El PP y Vox aprueban este jueves en las Corts Valencianes su ley más polémica en el primer año de gobierno compartido bajo un posible recurso de inconstitucionalidad. En plena ofensiva de la ultraderecha, que amenaza con romper los gobiernos autonómicos con el PP, los populares y sus todavía socios de gobierno derogan la ley valenciana de memoria democrática y aprueban la de “concordia”, que equipara el franquismo con el periodo democrático de la Segunda República Española.
El Gobierno central ha amenazado con recurrir las leyes de concordia que impulsan PP y Vox en los parlamentos autonómicos donde gobierna la ultraderecha. También la oposición, en este caso PSPV y Compromís, han insistido en que acudirán a todas las instancias a su alcance para detener una norma de marcado carácter político.
Bajo la premisa de que “todas las víctimas son iguales”, la ley fulmina la memoria democrática y sustituye sus conceptos, en contra de la historiografía, y estirando el periodo analizado desde 1931 hasta la actualidad, como exigía Vox. Se pasa de un texto legal con más de sesenta artículos a uno de apenas seis folios que no condena expresamente la dictadura franquista y tiene enfrente a las asociaciones de víctimas y a la comunidad académica: el Consell Valencià de Cultura afirma que “romperá repentinamente” la convivencia con “graves consecuencias por el desprecio y la humillación de una parte de la población”, mientras las universidades públicas afirman que tiene “graves carencias científicas” y plantea medidas “claramente insuficientes” e “incluso contraproducentes para los objetivos buscados”.
La norma pasó este miércoles su último debate y, salvo sorpresa, quedará aprobada en la jornada del jueves en la Cámara valenciana, tras la última sesión de control a Carlos Mazón. En el mismo pleno se aprueba modificar las normas autonómicas de Transparencia de 2022 e Incompatibilidades de 2016, que rebajan los controles al Ejecutivo autonómico y reducen la rendición de cuentas.
El PP defiende que su polémica norma es “una ley superadora de bandos”, “restaurativa por encima de revanchismos” y garantiza que “luchará contra el antisemitismo, el antigitanismo y la xenofobia”. La diputada Marisa Gayo ha prometido que seguirán las exhumaciones y el catálogo de vestigios, así como la ayuda a víctimas de bebés robados, del Patronato de Protección a la Mujer, del Paredón de Paterna y de los campos de concentración, algo que el texto aprobado deja en el aire. El representante de Vox, David Muñoz, ha sacado pecho de la norma: “Empiecen a asumirlo: Vox ha llegado para quedarse”, ha dicho a la oposición.
En Compromís, la portavoz adjunta Isaura Navarro ha calificado el texto como “un panfleto franquista” y advierte de que la ultraderecha les “quiere marcar como a los rojos”, para después afear al PP que votara en contra del aborto, el matrimonio igualitario y la memoria democrática “porque no quieren derechos”. Igual de vehemente ha sido la diputada del PSPV Mercedes Caballero, que ha censurado que el PP “sigue alimentando a la bestia” y ha recordado a víctimas del franquismo como los responsables de la revista satírica La Traca. Los socialistas insisten en presentar una enmienda de condena al franquismo, que los socios del Consell no están dispuestos a aceptar.
Las asociaciones de memoria histórica y familiares de víctimas del franquismo, que han acudido al pleno, han criticado que “la Comunitat Valenciana sale de la normalidad democrática”, rompiendo con la declaración de derechos humanos. “Esta concordia significa silencio de los de siempre”, ha señalado Matías Alonso, representante de los colectivos, que censura: “Es todo un compendio de lo que no se debe hacer”.
