empresas que suelen estar marcadas por la importancia de los recursos humanos en su mix de costes -lo que deja un exiguo margen en esta reforma encaminada a encarecer el precio por hora trabajada- tienen además una dificultad mayor, ya que los contratos con la Administración Pública para la prestación de servicios suelen tener una duración plurianual. Es decir, ante la eventualidad de tener que asumir en su totalidad el coste de la reducción de jornada, estas empresas no podrían ni si quiera repercutirlo en el precio de los servicios que prestan al ser el sector público su cliente principal y al estar vigente la ley de desindexación que impide revisar los presupuestos acordados ante eventualidades desde el año 2017. Más allá, para entender la complejidad extra que afrontan estas compañías que tienen relación contractual con el Estado en alguno de sus niveles, esta ley opera como un martillo hidráulico sobre los balances empresariales ante eventuales incrementos de los costes de producción -o de prestación de servicios- como el experimentado en los dos últimos años (2022 y 2023) con una inflación acumulada del 13%. Como las condiciones se fijan para varios años, estos 'shock' son encajados por la compañía en su totalidad sin poder trasladar el coste a los precios de venta por existir tal restricción. De hecho, este punto de la derivada de la reducción de jornada cuyo efecto agregado es altamente impredecible no es menor y ha sido ya trasladado por la patronal CEOE en la mesa de negociación tripartita que ha vuelto al cauce de la normalidad en los últimos días tras la cuasi fractura que propició el ultimátum lanzado por el Ministerio de Trabajo para que las organizaciones empresariales trasladara una propuesta sobre la materia. Así, desde la patronal piden al gabinete dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz tener «una mayor sensibilidad» hacia estas empresas que están condicionadas en su capacidad de maniobra y flexibilidad interna al estar sujetas a la subcontrata pública. Así, la reducción de jornada impactaría en un alza de costes de hasta el 6,25% (equivalente a la reducción de horas semanales manteniendo el salario). Dos de los sectores directamente apelados por el efecto colateral de la reducción de jornada al tener un alto volumen de negocio que pende de la Administración Pública son el de la limpieza y el de los cuidadores y asistentes profesionales para la dependencia. En ambos, el peso sobre el balance del negocio de los servicios prestados en diferentes ámbitos del sector público supone la mayor parte. En el caso de las empresas de servicios de atención domiciliaria el 90% de la actividad del sector se canaliza a través de licitaciones públicas. Tal y como señala a ABC el presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), Juan Ignacio Beltrán , el hecho de poder repercutir parte del alza de costes en los precios de los servicios que permanecen embridados durante la duración del contrato será clave para proteger a las empresas y trabajadores del sector, que se sitúa en cifras poco desdeñables al emplear a cerca de medio millón de trabajadores y facturar el equivalente a un punto porcentual del PIB. En este caso, recuerda Beltrán que el peso de los costes de la mano de obra está por encima del 80% del total entre las empresas, por lo que son altamente sensibles a modificaciones que impacten sobre el factor trabajo. «La transitoriedad es la única forma de aplicar la reducción de jornada en el sector de la limpieza mitigando el golpe económico de la medida«, explica el presidente de Aspel señalando como vía la espera a la terminación de convenios en vigor o prórrogas. Por su parte, como se ha deslizado, el presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade), Ignacio Gamboa , recuerda en conversación con ABC que la espada de Damocles para las empresas que prestan servicios para la dependencia está en que nueve de cada diez trabajadores de los 130.000 asalariados con los que cuenta en este momento este sector tienen vinculación con la Administración , al tratarse en muchas ocasiones de convenios que se suscriben con los servicios sociales y de salud de las comunidades autónomas. «El sector opera de manera muy significativa bajo un modelo de gestión indirecta en el ámbito público», relata Gamboa señalando que unido a ley de desindexación que impide la revisión de los precios de los contratos durante la vigencia de estos pone a las empresas del sector «en una posición particularmente vulnerable que ahoga presupuestariamente los servicios públicos de gestión indirecta impidiendo la adecuación del precio del servicio a esta nueva realidad normativa». Advierte el presidente de Asade sobre este aspecto que la combinación de estas medidas «generará una presión insostenible sobre las entidades del sector, dificultando aún más su capacidad para preservar la calidad de los servicios y garantizar su sostenibilidad«.
